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El procurador de justicia brasileño acusa a Lula y Rousseff de operar una ‘organización criminal’

 

 

SÃO PAULO — El procurador general de Brasil presentó una denuncia el martes contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva; su sucesora, Dilma Rousseff, y otros funcionarios del Partido de los Trabajadores por cargos de operar una “organización criminal” que obtuvo cientos de millones de dólares en sobornos durante los casi catorce años que el partido estuvo en el poder.

El caso es el primero en el que Rousseff está acusada de participar en los esquemas de sobornos que han involucrado a cada uno de los principales partidos políticos de Brasil. Rousseff fue destituida el año pasado por violar el reglamento presupuestario —al manipularlo a través del uso de fondos de los bancos del Estado—.

Los cargos fueron dados a conocer el mismo día en que Da Silva concluyó una gira de campaña a veinticinco ciudades del noreste consideradas como leales a su partido, durante la cual intentó minimizar la reciente condena por corrupción, que podría acabar con sus aspiraciones de volver a ocupar la presidencia.

El procurador general Rodrigo Janot, cuya gestión termina este mes, describió los gobiernos de Da Silva y de Rousseff básicamente como fachadas de una empresa criminal a través de la cual políticos de alto rango obtuvieron alrededor de 450 millones de dólares de parte de entidades que incluyen la petrolera estatal Petrobras y el Banco de Desarrollo de Brasil. Además de su condena, Da Silva ha sido acusado por aceptar sobornos de montos relativamente modestos.

No obstante, el expediente de 230 páginas dado a conocer el martes lo coloca al centro de una enorme conspiración. Janot escribió que las afirmaciones no deben ser vistas como una señal de que el poder judicial esta “criminalizando a los políticos” o de “negociaciones políticas” de rutina, sino como un registro de una élite gobernante que sistemáticamente usó recursos públicos para “comprar el apoyo popular”.

Las acusaciones contra Rousseff, quien se ha intentado mostrar a sí misma como una política honesta que fue sacada del poder por una facción de rivales corruptos, son un giro sorprendente en una serie de descubrimientos que iniciaron con Lava Jato, una investigación de rutina por lavado de dinero en una gasolinera de Brasilia, la capital de Brasil, en 2014.

“Esto es muy importante”, dijo Matthew M. Taylor, un profesor de la Universidad Estadounidense en Washington que estudia el sistema judicial de Brasil. “Dilma había argumentado que ella personalmente es honesta”.

Janot describió a Da Silva como la mente maestra del esquema de sobornos, inicialmente como presidenta y posteriormente como el resultado de la “gran influencia que tenía sobre” Rousseff. El procurador general destacó que muchos de los principales involucrados en el esquema de sobornos eran apoyados o fueron designados por Rousseff.

“Dilma Rousseff integró la actual organización criminal desde 2003, cuando aceptó” la invitación de Da Silva para dirigir el Ministerio de Minas y Energía, escribió Janot. “A partir de ese momento, ella contribuyó decisivamente para que se pudieran lograr los intereses privados negociados a cambio de los sobornos, especialmente en relación con Petrobras, de la que fue presidenta del Consejo de Administración entre 2003 y 2010”.

Janot, quien fue designado por Rousseff en 2013, escribió que Da Silva y Rousseff repartieron la riqueza, al invitar a líderes de otros partidos políticos a formar parte del esquema.

“Los críticos han dicho desde hace tiempo que dados sus importantes puestos en el Consejo de Administración de Petrobras y como ministra de Minas y Energía, Dilma era cómplice o incompetente”, dijo Taylor. “Janot claramente piensa que era cómplice”.

Sin embargo, en un comunicado difundido la noche del martes, la oficina de prensa de Rousseff dijo: “Sin presentar pruebas o evidencia del crimen, el jefe del Ministerio Público presenta una denuncia al Supremo Tribunal Federal sin cualquier fundamento”.

En el mismo sentido, el Partido de los Trabajadores, a través de su propio comunicado, calificó las acusaciones como sin fundamento y una continuación de una venganza por parte del poder judicial para debilitar a ciertas facciones políticas a través de una “persecución selectiva”.

El caso fue presentado mientras el presidente Michel Temer, quien asumió el poder tras la destitución de Rousseff en agosto de 2016, se prepara para enfrentar una nueva serie de acusaciones. Janot presentó cargos por corrupción contra Temer en junio tras las acusaciones de que el mandatario autorizó un soborno para mantener en silencio a un político que se encuentra en la cárcel. El presidente logró evitar el juicio al hacer que suficientes miembros de la Cámara Baja del congreso impidieran que el caso llegara al Supremo Tribunal Federal —la única corte donde los funcionarios electos de mayor rango pueden ser llevados a juicio—.

Uno de los acusados en el caso más reciente, el senador Gleisi Hoffmann, quien asumió la dirigencia del Partido de los Trabajadores en junio, goza de la misma protección legal, que los críticos afirman ha contribuido a una cultura de impunidad entre los políticos brasileños.

No queda claro si el caso sorprendió a los acusados: mientras los brasileños se enteraban de la acusación, Da Silva sonaba triunfante al final de su gira.

“Diré una cosa: ‘Vamos a volver a gobernar este país’”, dijo en un tuitdirigido a sus seguidores. “Y cuando digo nosotros, no soy yo. Son ustedes”.

En el caso también están acusados Guido Mantega, exministro de Hacienda; Paulo Bernardo, exministro de Comunicaciones; Antonio Palocci Filho, exjefe de gabinete durante el gobierno de Rousseff; João Vaccari Neto, extesorero del Partido de los Trabajadores, y Edinho Silva, el alcalde de Araraquara.

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