Nílcido Matos, un agricultor que tiene una demanda en curso, cultiva en un terreno del distrito municipal La Hoya. Asegura que el método de distribución aérea de herbicidas que realiza el Consorcio a sus plantaciones de caña le ha dañado sus sembradíos cuando la sustancia llega a predios colindantes. Ahora pelea por una producción de guineos que perdió.

Su vecino, Miguel Ángel Matos Pérez, logró un acuerdo en 2016 con el CAC que lo compensó con RD$35,000 por alegados daños causados a una producción de yuca, un monto que considera muy mínimo para haber gastado RD$475,000 en el cultivo, según estima.

El Consorcio Azucarero Central tiene alcance en las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia. Hizo su primera zafra en 1922 y tiene 3,800 empleados. Desde el año 2000 su administración se transfirió a inversionistas domínico-guatemaltecos.

En su página web indica que el Ingenio Barahona (que administra) posee 8,800 hectáreas de cultivo de las que 8,400 son trabajadas por la empresa y 400 funcionan como semilleros. En esas tierras se producen alrededor de 650,000 toneladas de caña.

La empresa, a través de su titular de Comunicaciones, identifica los productos que utiliza como Roundup y Fusilade, dos herbicidas que se aplican una vez al año a los campos de caña, entre noviembre y diciembre, previo a la cosecha, que hacen una función de maduradores. Cuando afectan un cultivo de plátano, les dan una apariencia que los productores describen como si se quemaran.

Roundup es un producto cuyo ingrediente activo es el glifosato, muy utilizado en el sector agrícola. “El glifosato es un herbicida no selectivo, lo que significa que tiene efectos sobre la mayor parte de las especies de plantas verdes. Por ello hay que tener cuidado en su uso, protegiendo a las plantas deseables”, advierte en su página web la empresa Monsanto, que lo produce.

Héctor Feliz Carmona, encargado de la Regional Sur de Protección Fitosanitaria en el Ministerio de Agricultura, explica que el glifosato se usa en dosis más reducida para actuar como madurador de la caña. Con los madurativos se busca modificar las condiciones naturales de maduración para incrementar el contenido de azúcar. Al favorecer la acumulación de sacarosa y provocar un desecamiento temprano del follaje, permiten efectuar un despuntado más alto y disminuir el contenido de materias extrañas que llegan a la fábrica, mejorando la eficiencia global de la cosecha, explica la revista especializada argentina Producción Agroindustrial del NOA.

Cuando una plantación de ajíes de Matos Pérez comenzó a deteriorarse, él buscó orientación con unos técnicos de Azua. La estudiaron y le dijeron que la abonara, pero siguió degradándose y perdió el cultivo.

“Al morir (los ajíes), dejé eso así. Volví y sembré yuca, volvieron y fumigaron en diciembre, ya estaba pensando: voy a ver ahora. Comenzó la caña a caer seca y comenzó a caerse la yuca también”, recuerda.

Posteriormente, hace unos dos años, sembró tomates en asociación económica con una empresa. “Volvió el avión otra vez a fumigar y ahí se murieron los tomates”, recuerda. Indica que la compañía con la que estaba asociado llegó a un acuerdo con el CAC, que evitó ir a los tribunales, y a él le tocaron RD$316,000 como compensación. Dejó de sembrar en esos terrenos y ahora están arrendados a un agricultor a quien le advirtió lo que le podría pasar si el Consorcio aplica el herbicida este año.

El funcionario del Ministerio de Agricultura observa que, en el caso de los tomates con que trabajó Matos Pérez, sí se inspeccionaron plantaciones que fueron afectadas. “Vimos los síntomas que estaban bastante claros”, afirma, “y determinamos que sí, que estaban afectados por herbicida (del Consorcio)”.

Agrega: “Tomando en cuenta la brisa, los vientos, deben hacer la aplicación a una hora determinada y (tomar en cuenta) la altura también, porque las derivas se mueven a otros predios agrícolas y, de hecho, han sido afectadas, claro que sí, ellos han afectado plantaciones”.

Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones del CAC,aseguró a Diario Libre que, cuando el avión riega el producto, “es exageradamente mínimo” lo que pueda escaparse y afectar plantaciones contiguas.

“Lo que sucede, en la gran mayoría de los casos, cuando tenemos esas denuncias, es que los campesinos y comunitarios tienen sembríos ilegales cercanos a nuestros campos e incluso dentro de nuestros campos”, dice.

Recuerda que la empresa resarció un caso en que se afectó una plantación de plátanos y se mostró abierto a conversar con los agricultores para evaluar la situación.

En mayo del presente año, la multinacional Bayer Monsanto fue condenada por un jurado estadounidense a pagar US$2,000 millones a una pareja de ancianos a las que el herbicida Roundup les habría causado cáncer, al usarlo por 30 años en su jardín, siendo el tercer fallo dictado contra la empresa en Estados Unidos por la misma cuestión, destacó la agencia EFE.

La Organización Mundial de la Salud dijo en 2015 que el glifosato “probablemente” era cancerígeno. Pero, según los reguladores europeos y estadounidenses, no se ha comprobado que el glifosato pueda provocar cáncer, destaca el periódico El País, de España.

El pasado martes, el Parlamento de Austria aprobó una prohibición total del glifosato en el territorio nacional, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en frenar su uso en nombre del “principio de precaución”.

Agricultores de Barahona aseguran que los han tratado de convencer de que los cultivos están afectados por la plaga de la Sigatoka, lo que rechazan. Difieren en desde cuándo observan que está pasando la afectación de sus parcelas por el herbicida, al menos hay casos registrados desde 2016.

Además, exigen al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos una mejor distribución del agua para riego y reiteran su creencia de que los productos del Consorcio son causantes de la desaparición de la población de camarones de agua dulce en la zona, algo que en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura informaron a Diario Libre que no se ha confirmado.

“Todas las autoridades que tienen que ver con eso no hacen caso”, afirma el director del distrito municipal de Pescadería, Omar López. Él tiene 70 tareas que colindan con plantaciones de caña, donde cultivaba plátanos. Tras asegurar que resultaron afectados por la sustancia, desde hace un año prefirió sembrar limones porque entiende que son menos sensibles.

“Si un agricultor es afectado por las derivas que aplica el Consorcio, lo que tiene es que quejarse ante ellos y, si no concilian, pues debe ir a los tribunales”, recomienda el funcionario de Agricultura.

Un productor que afirma que el año pasado resultó perjudicado, contó a Diario Libre que desestimó ir a los tribunales porque logró recuperar una parte de la producción. Pero advirtió que si este año le vuelve a ocurrir, irá a la justicia