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Veintinueve argentinos fueron condenados a cadena perpetua en el juicio por los ‘vuelos de la muerte’

 
Familiares de personas que desaparecieron durante la dictadura militar argentina hicieron acto de presencia durante la sentencia en Buenos Aires, el miércoles. 

 

BUENOS AIRES — Los jueces a cargo de la causa de derechos humanos más importante de Argentina condenaron a cadena perpetua a 29 de los acusados, en un juicio que documentó la práctica generalizada de la última dictadura militar de matar a civiles arrojándolos de aviones en pleno vuelo.

“Este es un momento feliz en la larga lucha por la justicia que se ha mantenido durante décadas”, dijo Víctor Basterra, de 73 años y quien fuera un preso político que estuvo confinado en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), eje central del caso. “Siempre es satisfactorio verlos sentenciados a cadenas perpetuas”.

La sentencia coronó el esfuerzo más ambicioso hasta la fecha para responsabilizar a los exlíderes militares por los abusos cometidos durante los años setenta y ochenta, cuando varios países latinoamericanos fueron gobernados por juntas militares derechistas. Los fiscales juzgaron a 54 militares argentinos por la muerte o desaparición forzada de 789 personas y presentaron los testimonios de más de 800 testigos.

El tribunal absolvió a seis acusados, incluidos un par de pilotos, y condenó al resto a penas de prisión que oscilaron entre los ocho y veinticinco años. Cuando concluyó la audiencia, que duró cuatro horas, los acusados evitaron mirar a quienes fueron presos políticos y familiares de los asesinados, que estaban parados al fondo de la sala.

Algunas personas presentes en el tribunal portaban fotografías de sus seres queridos. “Asesinos, violadores”, gritaban las víctimas, tocando un panel de vidrio que los separaba de los acusados. “¡Vas a ir a la cárcel!”, exclamó triunfante una mujer mayor.

El juicio de cinco años puso de relieve la tortura sistemática y el asesinato de miles de personas sospechadas de oponerse al gobierno militar. Fueron recluidos en un centro clandestino de detención ubicado en una base naval de Buenos Aires por orden de la junta militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.

En una serie de audiencias, los testigos relataron con detalles escalofriantes cómo los ciudadanos fueron drogados, cargados en aviones y arrojados a las aguas frente a la costa de Buenos Aires. Si bien esta práctica se conoce desde hace mucho tiempo, los fiscales lograron hacer una referencia cruzada de testimonios y documentos para detallar cómo se realizó una de las tácticas más atroces de la dictadura argentina.

 
Los exoficiales navales Jorge Eduardo Acosta, a la izquierda, y Alfredo Astiz, segundo desde la izquierda, durante su sentencia que fue emitida el miércoles. CreditVictor R. Caivano / Associated Press

El juicio también esclareció la complicidad de la Iglesia católica en los crímenes de la junta. Ningún miembro del clero fue acusado en el juicio, pero los fiscales alegaron que los religiosos fueron cómplices en la ocultación de los detenidos ante la presencia de los inspectores internacionales de derechos humanos.

“Estamos muy satisfechos con el veredicto”, dijo Abel Córdoba, un fiscal. “Creemos que esta es una decisión justa que demostró la metodología de los vuelos de la muerte como una forma de exterminio”.

De todos los centros secretos de detención que por ese entonces existían en Argentina, el más infame estaba ubicado en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, conocida como la ESMA. Según los testimonios, unas 5000 personas fueron detenidas y torturadas en la base, que ahora es un monumento a los derechos humanos.

Algunos de los acusados ​​en el caso eran los exoficiales navales Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Jorge Acosta, quienes ya cumplían sentencias por condenas anteriores.

El veredicto se produjo cuando las organizaciones de derechos humanos argentinas cuestionan el compromiso del presidente Mauricio Macri con el ajuste de cuentas legal por los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura, un esfuerzo defendido por su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner.

Macri se ha esforzado por enfatizar su apoyo a los casos judiciales. Sin embargo, los activistas dicen que su gobierno ha enviado señales contradictorias al desmantelar los departamentos de derechos humanos de los ministerios; cuestionar la estimación del número de víctimas de la dictadura, y enfatizar en la necesidad de que Argentina pase la página de ese capítulo de su historia.

Córdoba dijo que confiaba en que la política cambiante del país no obstaculizará la búsqueda de justicia en muchos casos aún pendientes por violaciones a los derechos humanos. “Creemos que es importante que los tribunales continúen enviando un mensaje sobre los crímenes de lesa humanidad”, dijo el miércoles por la noche.

Argentina ha hecho más que cualquiera de sus vecinos para castigar a los responsables por los crímenes cometidos durante el gobierno militar. Hasta el mes pasado, 818 personas habían sido condenadas y 754 acusados estaban siendo enjuiciados en casos en el país, según la oficina del fiscal general.

Durante mucho tiempo, la junta argentina ha sido considerada como la más despiadada de la época, ya que detuvo, torturó y asesinó a unas 30.000 personas que calificó de “subversivas”. Además de asesinar a personas sospechosas de ser disidentes, los oficiales militares secuestraron a cientos de bebés que fueron criados por familias leales al gobierno.

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