Historia

Sentencia que crea Jurisprudencia, para posibles reclamamos al Consorcio Azucarero Central

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0598/15

Referencia: Expediente núm. TC-05-2013-0097, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la sociedad comercial Azucarera Porvenir S.R.L., contra la Sentencia núm. 62-2013, dictada por la Cámara Penal del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís el diecisiete (17) de mayo de dos mil trece (2013).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la sentencia recurrida
La Sentencia núm. 62-2013, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís el diecisiete (17) de mayo de dos mil trece (2013). Dicho fallo acogió la acción de amparo incoada por el señor Fermín Arismendy de la Cruz, en representación y como presidente de la Junta de Vecinos del Plan Porvenir, el catorce (14) de mayo de dos mil trece (2013), contra la sociedad comercial Azucarera Porvenir.
La sentencia anteriormente descrita fue notificada mediante el Acto núm. 382/2013, instrumentado por el ministerial Julio José Rivera Cabrera, alguacil de estrados Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el diez (10) de junio de dos mil trece (2013).
2. Presentación del recurso en revisión
En el presente caso, la recurrente, sociedad comercial Azucarera Porvenir S.R.L., apoderó a este tribunal constitucional del recurso de revisión contra la sentencia anteriormente descrita, mediante escrito depositado, el catorce (14) de junio de dos mil trece (2013), ante la Secretaría de la Cámara Penal del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís y remitido a este tribunal constitucional el dos (2) de julio de dos mil trece (2013). El referido recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante.
El recurso anteriormente descrito fue notificado por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís al recurrido, mediante el auto del diecisiete (17) de junio de dos mil trece (2013).

3. Fundamentos de la sentencia recurrida
El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:
PRIMERO: Se rechazan las conclusiones principales de Inadmisibilidad, así como las subsidiarias expuestas por la Azucarera Porvenir S.R.L. por improcedentes. SEGUNDO: En cuanto a la forma se declara como buena y válida la presente Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el señor FERMIN ARISMENDY DE LA CRUZ, en representación y como presidente de la Junta de Vecinos del plan Porvenir de esta ciudad de San Pedro de Macorís, por haber sido presentada en cumplimiento a las disposiciones que rigen la materia. TERCERO: En cuanto al fondo se acoge la misma, y se ordena a la Empresa AZUCARERA PORVENIR S.R.L. a lo siguiente: 1) Que en un plazo de Quince (15) días corrija las emisiones de ceniza, humo y cachipa arrojadas al medio ambiente de esta ciudad de San Pedro de Macorís. 2) El cese de la contaminación por medio de las aguas que emanan de dicha EMPRESA AZUCAREA, las cuales desembocan en la Laguna de Mallen y al Mar Caribe. 3) El cese de vibraciones y sonidos emitidos por las maquinarias mientras está trabajando la azucarera porvenir. CUARTO: Interpone a la AZUCARERA PORVENIR S.R.L., una astreinte de Diez Mil (US$10,000.00) Dólares, diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la presente decisión a partir de la notificación de la presente decisión debidamente motivada; dicho astreinte en favor de entidades y personas morales debidamente organizadas de acuerdo a las Leyes vigentes de la República Dominicana que trabajan a favor de los niños.
Los fundamentos dados por el Cámara Penal del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís son los siguientes:

Que luego de verificar las piezas que componen la solicitud de Amparo así como las declaraciones del señor JUAN MANUEL JIMÉNEZ SANCHEZ, así como las conclusiones del abogado que representa al impetrante, y del representante de la empresa azucarera DR. WILFREDO ENRIQUE MORILLO BATISTA este tribunal entiende lo siguiente:
Que en la presente Acción Constitucional de Amparo ha quedado establecido lo siguiente: 1-, Que la, empresa AZUCARERA PORVENIR, no obstante haber alegado que adoptado tecnologías modernas y adecuadas para evitar los posibles efectos ambientales, serios y graves a los habitantes de esta ciudad de San Pedro por la emisión de humo ceniza y cachipa continua la emisión de dichas partículas al aire en cantidades significativas que afectan la salud de los pobladores de esta ciudad de San Pedro de Macorís, provocando enfermedades de tipo respiratorio si como enfermedades de la piel y la vista. 2- En el proceso de industrializaron de la caña de Azúcar corren las aguas sin ningún tipo de tratamiento por todos los sectores aledaños a dicho central azucarero produciendo contaminación del suelo las cuales van a parar a la Laguna de Mallen al mar Caribe en razón de que las referidas aguas acarrean consigo sustancias químicas que son utilizadas en proceso de fabricación de azúcar Además los desechos sólidos o bagazo tienen un manejo inadecuado ya que los mismos contaminan el suelo y el sub suelo debido a que son acumulados en montones lo que permiten que las moscas, plagas provoquen enfermedades a los humanos y a ganado. 3- En ocasiones cuando están encendidas las maquinaras de la empresa Azucarera porvenir emite sonidos vibraciones que pasan os decibeles de (65) e cual le provocan efectos negativos a la salud de los moradores que viven de os alrededores del ingenio.
Que la empresa AZUCARERA PORVENIR S.R.L., a través de su abogado solicita al tribunal la inadmisibilidad de la Acción Constitucional de

Amparo en razón de que considera que la protección del aludido derecho fundamental puede hacerse efectiva por otra vía judicial.
Que la solicitud hecha por a AZUCARERA PORVENIR, es improcedente en razón de que el amparo garantiza el cumplimiento y la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos en la Constitución y la Ley.
Este tribunal es de opinión que la empresa AZUCARERA PORVENIR S.R.L., debe de tomar medidas como la utilización de filtros adecuados o un sistema de lavado de gases que impidan que salgan por la chimenea los residuos de cenizas, humo y cachipa. Así como la solución de los vertidos de agua con sustancias químicas así como también del uso de silenciadores en las maquinarias en razón de que cuando están encendidas provocan grandes ruidos y vibraciones a los residentes cercanos a la EMPRESA AZUCARERA, y disponer de un adecuado manejo de los desechos sólidos que son vertidos en el suelo.
Es evidente que la perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas que atentan contra la conservación de los recurso naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservación de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general llevan envuelta una vulneración o amenaza directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad personal, la intimidad con estos a la salud, en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad de ese medio exterior como hábitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de contaminación demostrado ha producido una vulneración o amenaza aún derecho de ese rango, puede obtenerse su protección por la vía de la acción de tutela Judicial.
Este tribunal es de criterio que procede acoger la solicitud de la presente Acción Constitucional de Amparo por ser violatorio al Artículo 67 de la Constitución de la República. Y a los artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de la ley No. 64-00, ley general de medio ambiente, del 18 de agosto del 2000.
4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión
La recurrente en revisión, sociedad comercial Azucarera Porvenir S.R.L., pretende que se revoque la sentencia objeto del recurso alegando, entre otros motivos, los siguientes:
a) (…) intervino en fecha 22 del mes de septiembre del año 2010 un Contrato de Arrendamiento entre, de una parte el ESTADO DOMINICANO y el CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA), como parte arrendadora y, de la otra parte, la empresa AZUCARERA PORVENIR, S.R.L., como parte arrendataria, a través del cual se produjo el arrendamiento de la unidad productiva denominada Ingenio Porvenir de San Pedro de Macorís y sus activos (…).
b) (…) la empresa AZUCARERA PORVENIR, S.R.L., ha venido operando el Ingenio Porvenir en periodos anuales denominados zafras azucareras, que tienen una duración no mayor de cien días cada año, iniciándose generalmente en el mes de enero y culminando en el mes de mayo de cada año.
c) (…) AZUCARERA PORVENIR, S.R.L. finalizó la presente zafra azucarera 2013, el día jueves 9 de mayo del presente año 2013, por lo que es indiscutible que ya para el día catorce (14) del mes de mayo del año 2013, cuando a la empresa AZUCARERA PORVENIR, S.R.L., le fue notificada la demanda de amparo y sus documentos adjuntos (…), ya para ese momento había culminado la zafra azucarera correspondiente al año dos mil trece (2013) y por tanto no había ya ningún tipo de actividad industrial que pudiera surtir los efectos adversos medio ambientales que se le han imputado a la empresa ahora exponente.
d) Que se suspenda la ejecución de la sentencia impugnada en revisión “(…) durante el desarrollo de las actuaciones procedimentales del referido recurso, para evitar graves perjuicios materiales para la recurrente empresa AZUCARERA PORVENIR, S.R.L.”.
e) (…) la presente acción en justicia existen serios y bien fundados argumentos que justifican que este honorable Tribunal Constitucional disponga la señalada suspensión de los efectos ejecutorios de la decisión impugnada en revisión de amparo (…) particularmente para evitar la ocurrencia de perjuicios irreparables a la recurrente empresa AZUCARERA PORVENIR, S.R.L.
f) (…) previo a estatuir sobre el fondo de las pretensiones del accionante en amparo, señor Fermín Arismendy de la Cruz, la parte intimada ahora recurrente Azucarera Porvenir, S.R.L., presentó conclusiones formales y precisas ante el tribunal a-quo invocando la inadmisibilidad de la referida acción sustentado en lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 70 de la Ley No. 137-11 (…).
g) (…) la juez a-quo estaba en el deber de dar explicar las razones concretas por las cuales ella decidió no aplicar el mandato expreso del numeral 1) del artículo 70 de la Ley No. 137-11 de fecha 13 de junio de 2011, y se dispuso a rechazar dicho medio de inadmisión, lo cual no hizo sino que se limitó a expresar el concepto generales sobre la garantía que constituye la acción de amparo, sin desarrollar un motivación objetiva y concreta que pudiera justificar su decisión.
h) (…) el fondo de la referida acción de amparo, más que estar sustentado en una lesión o amenaza a alguno de sus derechos fundamentales, se trata de una acción cuya base de sustentación la constituyen violaciones a normas contenidas en una ley especial, concretamente la Ley No. 64-00, sobre protección del medio ambiente y recursos naturales, de fecha 18 de agosto del año 2000, la cual crea la Secretaria de Estado (hoy Ministerio) de Medio Ambiente y Recurso Naturales.
i) (…) la garantía del derecho fundamental invocado puede hacerse efectiva por otras vías judiciales, principalmente a través de un amparo de cumplimiento (…).
j) Que la decisión se tomó,
(…) sin el aval técnico necesario para determinar la veracidad o falsedad de los hechos alegados, sustentados únicamente en las afirmaciones de la propia parte demandante, sin la corroboración de ningún elemento de prueba concreto y concluyente, constituye una clara violación al derecho fundamental de defensa de la empresa ahora recurrente.
k) (…) la Juez de Amparo de la cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia ha incurrido en el vicio procesal de falta de base legal y violación a lo establecido en el artículo 88 de la Ley No. 137-11, que rige la materia, al dar por establecidos los hechos invocados por la parte demandante sin justificar su decisión con ningún elemento de prueba jurídicamente válido ni concluyente sino que se basó únicamente en su opinión puramente personal y en las simples afirmaciones de la parte reclamante de amparo.
l) (…) tal problema de la emisión de gases con cenizas o sólidos contaminantes no existe desde el mes de febrero de este año 2013, por haber sido conjurado en a lo menos un noventa y nueve por ciento, a través de un sistema de lavado de gases que la empresa ha instalado a mediado del mes de febrero del presente año 2013, mediante el cual los residuos sólidos o cenizas que salían a través del humo por la chimenea, popularmente conocidos como “cachipa”, reciben antes de entrar en la chimenea, una ducha de agua a presión que la moja y cae por gravedad a un depósito establecido para ello y este producto, a su vez se utiliza posteriormente como fertilizante en los campos.
m) (…) la Azucarera Porvenir, S. R. L., ha visto con mucha preocupación la magnitud de dicha sanción de astreinte, y la ha considerado muy irracional e injusta, además de insoportable para la economía de una empresa pequeña como lo es la actual recurrente, sin que, por otra parte, haya la claridad necesaria acerca de las razones de tan severa sanción al imponer tan elevada suma de dinero diariamente como astreinte.
5. Hechos y argumentos del recurrido
El recurso de revisión fue notificado el diecisiete (17) de junio de dos mil trece (2013), mientras que el escrito de defensa fue depositado el diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013), es decir, dentro del plazo de cinco (5) días previsto en el artículo 98 de la Ley núm. 137-11.
El recurrido, Fermín Arismendy de la Cruz, pretende que se rechace el indicado recurso de revisión y que se confirme la decisión recurrida. Para justificar dichas pretensiones, alega lo siguiente:
a) [S]i bien cualquier órgano judicial tiene la obligación de hacer cumplir la legislación, cuando se hubiese finalizado la vía judicial ordinaria y el ciudadano estimase que se han vulnerado sus derechos fundamentales podrá interponer un recurso de amparo ante el órgano judicial competente; que fue lo que hizo la Junta de Vecinos del Plan Porvenir a través de su presidente el señor Fermín Arismendy de la Cruz.
b) [E]n este caso no es que existan vías judiciales alternativas, no las hay; como lo ha afirmado el recurrente en revisión; pero ha de quedar claro que las existencias de vías judiciales efectivas como causa de inadmisibilidad del amparo, no puede ser conceptuada en el sentido de que el amparo queda habilitado si no existen otra vías judiciales que permitan obtener la protección de un derecho fundamental, o si estas, no son efectivas; la constitución debe prevalecer siempre ante cualquier ley adjetiva, cosa que el tribunal constitucional ha sentencia en otras sentencias como parte de su jurisprudencia.
c) (…) la juez al emitir su sentencia, no la realizo en base a pruebas sustentadas en el juicio; pero es que el tribunal adopto tal medida en base a pruebas, ya que en ese juicio se discutieron dos informes periciales elaborado por el consultor ambiental Lic. Omar Dotel, consultor ambiental, con No. De registro 0432; con amplio conocimiento en la materia, en donde en dichos informes se relata la forma clara y detallada en que Azucarera Porvenir contamina a la población con los tres males que ha sufirdo la ciudad, los cuales son; La contaminación atmosférica, sónica y de las aguas.
d) [L]o alegado por la azucarera porvenir de que ha incurrido en cuantiosas sumas de dinero, solo se ve en la página 15 del escrito en revisión por ante el Tribunal Constitucional; pero ningún otro elemento de prueba ha sido aportado al tribunal para justificar la corrección de las irregularidades en su empresa, que sigue cada día afectando a la población, sin que ellos muevan un dedo para afrontar y cuidar a la población, que ellos contaminan a diario con las indicadas emisiones de los males ya enunciados.
e) Establece que el Instituto nacional del Azúcar, emitió una certificación donde se establece que ellos habían cesado ya la zafra cuando se conoció la acción en amparo; pero lo que establece ese instituto es que ellos emiten tal certificación en virtud de un reporte enviado a ellos por la empresa hoy recurrente en revisión; pero lo que comprobó el tribunal fue otra cosa, mediante notarial depositado al tribunal, o acto de comprobación con traslado de notario, del Dr. Ramón Augusto Gómez Mejía, Notario Público de San Pedro de Macorís, Inscrito en el Colegio Dominicano de Notarios de la República Dominicana, bajo el No. 6300; donde se pudo establecer que seguían todos los males atribuidos a la Empresa Azucarera Porvenir, inclusive el mismo día en que se conocía la audiencia; pero es irrelevante el hecho de que ellos manifiesten que habían cesado sus actividades; ya que esa empresa solo tiene que volver a encender las máquinas y de inmediato fluyen los males; si es como ellos dicen; o sea que solución es la corrección total y la instalación de los filtros necesarios para que se subsane definitivamente el mal causado a la población de San Pedro de Macorís de parte de la azucarera porvenir.
f) (…) los hospitales de San Pedro de Macorís y la región a diario asisten personas a tratar de curarse de los diferente males que azucarera porvenir acarrea contra la población.
g) Tampoco la sanción ha sido injusta e irracional, pues consideramos que por su naturaleza el astreinte es diferente a la indemnización por daños y perjuicios, pues esta es una sanción o pena por el eventual incumplimiento de la sentencia, que conmina al cumplimiento de una obligación; cosa que si cumple con lo resolutado en una sentencia, ya este no tendría ningún sentido; por lo que lo de irracional se aplica a los recurrentes en revisión, por no acatar la referida sentencia; por lo que cabe destacar que la astreinte se caracteriza por ser una condenación pecuniaria, conminatoria, accesoria, eventual e independiente del perjuicio causado, pronunciada con el fin de asegurar la ejecución de una condenación principal, razón por la cual lo suscrito por el recurrente en revisión atribuiría una función indemnizatoria a este, es completamente descabellado.
6. Medidas de instrucción
La celebración de medidas de instrucción, por parte de este tribunal, se justifica en aquellos casos en que la naturaleza del conflicto que ha dado origen a la acción de amparo requiera de la celebración de las mismas para poder así garantizar una adecuada solución de la cuestión planteada. En el presente caso, el Tribunal Constitucional consideró necesario realizar un descenso y, a tales fines, designó una comisión de jueces para que se trasladaran al Ingenio Porvenir, acompañados de un

técnico de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, procedieran, en presencia de las partes, a verificar si las irregulares denunciadas se estaban produciendo en las instalaciones del indicado ingenio. La indicada medida de instrucción se materializó el veintinueve (29) de junio de dos mil quince (2015).
7. Pruebas documentales
Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso en revisión de sentencia de amparo son los siguientes:
a) Sentencia núm. 62-2013, dictada por la Cámara Penal del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís el diecisiete (17) de mayo de dos mil trece (2013), mediante la cual fue resuelta la acción de amparo que nos ocupa.
b) Informe del uno (1) de julio de dos mil quince (2015), remitido por Carlos Sención, ingeniero de minas y metalurgia, técnico designado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana.
c) Trascripción de acta de visita de varios magistrados del Tribunal Constitucional, realizada el veintinueve (29) de junio de dos mil quince (2015), al Ingenio Porvenir.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8. Síntesis del conflicto
En la especie, conforme a la documentación depositada en el expediente y a los alegatos de las partes, se trata de que el señor Fermín Arismendy de la Cruz, en representación y como presidente de la Junta de Vecinos del Plan Porvenir, accionó en contra de la sociedad comercial Azucarera Porvenir, con la finalidad de que se

corrigieran los efectos adversos que se producen en el proceso de industrialización de la caña de azúcar del Ingenio Porvenir, ya que entiende que la población está siendo ampliamente afectada con la contaminación del suelo de la Laguna de Mallén, mediante el depósito de sustancias químicas; además, de desechos sólidos o bagazo, por las vibraciones de las máquinas y las cachipas que se esparcen en el ambiente.
El juez apoderado de la acción de amparo la acogió y, en consecuencia, condenó a la sociedad comercial Azucarera Porvenir a corregir las emisiones de ceniza, humo y cachipas, así como al cese de la contaminación de las aguas y el de las vibraciones y sonidos emitidos por las maquinarias, otorgando un plazo de quince (15) días para su cumplimiento y conminando con el establecimiento de un astreinte de diez mil dólares ($10,000.00), por cada día de retraso.
No conforme con la sentencia dictada por el juez de amparo, la sociedad comercial Azucarera Porvenir interpuso el recurso de revisión que nos ocupa.
9. Competencia
Este tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de revisión sobre sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
10. Admisibilidad del presente recurso de revisión
Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11. En este sentido:
a) El indicado artículo establece que:

Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
b) La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros:
1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
c) Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conflicto que nos ocupa concierne a la protección del medio ambiente y del derecho a la salud.

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional
a) En la especie, se trata de que el señor Fermín Arismendy de la Cruz, en representación y como presidente de la Junta de Vecinos del Plan Porvenir, accionó en contra de la sociedad comercial Azucarera Porvenir, con la finalidad de que se corrigieran los efectos adversos que se producen en el proceso de industrialización de la caña de azúcar que se lleva a cabo en el Ingenio Porvenir. Dicho accionante entiende que la población está siendo ampliamente afectada con la contaminación del suelo, de la Laguna de Mallén, mediante el depósito de sustancias químicas; además, de desechos sólidos o bagazo, por las vibraciones de las máquinas y las cachipas que se esparcen en el ambiente.
b) El juez apoderado de la acción de amparo la acogió y, en consecuencia, condenó a la sociedad comercial Azucarera Porvenir a corregir las emisiones de ceniza, humo y cachipas, así como al cese de la contaminación de las aguas y el de las vibraciones y sonidos emitidos por las maquinarias, otorgando un plazo de quince (15) días para su cumplimiento y conminando con el establecimiento de un astreinte de diez mil dólares ($10,000.00), por cada día de retraso.
c) No conforme con la sentencia dictada por el juez de amparo, la sociedad comercial Azucarera Porvenir interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, alegando que el juez no dio razones concretas por las cuales decidió no aplicar el numeral 1, del artículo 70 de la Ley núm. 137-11, que dispone la inadmisibilidad de la acción cuando existan otras vías judiciales eficaces que permitan resolver la cuestión planteada en amparo.
d) En cuanto a la solicitud de inadmisibilidad anteriormente expuesto el juez de amparo estableció:
Que la solicitud hecha por a AZUCARERA PORVENIR, es improcedente en razón de que el amparo garantiza el cumplimiento y la efectividad de los
derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos en la Constitución y la Ley.
Es evidente que la perturbación producida al medio ambiente, mediante conductas que atentan contra la conservación de los recurso naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la preservación de la biodiversidad y la estabilidad de aquel, por lo general llevan envuelta una vulneración o amenaza directa a derechos fundamentales de las personas, tales como la vida, la integridad personal, la intimidad con estos a la salud, en la medida en que existe un interdependencia vital entre la estabilidad de ese medio exterior como hábitat natural y la especie humana. De manera que, en el evento de contaminación demostrado ha producido una vulneración o amenaza aún derecho de ese rango, puede obtenerse su protección por la vía de la acción de tutela Judicial.
e) Como se observa, contrario a lo alegado por el recurrente, el juez que dictó la sentencia recurrida justifica la necesidad de que el asunto sea conocido mediante el recurso de amparo, ya que el perjuicio de lo solicitado afecta directamente la salud de la población y, en consecuencia, la vida de los habitantes de la provincia San Pedro de Macorís, cercanos al Ingenio Porvenir.
f) Este tribunal constitucional ha advertido, del estudio de los documentos depositados en el expediente y del descenso realizado por una comisión de magistrados al Ingenio Porvenir, el veintinueve (29) de junio de dos mil quince (2015), que efectivamente existen las irregularidades denunciadas por la accionante, es decir, los daños al medio ambiente y a la población causados por el proceso de industrialización del azúcar del Ingenio Porvenir.
g) Sin embargo, también comprobó este tribunal que los referidos problemas han sido corregidos en un elevado por ciento. En efecto, tanto de las observaciones hechas por los magistrados, así como de las afirmaciones hechas por la accionante y los técnicos citados, se estableció lo siguiente: 1) que las emisiones de humo, cenizas y cachipas arrojadas al medio ambiente han sido contraladas en alrededor de un 80%, debido a las trampas instaladas en el Ingenio Porvenir; 2) que los ruidos y vibraciones producidas por las maquinas han disminuido en un 70%; 3) que hay un cese en las contaminaciones de las aguas provenientes del ingenio que desembocaban en la Laguna de Mallén y el Mar Caribe.
h) La recurrente también alega que la magnitud de la astreinte es “(…) muy irracional e injusta, además de insoportable para la economía de una empresa pequeña como lo es la actual recurrente, sin que, por otra parte, haya la claridad necesaria acerca de las razones de tan severa sanción al imponer tan elevada suma de dinero diariamente como astreinte”.
i) El juez de amparo condenó a la recurrente, sociedad comercial Azucarera Porvenir S.R.L., a diez mil dólares ($10,000.00) por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia, lo cual este tribunal constitucional considera como una suma muy alta y, en consecuencia, contraria al principio de razonabilidad, aunque se trate de una empresa comercial.
j) Este tribunal constitucional estableció, en la Sentencia TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), que el astreinte debe fijarse en beneficio de una institución pública, en razón de que no se trata de una indemnización por daños y perjuicios a favor del agraviado, sino que es una sanción pecuniaria. En efecto, en la indicada sentencia se decidió lo siguiente:

a) La naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado; b) Toda vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental, así como toda violación a una decisión de este órgano constitucional, genera un daño social, a cuya reparación el Tribunal podría contribuir; c) Aunque en nuestro país no hay tradición en tal sentido, el Tribunal podría, en efecto, imponer astreintes cuya liquidación vaya en provecho de la sociedad, como hacen en otras latitudes en favor y a través del fisco y del sistema judicial; d) En esa línea, el Tribunal podría, más aun, procurar que la señalada reparación se realice no ya de forma indirecta, a través de las vías señaladas en el párrafo anterior, sino directamente, a través de instituciones específicas, en este caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la sentencia en la que se dispone la astreinte.
k) En este sentido, el tribunal considera que el juez de amparo no identificó a la beneficiaria de la astreinte, ya que se limita a indicar que la astreinte será “(…) en favor de entidades y personas morales debidamente organizadas de acuerdo a las Leyes vigentes de la República Dominicana que trabajan a favor de los niños”.
l) Por otra parte, cabe destacar que del estudio de la sentencia recurrida, este tribunal ha determinado que el plazo de quince (15) días otorgado por el juez de amparo a la parte condenada para cumplir la sentencia es muy corto, dada la complejidad de los problemas industriales como los que se plantean en el presente caso.
m) En este sentido, procede acoger parcialmente el recurso de revisión y, en consecuencia, modificar la suma y el plazo establecido para el cumplimiento de la sentencia.

n) En virtud de lo anterior, este tribunal constitucional otorga un plazo de dos (2) meses, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, para que se terminen de corregir las irregularidades de que adolece el proceso de producción del referido ingenio. Y fija un astreinte de mil pesos dominicanos ($1,000.00) diarios a cargo de la sociedad comercial Azucarera Porvenir S.R.L., en beneficio del Cuerpo de Bomberos del municipio San Pedro de Macorís. Dicho astreinte se aplicará, en caso de que esta sentencia no se ejecute en el plazo previsto.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; y el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Consta en acta el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.
Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por la sociedad comercial Azucarera Porvenir S.R.L., contra la Sentencia núm. 62-2013, dictada por la Cámara Penal del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís el diecisiete (17) de mayo de dos mil trece (2013).
SEGUNDO: ACOGER parcialmente, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, MODIFICAR los numerales tercero y cuarto del dispositivo de la sentencia recurrida para que digan como sigue:

TERCERO: En cuanto al fondo se acoge la misma, y se ordena a la Empresa AZUCARERA PORVENIR S.R.L. a lo siguiente: 1) Que en un plazo de dos (2) meses contado a partir de la notificación de la presente sentencia corrija las emisiones de ceniza, humo y cachipa arrojadas al medio ambiente de esta ciudad de San Pedro de Macorís. 2) El cese de la contaminación por medio de las aguas que emanan de dicha EMPRESA AZUCAREA, las cuales desembocan en la Laguna de Mallen y al Mar Caribe. 3) El cese de vibraciones y sonidos emitidos por las maquinarias mientras está trabajando la azucarera porvenir.
CUARTO: Fija a cargo de la AZUCARERA PORVENIR S.R.L., y en beneficio del cuerpo de bombero del municipio de San Pedro de Macorís una astreinte de mil pesos por cada día de retardo en el cumplimiento de la presente sentencia.
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, sociedad comercial Azucarera Porvenir S.R.L., y al recurrido, señor Fermín Arismendy de la Cruz, en representación y como presidente de la Junta de Vecinos del Plan Porvenir.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, y 7.6 y 66 de la referida ley núm. 137-11.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO La magistrada Leyda Margarita Piña Medrano tiene un voto salvado con relación al destinatario del astreinte en los mismos términos y por iguales razones que las expresadas en la Sentencia TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012).
Firmado: Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta
VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin de ser coherentes con la posición mantenida.
I. Precisión sobre el alcance del presente voto.
Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto disidente, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la Sentencia 62-2013 dictada por la Cámara Penal del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro De Macorís, de fecha siete (07) de mayo de dos mil trece (2013), objeto de revisión por ante este Tribunal Constitucional, debe ser modificada. Sin embargo, discrepa del ordinal segundo de la misma, por las razones y motivos que se consignan más adelante.

La discrepancia del presente voto no sólo radica en lo referente en el ordinal segundo de la parte dispositiva de esta sentencia, sino que además, salvamos nuestro voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este Tribunal Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia en materia de amparo.
1. Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia relativa a acción de amparo.
1.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el conceso de este tribunal finalmente subsanó, a través de la sentencia TC/0071/2013 del 7 de mayo del 2013, al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la mencionada sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter partes.
1.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la protección efectiva de los derechos fundamentales.
1.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 5 días, como en efecto se hizo.
2. Voto disidente. Consideraciones respecto del ordinal quinto. La condena a una astreinte ha debido beneficiar el recurrido FERMÍN ARISMENDY DE LA CRUZ y no al Cuerpo de Bombero del Municipio de San Pedro de Macorís.
2.1. La jueza que discrepa sostiene que el ordinal segundo de la sentencia dictada por el consenso de este tribunal debió favorecer al recurrido. La condena a una astreinte ha debido beneficiar el recurrido Fermín Arismendy De La Cruz y no al Cuerpo de Bombero del Municipio de San Pedro de Macorís que ni siquiera era parte en el proceso. Al ser la naturaleza de la astreinte una medida de constreñimiento, de coacción, un medio indirecto de llegar a la ejecución de la sentencia que ha amparado los derechos del accionante, con ello se confirma tal naturaleza, pues lejos de ser una indemnización, lo que se sanciona es el incumplimiento, y en este caso es el recurrido, no el Cuerpo de Bombero del Municipio de San Pedro de Macorís, el afectado por un eventual incumplimiento.
2.2. Cabe destacar que la astreinte se caracteriza por ser una condenación pecuniaria, conminatoria, accesoria, eventual e independiente del perjuicio causado, pronunciada con el fin de asegurar la ejecución de una condenación principal, razón por la cual la suscrita nunca le atribuiría una función indemnizatoria.
2.3. Otra razón que diferencia a la indemnización en daños y perjuicios de la astreinte es que la primera fija definitivamente el daño sufrido, tiene carácter resarcitoria y sustituye la prestación incumplida, en tanto que, las segundas, aumentan con el paso del tiempo, no se ajustan a los perjuicios sufridos y pueden ser modificadas, e incluso dejadas sin efecto por el juez, tienen carácter conminatorio y procuran que la prestación (ejecución de la sentencia) se cumpla.
2.4. Reiteramos que el astreinte fijado por este Tribunal a favor del Cuerpo de Bombero del Municipio de San Pedro de Macorís, debió consignarse a favor del recurrido en revisión, y por ello no se le estaría dando un carácter indemnizatorio a dicha figura, pues ciertamente la indemnización tiene una función predominantemente compensatoria, (que procura reparar el perjuicio causado), función que no tienen las astreintes, la cual es esencialmente punitiva, en tanto castigan el incumplimiento. No obstante, el consenso de este Tribunal se ha centrado en la idea de conceder el beneficio del astreinte al Cuerpo de Bombero del Municipio de San Pedro de Macorís parte ajena al presente proceso, que por demás ni siquiera trabaja en temas que tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la presente sentencia.
2.5. Al ser la astreinte una medida conminatoria el producto de ella ha debido beneficiar a la contraparte del conminado, para respetar con ello el principio de relatividad de las sentencias de amparo, en tanto los efectos de la sentencia de amparo son inter partes, razón por la cual solo benefician o perjudican a quienes han sido partes.
2.6. Es por ello que para la jueza que suscribe resulta preferible seguir en esta materia la práctica dominicana, que se origina en la tendencia del derecho francés, y que confiere la calidad de beneficiario de la astreinte a la contraparte del conminado (accionante), en otras palabras, al titular del derecho que con la sentencia se ampara. Esto por diversas razones:
a) porque es el damnificado por el incumplimiento;
b) Porque si la sociedad, a través del fisco o de instituciones específicas es el beneficiario, cabe presumir que la medida perderá eficacia, pues el titular del derecho carecerá de interés para exigir su aplicación, y;
c) porque se complica la ejecutabilidad de la sentencia, con la participación de un tercero (la sociedad, el Fisco, institución estatal) que no es parte.

Por las razones que anteceden la jueza que suscribe comparte el criterio de que la astreinte ha debido beneficiar al recurrido en revisión, titular del derecho que ha sido amparado por la presente sentencia, cuyo incumplimiento generaría el pago de una astreinte de mil pesos Dominicano (RD$ 1,000.00) por cada día de retardo en que incurra la Azucarera Porvenir, S.R.L. en la ejecución de la sentencia, constituyendo este monto una sanción patrimonial que ingresa a favor de la parte interesada en que el fallo sea acatado, que nunca lo ha sido ni lo será el Cuerpo de Bombero del Municipio de San Pedro de Macorís, parte ajena al presente proceso.
Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza
La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico.
Julio José Rojas Báez
Secretario

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