El desastre económico que heredará el próximo gobierno de Puerto Rico

La isla lleva unos tres años en una reestructuración muy impopular para una deuda de alrededor de 129.000 millones de dólares avivada por las pensiones sin fondos, y aún no hay una resolución clara a la vista. Se debe a que los líderes de la isla, territorio estadounidense, pidieron prestados 74.000 millones de dólares, principalmente para equilibrar el presupuesto, y se gastaron todo el dinero en el sistema público de pensiones. La isla les debe unos 55.000 millones de dólares a los jubilados.

Son malos hábitos fiscales que no han sido erradicados.

Desde 2016, una junta federal ha estado a cargo de resolver la crisis de deuda. Muchos puertorriqueños desconfían de la junta, en parte por los recortes a los servicios públicos que ha impulsado. Rosselló, quien asumió el cargo de gobernador también en 2016, ha estado en lucha constante con la junta. Ambas partes seguían en el teje y maneje de negociar cuando azotó el huracán María en 2017, suceso que provocó miles de muertes y dejó a la mayoría de la isla sin electricidad durante meses.

Este año, la junta de supervisión estaba a semanas de presentar un plan de reestructuración general ante un tribunal federal estadounidense cuando los ciudadanos puertorriqueños tomaron las calles para exigir la renuncia de Rosselló; las manifestaciones fueron desencadenadas al conocerse conversaciones de chats privados que contenían un lenguaje soez e indicios de posible corrupción. Cuando Rosselló anunció su renuncia, algunos de los manifestantes dijeron que les gustaría que la junta de supervisión se vaya con él.

Estos son los principales desafíos financieros que enfrentará la próxima persona en la gobernación de Puerto Rico:

Disputas por la crisis de la deuda

Quien quede en el gobierno no tendrá voz directa en la resolución de la crisis de deuda de la isla. Sin embargo, tendrá un megáfono poderoso para influir en las opiniones de los puertorriqueños que sí la tendrán.

El gobierno de Puerto Rico estaba básicamente en bancarrota en 2016, pero la ley federal prohibió que la isla buscara ayuda en un tribunal de quiebra. El Congreso de Estados Unidos tuvo que promulgar una ley especial parecida a la de bancarrota, conocida como Promesa, con el fin de ofrecer un marco legal para reducir la deuda de la isla.

El equilibrio de poder entre la junta federal y el gobierno de Puerto Rico, elegido a nivel local, sigue siendo precario. La junta puede negociar con los acreedores y debe aprobar el presupuesto de la isla, y los funcionarios electos a menudo se han quejado sobre las restricciones al gasto que enfrentan.

Una economía en trizas… y en auge

Aunque se llegara a un acuerdo en torno al plan de reestructuración de la deuda, la próxima persona al mando de Puerto Rico debe solucionar el problema de la restauración del crecimiento económico.

La economía de la isla se ha estado contrayendo durante más de una década, lo cual sugiere un tipo de sufrimiento para sus ciudadanos similar al que se podría esperar en tiempos de guerra. La tasa de pobreza supera por más del doble a la del estado estadounidense más pobre y el desempleo ronda el 8,5 por ciento, más del doble que el promedio de todo Estados Unidos. Se estima que el huracán María redujo en 6 por ciento la producción en el año fiscal 2018.

Tal vez los puertorriqueños se hayan hartado del gobierno de Rosselló, pero eso no significa que quieran que la junta de supervisión se apresure a aprovechar el vacío que creará su partida. La historia ha vuelto recelosos a los habitantes de Puerto Rico de cualquier cosa dictada por Washington y, cuando la junta de supervisión dice “reforma”, en la isla se interpreta por lo general como “austeridad”.

No obstante, a pesar de toda la aflicción sufrida en los últimos quince años, Puerto Rico está forrado de efectivo y actualmente experimenta algo parecido a un auge económico. Esto se debe en parte a Promesa: mientras el plan de reestructuración se sigue preparando, la isla no tiene que realizar pagos de deuda. Esto ha provocado que Puerto Rico haya ahorrado más de 2000 millones de dólares al año que el gobierno ha podido gastar en servicios públicos esenciales. La junta ha advertido que es un auge temporal, pues la isla con el tiempo tendrá que retomar los pagos de su deuda y los fondos asistenciales por el huracán terminarán.

Problemas en las centrales eléctricas

Rosselló, al igual que los gobernadores que lo precedieron, intentó reformar la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, conocida como PREPA. Pero esa agencia monopólica seguirá existiendo cuando él ya no esté, de la misma manera que sobrevivió a los predecesores de Rosselló.

Los problemas económicos más generales de Puerto Rico se remiten a PREPA en un grado sorprendente. Un crecimiento económico sostenible solo puede ocurrir con electricidad accesible y confiable, pero PREPA no ofrece un servicio barato ni constante.

Durante años, la empresa de servicios públicos ha soportado la carga de contratos y acuerdos clientelares que han mermado su capacidad para tener el servicio en marcha. PREPA se quedó sin efectivo para sus operaciones mucho tiempo antes que el gobierno central de Puerto Rico.

PREPA también es una de las pocas empresas eléctricas en Estados Unidos que sigue generando electricidad principalmente de la quema de petróleo, el cual debe ser importado en su totalidad. (Hay reportes de que en el pasado la agencia eléctrica compró crudo de mala calidad y lo presentó como si fuera combustible caro). Desde hace tiempo, los funcionarios puertorriqueños han intentado acabar con la dependencia petrolera de la isla, sin éxito, y la actual situación económica de Puerto Rico no augura nada bueno para la que sería una transformación costosa.

El tema de la soberanía

La relación de Rosselló con la junta federal de supervisión fue escabrosa desde el inicio, pero se requiere cooperación para el tipo de cambios a largo plazo que pueden garantizar la estabilidad económica de Puerto Rico.

Buena parte de los desacuerdos eran respecto al mandato de la junta y a los límites de sus poderes legales. Se supone que la junta debe devolver el equilibrio perdido hace mucho tiempo a los asuntos fiscales de Puerto Rico y, a final de cuentas, restaurar la credibilidad de la isla ante los inversionistas, que son el alma de los proyectos de infraestructura y desarrollo económico.

No obstante, la principal herramienta fiscal de la junta es su poder para aprobar o rechazar planes de finanzas públicas a cinco años, lo cual significa que tiene poca capacidad para buscar enmiendas a la ley laboral o cambios regulatorios específicos que puedan fomentar el crecimiento económico. Estas leyes siguen siendo territorio del gobierno puertorriqueño.

Una serie de escándalos de corrupción recientes ha llevado a algunos congresistas federales de Estados Unidos a cuestionar si los poderes de la junta deberían expandirse. Para evitar que tal iniciativa gane fuerza, la próxima persona en la gobernación tendrá que sortear los obstáculos de un camino complicado: boricuas enojados con la junta, por un lado, y los persistentes problemas estructurales de Puerto Rico por el otro.