La Corrupción. Un mal que ha permeado la estructura institucional del Estado.

Por José A. Mateo Gil.

1ro de julio del 2021.

Desde la fundación de la república en el año 1844, hasta nuestros días, el pueblo dominicano ha recibido duros golpes de parte de funcionarios que han dado un uso inadecuado a los recursos del Estado. Esta es una práctica que se ha venido arrastrando gobiernos tras gobiernos, sin que medie un régimen de consecuencias que erradique de una vez y para siempre este terrible mal que ha erosionado las finanzas públicas de nuestro país.

El expresidente de Uruguay, José Mujica, un hombre caracterizado por una reciedumbre ética y moral incuestionable, plantea lo que cito a continuación: «La ola de los sucesos socio políticos en américa latina, giran alrededor del flagelo de la corrupción, debido a que el hombre del mundo moderno tiene la creencia de que triunfar en la vida es acumular grandes cantidades de dinero. Y que si no lo logran se les está negando la posibilidad de obtener la felicidad», cierro cita. De acuerdo a éste criterio, la felicidad está asociada a la acumulación de riquezas. Y el camino más facil para lograrla es a través de erario público.

Estas reflexiones de Mujica sobre la corrupción, deben servir para que los demás países de la región odopten las medidas que sean necesarias para acabar con esa inconducta . Para tales fines, en el caso de República Dominicana, podría implicar la convocatoria a una modificación de la Constitución, para que el Ministerio Público actúe de manera independiente, al margen poder ejecutivo. Con esta iniciativa, el combate a la corrupción gubernamental sería más efectiva, por el hecho de que, los imputados por actos dolosos no tendrían padrinos que intercedan por ellos cuando sean sometidos a la justicia. El Ministerio Público actuaría en estricto apego a lo que establece la ley. En nuestro país, el fenómeno de la corrupción ha echado raíces en la psiquis de los dirigentes de los partidos políticos. Tanto así, que a su llegada al poder, lo único que les interesa es beneficiarse mediante tráfico de influencias y hacer todo tipo de negocios baja la sombrilla del estado.

En el año 1963, por poner un ejemplo, el Presidente Bosch dio señales claras de que en su gobierno se castigaría de manera ejemplar a aquellos que violentaran las normas y procedimiento en cada una de las instituciones del estado, con fines de obtener beneficios propios. Para Bosch, la ética y la moral de los funcionarios públicos de su gobierno, debía primar en todos los actos de sus vidas. En una alocución histórica dijo que un gobierno suyo, no tenía amigos, ni enemigos, ni arientes, ni parientes y que cada funcionario que cometiera una indelicadeza pagaría por sus actos. Y en efecto, uno de sus colaboradores más cercano se corrompió, y el Prof. Bosch formó una comisión para investigar la denuncia, los resultados de dicha investigación confirmaron que las imputaciones eran ciertas. Al Presidente Bosch no le tembló el pulso para destituirlo y ponerlo a disposición de la justicia.

A nivel internacional, el gobierno de Juan Bosch fue considerado como el más honesto de América Latina. Qué pena que un hombre de la estatura ética y moral del Prof. Bosch, sólo duró siete meses en el poder. El golpe de estado del 25 de septiembre de 1963, auspiciado por los sectores más recalcitrantes de la sociedad de la época, cambió el curso de la historia en la República Dominicana. A partir de entonces, se dió continuidad a todo aquello que se había interrumpido el 30 de mayo 1961, con el ajusticiamiento de Trujillo, el principal corrupto y corruptor del siglo XX.

Ni la revolución de abril de 1965, pudo detener esa fatídica práctica de usar los fondos públicos para beneficio propio. A partir de entonces, en los siguientes 12 años, a decir del pueblo, surgieron 300 nuevos millonarios a costa de los fondos públicos, inaugurándose así, un período de gobierno donde la corrupción se detenía en la puerta del despacho del presidente de turno. Con el agravante, de que años después, quienes criticaron y denunciaron esas inconductas, al llegar al poder saquearon las arcas del Estado.

En la actualidad, estamos asistiendo a un nuevo episodio de la política dominicana. La actual gestión de gobierno, encabezada por el Presidente Luis Abinader está dando señales positivas, mostrando un interés especial en procura de adecentar la administración pública. El pueblo está atento al desenlace de estas intenciones del Presidente, puesto qué, en los archivos de nuestra historia republicana, se han registrado muchos intentos de gobiernos que inician acciones de combate a la corrupción, y se quedan en un simple show mediático para calmar la sed de justica proclamada por los diferentes sectores de la vida nacional.

Sin embargo, todo parece indicar, que en la coyuntura actual, en lo que se refiere a la justica, estamos recibiendo señales positivas respecto al deseo de las autoridades de turno para que se produzca un real combate en contra de la corrupción, sin discriminación y apegados a lo que establece la ley. Este es un viejo reclamo del pueblo dominicano, que esperamos no se festine como ha ocurrido en épocas anteriores. Pero esperamos también, que se respete el debido proceso, sin atropellos, y resguardando la presunción de inocencia de cada imputado, hasta que los jueces determinen su suerte.

El pueblo, está a la expectativa con los casos que están ventilando actualmente en la justica. Todo parece indicar que en esta ocasión, la presente gestión de gobierno puso el oído en el corazón del pueblo, designando un ministerio público «independiente», donde a aquellos que han infringido la ley, y han llenado sus bolsillos a expensas de los fondos públicos, reciban un juicio justo, sin la intervención de los sectores de poder para retorcer los resultados del mismo. Le daremos un voto de confianza, no sólo al primero entre sus iguales, por su iniciativa de crear una justicia «independiente», sino a las autoridades del ministerio público, que son los llamados a ejecutar e imponer el castigo correspondiente a los que han depredado el erario público. Ahora bien, las autoridades del ministerio público deben respetar los derechos fundamentales del impudado, consagrados en la constitución de la república, y evitar por todos los medios dejarse influenciar por los comentarios cargados de morbo en las redes sociales, en momentos en que se ejecute una acción judicial.

No cabe dudas, que si se respeta el debido proceso en cada uno de los casos que tengan los méritos necesarios para un sometimiento a la justicia, ésta administración se casaría con la gloria.
Que el brazo de la justicia le llegue a todos por igual. Sin distinción de personas, sin importar el litoral político al que corresponda. Y que como resultado de estas acciones, los recursos distraídos por los depredadores de las finanzas públicas, sean devueltos a las arcas del estado dominicano. En consecuencia, hay que tener presente que de nada vale iniciar una jornada de apresamientos y sometimiento a la justicia a los que han malversado los fondos del estado, si en definitiva, los que han delinquido se queden con el dinero del pueblo.