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El abogado del Chapo en Estados Unidos denuncia obstáculos para armar su defensa

 
El abogado Eduardo Balarezo, quien representa a Joaquín Guzmán Loera, afuera de un tribunal federal en Brooklyn el 8 de noviembre CreditDon Emmert/Agence France-Presse — Getty Images

 

NUEVA YORK – En agosto, después de meses de usar defensores públicos, el narcotraficante mexicano conocido como el Chapo, Joaquín Guzmán Loera, estaba a punto de contratar a un equipo de abogados privados. Cada uno experto en defensa criminal: uno había representado a un mafioso de Nueva York; el otro ha trabajado con uno de los principales rivales del Chapo, y el tercero alguna vez lideró el caso a favor de un traficante en Baltimore.

Tres meses después, ese equipo legal de estrellas todavía no se ha reunido. Solo uno, A. Eduardo Balarezo, ha sorteado las restricciones impuestas a Guzmán Loera por el gobierno estadounidense y ha firmado un acuerdo para ser parte de su defensa. El juicio está cada vez más cerca –se prevé que inicie en abril– y Balarezo se encuentra relativamente solo frente a una docena de fiscales federales que se alistan para presentar un arsenal legal de 90.000 documentos, miles de grabaciones secretas y un ejército de testigos.

“No tengo duda alguna de que podemos manejar el caso con el equipo que tenemos”, dijo Balarezo el pasado 8 de noviembre, “pero nunca he trabajado en estas condiciones”.

La principal de esas condiciones es que Guzmán, de 57 años, esté en aislamiento desde enero pasado en el ala de alta seguridad del Centro Correccional Federal de Manhattan; algunas veces pasa ahí hasta 23 horas al día incomunicado con el mundo exterior. Balarezo comenzó las negociaciones para ser su abogado poco después de su extradición desde México, pero el acuerdo no se hizo formal sino hasta septiembre porque, según el abogado, Guzmán no había podido hablar con su familia o socios para asegurar el pago.

Balarezo está trabajando por una fracción de lo que normalmente cobra, dispuesto a recibir menos por hora a cambio del privilegio de ser parte de un juicio que promete acaparar los titulares. Pero puede que ni siquiera llegue a ver esa fracción del costo.

El gobierno estadounidense ha dicho que pretende confiscar 14.000 millones de dólares de Guzmán Loera pues serían ganancias obtenidas ilegalmente. Hasta el momento, los fiscales no le han confirmado a Balarezo que sobrará suficiente como para que reciba su sueldo.

 
Joaquín Guzmán a su llegada a Estados Unidos en enero de 2017 CreditAutoridades de EE. UU.

Balarezo sostiene que el derecho de su cliente a una representación legal adecuada está siendo violado. “Todo esto afecta la manera en que trabajo”, dijo. “Siento que el gobierno ha utilizado su imagen pública [de Guzmán] y su historia como una ventaja táctica”.

Guzmán Loera tiene una historia complicada. El gobierno estadounidense lo ha calificado como el mayor traficante de cocaína del mundo y lo acusa de ordenar las muertes de miles de personas a lo largo de su trayectoria a la cabeza del Cartel de Sinaloa. Se dice que utilizó parte de su riqueza para sobornar a funcionarios y oficiales en México y son infames las anécdotas de sus dos huidas de prisiones mexicanas: la primera, supuestamente en un carrito de lavandería; la segunda, a través de un túnel construido en la regadera de su celda.

Sin embargo, incluso si no era la intención, las condiciones de su detención le han impedido establecer su equipo de defensa. Jeffrey Lichtman, un socio de Balarezo, dijo que Guzmán Loera tiene prohibido el acceso al sistema bancario internacional, por lo que sus abogados en México no le han podido enviar el dinero. Además, las autoridades en EE. UU. leen la correspondencia entre el Chapo y sus familiares, quienes quizá no quieran divulgar la ubicación de bienes que posee.

“No es un cliente regular al que le puedas decir a la familia: ‘Hey, encuentra algo de los fondos y envíalos’”, dijo Lichtman.

La oficina de la fiscalía federal estadounidense en Brooklyn, que está a cargo del caso, rechazó hacer comentarios.

De acuerdo con Balarezo, las condiciones de detención de su cliente también han afectado su capacidad para ayudarlo en la defensa. Ante el temor de que Guzmán Loera tomara a alguien como rehén, los fiscales no le han permitido estar en la misma habitación que Balarezo cuando lo visita en prisión; tienen que conversar por un ventana con algunos hoyos. El gobierno estadounidense le dio a Guzmán Loera una computadora personal para que pueda revisar todo el material legal que ha recopilado en su contra, pero se le dificulta usarla, según Balarezo. Dijo que a veces se pierden minutos preciados de las visitas para armar la estrategia legal en lo que ingresa su contraseña.

Balarezo dijo que entiende algunas de las preocupaciones de las autoridades, pero señala que muchos de los argumentos para que haya tales medidas fueron presentados al juez Brian M. Cogan en archivos y documentos que el abogado nunca ha visto.

Mientras tanto el estado mental del Chapo se ha deteriorado a tal punto que el juez Cogan recientemente permitió que lo examinara un psiquiatra.

La consulta se hará a través de la ventana.

 

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