Por, Matías Bosch C., director ejecutivo de la Fundación Juan Bosch, República Dominicana.
Serie Desafíos Latinoamericanos, 5
El pueblo dominicano y el pueblo haitiano comparten lazos de una larga y resistente solidaridad. Aunque la independencia de 1844 con que fue creada la República Dominicana se hizo en guerra contra el poder haitiano, eso no limitó ni antes ni después este vínculo profundo.
La isla entera, conquistada por el naciente imperialismo de España en 1492, sufrió los embates del colonialismo. Los cacicazgos – disposiciones territoriales de la sociedad taína que abarcaban a toda la isla – enfrentaron la violencia conquistadora, padeciendo sus consecuencias. Al respecto relató Bartolomé de las Casas:
Los españoles entraban en los poblados y hacían pedazos a niños, viejos y mujeres embarazadas. Apostaban entre ellos para ver quién con un cuchillazo abría al medio un hombre, o le cortaba la cabeza o le abría las entrañas. Elevaban largas horcas de trece en trece víctimas, en honor y reverencia a Nuestro Redentor y a los doce apóstoles. Traían leña, prendían fuego y los quemaban vivos. Mataban a los líderes quemándolos a fuego lento para que los alaridos de sus desesperados tormentos ahuyentasen sus almas. Yo vi todo eso y muchas otras acciones de hombres inhumanos, sin piedad y bestias feroces, extirpadores y enemigos del linaje humano.
La República de Haití, independiente desde 1804, empezó a gobernar en toda la Isla en 1822. Ello no se hizo a través de una ocupación violenta. El lado Este, que había estado en poder de España y de Francia, se había independizado a fines de 1821, se autodenominó Estado del Haití Español y luego se afilió a la Gran Colombia impulsada por Bolívar. En muchísimos puntos, la población y núcleos dirigentes del Este adherían a una anexión con Haití. No hubo consenso en qué tipo de independencia y en relación con que bloque establecerla. En 1822 se izó la bandera haitiana y se inició el gobierno de Boyer en toda la isla, de manera pacífica.
El régimen de Boyer fue derivando en excesos de poder y abusos tanto en el Oeste como en el Este. Lo que se conoce como la guerra domínico-haitiana llevada a cabo en cuatro campañas entre 1844 y 1856, en realidad no fue una guerra que enfrentó a los pueblos, más bien fue una guerra obedeciendo a caudillos. El historiador dominicano Franklin Franco explica en su obra que era imposible que el ejército dominicano recién constituido derrotara con tanta ventaja al ejército haitiano en las primeras batallas de 1844, siendo que aquél era más numeroso, mejor entrenado y armado. La explicación, para Franco, reside en que la soldadesca haitiana en realidad no tenía ninguna convicción ni voluntad de hacer esa guerra, arrastrados simplemente por sus jefes y los intereses de éstos. Los dominicanos, por su lado, eran motivados por el objetivo de la independencia. Ya un año antes, en 1843, el presidente Boyer había sido derrocado en la sublevación del Sur de Haití: el rechazo al régimen imperante atravesaba toda la isla.
Haití, el primer país independiente de América y la primera república negra del mundo, ayudaría firmemente a los dominicanos en su lucha por la restauración de la independencia ante España y contra la tiranía de Pedro Santana entre 1861 y 1865. Los guerrilleros y luchadores nacionalistas contra la primera ocupación norteamericana (entre 1915 y 1934 en Haití y entre 1916 y 1925 en República Dominicana) colaborarían entre uno y otro lado de la frontera. En 1965, cuando Estados Unidos volvió a invadir Santo Domingo, numerosos combatientes haitianos tuvieron una destacada participación, incluyendo varios mártires caídos en suelo dominicano.
Más tarde, en 2010, al ocurrir el terremoto devastador en Haití, la ayuda dominicana fue la primera en llegar. Miles de dominicanos se movilizaron a través de la frontera para asistir a las víctimas, y República Dominicana fue el primer y más grande centro de acogida de los desplazados de aquel país. El presidente haitiano en aquel trágico momento declaró:
El presidente dominicano, Leonel Fernández, ha sido el primero en presentarse y llegó con un gran contingente de apoyo. Además de la importante cooperación humanitaria, se comprometió a ayudarnos en lo que ahora constituye una de nuestras prioridades que es restablecer las telecomunicaciones, la energía eléctrica y la comunicación terrestre. Gracias a los esfuerzos del gobierno dominicano hemos comenzado a restablecer estos servicios.
La macabra historia de la “invasión haitiana”
El concepto de “invasión haitiana” con el que se han justificado políticas que atentan contra los esfuerzos de integración en América Latina y que son violatorias de la dignidad y los derechos humanos, no es obra del pueblo dominicano ni del pueblo haitiano, que convivieron y aún conviven en paz en muchos territorios y en las más difíciles condiciones.
El odio, el miedo y la sospecha entre ambas sociedades han sido cultivados al punto de ser una doctrina, de la cual se nutre un rentable negocio de las élites políticas, mediáticas y económicas; muchas veces inseparables una de otra como suele pasar en las sociedades dependientes y subordinadas, con oligarquías pequeñas y estrechamente fusionadas, supeditadas históricamente a las potencias.
Del lado Este (República Dominicana), el odio tiene un punto de origen histórico y también ideológico. Sobre el particular, es esclarecedor el informe que en 1931 redactó Francisco Henríquez y Carvajal, ministro de Trujillo en Haití, dirigido a la cancillería dominicana. Rafael Leonidas Trujillo, militar entrenado por EE.UU. y jefe de la guardia creada en la ocupación, iniciaba entonces una larga tiranía sanguinaria de 30 años. Decía allí Henríquez y Carvajal:
Lo que precipitó sobre nuestro país la gran masa de inmigrantes haitianos fue la realización parcial del postulado financiero que sirvió de base económica a la ocupación del territorio de la República Dominicana por las fuerzas navales norteamericanas. Ese postulado, no publicado, pero si perfectamente conocido, fue: “tierras baratas en Santo Domingo, mano de obra barata en Haití”. Y la conclusión: adquirir las tierras en Santo Domingo y trasegar hacia nuestro país la población de Haití. Ese plan empezó a ejecutarse, por un lado, con la fundación del gran central “Barahona”, y por otro, con la construcción de la Carretera Central; derramándose luego por todo el país agrícola, y en todos los oficios urbanos, la gran inmigración haitiana.
Las raíces de la inmigración masiva desde Haití venían señaladas en el reporte de Henríquez y Carvajal, y están en la economía neocolonial de la ocupación de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el informe deja el enfoque de “derrame” de la inmigración, a la que Henríquez en el mismo documento llama “ola invasora que luego en vano han querido contener las leyes y los reglamentos dictados no sólo por los dominicanos que han ocupado en estas últimas décadas el poder; sino también por el mismo gobierno militar americano”.
La contradicción entre una “inmigración” traída como “mano de obra barata” por el postulado de una potencia ocupante y la noción de una “ola invasora”, pone de relevancia la noción de “invasión haitiana” era ya un asunto doctrinario e ideológico de carácter naturalizado y posiblemente ya incuestionable, aun cuando se racionalizaran sus causas y características objetivas.
Pocos años más tarde, el tirano Trujillo llevaría a cabo la masacre de 1937, en la que se asesinaron a miles de haitianos que “invadían” territorio dominicano, pero todos en la zona fronteriza. No fue ultimado ni uno solo de los trabajadores haitianos de los ingenios de azúcar, en aquella época, principalmente de capital norteamericano. En 1933, mediante una ley, se había iniciado en el país la política de “dominicanización del trabajo”.
En 1939, en la graduación de estudiantes de derecho de la Universidad de Santo Domingo, Trujillo pronunciaría un discurso de fuerte contenido nacionalista, que ahonda en la doctrina de “defensa” y “supervivencia” frente a la imagen del haitiano salvaje e invasor. Se hace ya manifiesto el concepto de “haitianización” como peligro para la “nación”:
Si mis manos se han manchado de sangre, ha sido para salvar de la haitianización del país a la generación de ustedes. Dentro de cincuenta años, la ocupación pacífica del territorio nacional por parte de Haití significará para ustedes que los haitianos podrán elegir autoridades dominicanas, podrán poner y disponer, podrán mandar a Duarte y los trinitarios al zafacón de la historia y anular para siempre sus ideales y su abnegada lucha, los cuales no tienen ningún sentido para los haitianos.
Jóvenes dominicanos, en esa gente no se puede confiar, cuiden su país y con más ahínco después de mi desaparición del escenario político nacional. (…) No dejen que les invadan sus casas ni sus haciendas, ni su patria y mucho menos que se las arrebaten con argucias o con fuerzas.
Uno de los más importantes intelectuales y funcionarios del régimen, Manuel Arturo Peña Batlle, será parte clave en las políticas y la doctrina anti-haitiana durante el trujillato. Se puede citar su discurso en la localidad fronteriza de Elías Piña, en 1942, tres años después del discurso de Trujillo y a cinco años de la masacre. Ese discurso manifiesta un racismo en nada distinguible de la ideología nazi, pero a la vez con un abierto clasismo. Es el haitiano pobre, de la masa, el que trae problemas y al que hay que impedir inmigrar. Y su deformación es biológica, irreparable, una falla natural que lo hace insoportable:
Después de largos años de alternativas y de constante labor logramos finalmente dejar solucionada, merced a la decisiva intervención del hombre que cumbrea nuestra historia contemporánea, la más vieja, difícil y complicada cuestión de Estado que haya ocupado jamás la mente y la atención de nuestros gobernantes: me refiero a la delicada cuestión fronteriza que desde 1844 nos dividió de Haití.
(…) No hay sentimiento de humanidad, ni razón política, ni conveniencia circunstancial alguna que puedan obligarnos a mirar con indiferencia el cuadro de la penetración haitiana. El tipo-transporte de esa penetración no es ni puede ser el haitiano de selección, el que forma la élite social, intelectual y económica del pueblo vecino. Ese tipo no nos preocupa, porque no nos crea dificultades; ese no emigra. El haitiano que nos molesta y nos pone sobre aviso es el que forma la última expresión social de allende la frontera. Ese tipo es francamente indeseable. De raza netamente africana, no puede representar para nosotros, incentivo étnico ninguno. (…) Hombre mal alimentado y peor vestido, es débil, aunque muy prolífico por lo bajo de su nivel de vida. Por esa misma razón el haitiano que se nos adentra vive inficionado de vicios numerosos y capitales y necesariamente tarado por enfermedades y deficiencias fisiológicas endémicas en los bajos fondos de aquella sociedad.
El informe de Henríquez y Carvajal y el conocimiento de cómo funciona hoy el orden mundial, permiten ver que tanto “invasión” como “fusión” son mitos; que en realidad el contacto entre “tierra barata” y “mano de obra barata” es un gran negocio y que, como advertía el poeta nacional e historiador dominicano Pedro Mir, el verdadero problema puede estar en otro lado, especialmente en los intereses de quienes luego de la Independencia dominicana tomaron el poder y mientras se presentaban como nacionalistas y antihaitianos, perseguían la anexión del país a España o a Estados Unidos:
Las luchas contra Haití representaron un doble papel: al mismo tiempo que frustraban o entorpecían las tentativas anexionistas, servían a la acción anexionista dominicana como bandera para reclamar ardientemente la injerencia extranjera, en base a una supuesta incapacidad del pueblo dominicano para sostener su soberanía, a pesar de las reiteradas y concluyentes victorias militares contra las huestes haitianas.
Explicaciones como las de Pedro Mir revelan algo muy importante: la doctrina del miedo y el odio a Haití encubre y sirve como distractor para la verdadera agenda de intereses y propósitos de la élite que conducirá política y económicamente República Dominicana a poco tiempo de conseguida la independencia.
En el caso de Trujillo, se puede develar algo muy parecido. No sólo que mientras el tirano señalaba y acusaba en el inmigrante haitiano todas las posibilidades de “arrebatar” propiedades y derechos a los dominicanos, era él mismo quien se servía del poder estatal para convertirse en el gran monopolista de las actividades económicas, financieras, comerciales y sociales de la República Dominicana como verdadero monarca-propietario del país. Asimismo, bajo su mandato la política de “dominicanización del trabajo” funcionaba como un parapeto ideológico para obtener legitimidad entre la población, siendo Trujillo el gran explotador de la fuerza de trabajo dominicana, y siendo él quien regulara la entrada de inmigrantes haitianos como mano de obra forzada para la industria del azúcar, continuando de manera sistematizada la política de la ocupación norteamericana. La política de “dominicanización” fue un excelente instrumento de domesticación y sometimiento de la fuerza de trabajo, junto a las políticas antisindicales y represivas que desarrollaba a nivel interno.
En efecto, bajo Trujillo las cifras oficiales de inmigrantes haitianos establecidos decayeron de 52.657, en 1935 antes de la masacre en la frontera, a 19.193 en 1950, pero para volver a elevarse a 29.500 en 1960, al término su oprobioso régimen, volviendo a estar en los niveles alcanzados durante la ocupación norteamericana.
Detrás de la doctrina del miedo y del odio nacionalista a la “invasión” haitiana, el dictador dominicano Rafael Trujillo había establecido una trama de corrupción y abusos para manejar de manera directa, con el propio Estado haitiano, una industria de trabajo forzado en la producción de azúcar, que lo beneficiaron a él y a sus empresas durante largos años.
Haití: un país aún invadido
Una vez ocurrido el terremoto de 2010 en Haití, Bill Clinton hizo una devastadora declaración:
Tengo que vivir cada día con las consecuencias de una decisión mía que fue, quizás, buena para algunos de mis granjeros en Arkansas, pero que fue un error porque trajo también como resultado la pérdida de la capacidad de producir arroz de Haití y, consecuentemente, de su capacidad de alimentar a su pueblo. Fue resultado de algo que hice yo. Nadie más.
De esa manera, alguien que había sido presidente de la mayor potencia económica y militar del planeta reconocía cuánto poder tenía sobre el destino de Haití, produciendo hambre y pobreza, con el fin de “abrir” mercados a sus empresarios. Que haya sido un “error” probablemente sea discutible.
Es el mismo Haití que sufrió la invasión y ocupación norteamericana desde 1915 hasta 1934, y luego el apoyo a la brutal tiranía de Duvalier. Haití, que en 1991 sufriría un golpe de Estado, al igual que en 2003, con la presencia recurrente de las tropas norteamericanas y el secuestro de un presidente; el mismo Haití donde las embajadas de algunas potencias discutieron la opción de secuestrar al Presidente René Preval y sacarlo en un avión del país, y se dice que el actual Presidente Martelly fue electo en comicios fraudulentos para impedir una segunda vuelta con la participación de un candidato de izquierdas. Recientemente se ha develado cómo la USAID ayudó con fondos y acciones al desempeño electoral del presidente saliente.
El mismo Haití que no tiene ejército ni fuerzas armadas y apenas posee una policía prácticamente desarmada. Ese Haití donde un terremoto que mató a 300 mil personas, acabó con el equivalente al 120% de su PIB, derrumbó los principales edificios institucionales y enterró al 30% de sus funcionarios. Ese país donde el dinero de la “reconstrucción” nunca llegó, o mejor dicho llegó un 10%, del cual 90 de cada 100 dólares se quedan en la burocracia nacional e internacional; el Haití intervenido militarmente y donde las tropas de Nepal trajeron el cólera que mató a alrededor de 8.000 seres humanos, de los cuales nadie se hace responsable. Ese Haití con un 70% de su población viviendo con menos de un dólar diario, y que llegó a tener un 90% de su educación privatizada. Es el Haití en que grupos con mucho poder, como los que existen en República Dominicana, han generado todo tipo de anormalidades comerciales y han impedido que se lograra un acuerdo de libre comercio propuesto por el actual presidente dominicano Danilo Medina, para seguir manteniendo a la población en la miseria pero presa de importadores y oligopolios comerciales.
Es el Haití al que en 2009 se refiere Paul Collier, “experto internacional” en migraciones y desarrollo, quien en un informe solicitado por Naciones Unidas apela a la miseria generalizada del pueblo haitiano como su gran factor de “competitividad”, en tanto fuerza de trabajo barata sobre-explotada en la producción de maquilas:
Haití tiene una oportunidad económica extraordinaria {…}. Desde la perspectiva del acceso a los mercados, Haití es ahora la locación para producción de prendas más segura del mundo (…) Claro, esto no es suficiente: los costos de producción deben ser globalmente competitivos. Pero ahí de nuevo los factores fundamentales son propicios. En la industria de las prendas el componente más importante es el costo del trabajo. Debido a su pobreza y mercado laboral desregulado, Haití tiene unos costos laborales muy competitivos frente a China, que es parámetro mundial. El trabajo haitiano no es sólo barato sino que también es de buena calidad (…) Siendo la única economía de salario bajo en la región, tiene una ventaja de transporte sobre otras economías de bajos salarios que se encuentran distantes.
Pero la doctrina del odio y el miedo es poderosa. Con ese panorama frente a los ojos, a mitad de 2015, un comunicado oficial del gobierno dominicano se refirió a los inmigrantes haitianos y haitianas como personas que han cruzado a República Dominicana “como Pedro por su casa”; lo que se agrega a expresiones despectivas sobre los inmigrantes, identificados como “carga”, “fardo” o población proveniente de un país en el que no encuentran nada y se hallan “abandonados” para buscar “las oportunidades que no tienen en su país”.
Un eco desgarrador y tenebroso se hizo sentir en esas declaraciones del gobierno dominicano. Fueron Trujillo, Balaguer y Peña Batlle quienes establecieron en su régimen la doctrina de que los haitianos son un conglomerado que “invade” con la intención de elegir, decidir y gobernar República Dominicana, “arrebatando con argucias y fuerzas” las “casas, haciendas y la patria” de los dominicanos.
Una niña observa a los oficiales de inmigración, antes de partir a Haití: Foto: Orlando Barria (EFE)
¿Los inmigrantes haitianos vienen a “quitar” algo a República Dominicana?
La Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012 (la única fuente de información sobre inmigración en República Dominicana, gracias a la colaboración ONE, las Naciones Unidas y la Unión Europea), los inmigrantes en el país aportaban alrededor del 5.4% del PIB, esto es unos 3.300 millones de dólares. El 87% de los inmigrantes en el país son haitianos y haitianas, y ganan en promedio la mitad del salario que percibe el otro 13% de inmigrantes no haitianos establecidos en República Dominicana.
La suma del gasto público en salud y en educación (excluida la universidad), en el año 2015, ha sido aproximadamente 3.955 millones de dólares. Según estimativas de los ministerios de Salud Pública y de Educación dominicanos, los inmigrantes haitianos y los haitianos en tránsito se benefician con un gasto total anual cercano a los 150 millones de dólares.
En resumen, los haitianos y haitianas inmigrantes aportan económicamente al país el equivalente al 72,6% de todo lo el Estado destina al gasto en salud pública y educación pública no universitaria. Mientras tanto apenas se benefician con un 2,9% del gasto social. ¿Bajo esas condiciones puede sostenerse que las atenciones en salud y educación que reciben los inmigrantes haitianos son una pesada “carga” para los dominicanos?
Haití es el único país con el cual República Dominicana tiene balanza comercial positiva, vendiendo a ese mercado unos 2.000 millones de dólares anuales. En 2010, los haitianos que vivían en el exterior mandaron a su país 1.300 millones de dólares, alrededor del 25% del PIB de su país de origen. Los haitianos vienen a República Dominicana a producir riquezas en la economía local, y también a enviar remesas. Igual que los dominicanos migrantes, que en 2013 mandaron al país remesas por 4.200 millones de dólares, el 63% desde Estados Unidos y Puerto Rico. A los inmigrantes haitianos (como a ningún otro en ninguna parte del mundo) jamás les ha interesado ni nunca han ejercido un “plan de destrucción” de su fuente de bienestar o supervivencia. No cabe duda que esos 1.300 millones de dólares que regresan a Haití bajo la forma de remesas, son vitales para ser actualmente los segundos compradores de productos dominicanos en el mundo, sólo superados por Estados Unidos.
El muro fronterizo o el negocio de la demagogia en República Dominicana
¿Por qué el empeño en tratar de deshumanizar y criminalizar a los inmigrantes haitianos? ¿Por qué insistir en la inmigración para explicar el déficit de los servicios públicos en República Dominicana?
¿Qué decir sobre todos los dominicanos ahogados y comidos por tiburones en el Canal de La Mona acaso tratando de “invadir Puerto Rico”? ¿Cómo no hablar de los cientos de jóvenes dominicanos que se incorporaron en la invasión norteamericana en Irak y Afganistán, muchos de ellos hoy muertos, buscando como recompensa la ciudadanía prometida por George W. Bush en su War on Terror?
Sobre este fardo de prejuicios y conceptos alienantes, un grupo de dirigentes políticos, congresistas, periodistas y hacedores de opinión han decidido pedirle a la ciudadanía un millón de firmas para apoyar la construcción de un muro fronterizo que separe ambos países.
Un reciente reporte del Observatorio Político Dominicano detalla cómo en las cinco provincias que hacen frontera con Haití, “el 53% de los hogares aún usa letrina y peor aún, el 17% no tiene ningún tipo de servicio sanitario. En cuanto al combustible que utilizan para cocinar, el 23% todavía cocina en leña y el 10% con carbón. El 64% de los hogares de la frontera no tiene servicio de agua dentro de la casa, el 48% tiene paredes construidas de madera u otro material de menor calidad y 14% posee piso de tierra. De igual forma, el 17% de las viviendas no tiene acceso al suministro público de energía eléctrica, por lo que sus habitantes tienen que suplir sus necesidades de alumbrado con el uso de lámparas de gas (propano o kerosene) o abastecerse de una planta eléctrica propia”.
En cuanto a desarrollo productivo y fuentes de empleo, pese a que existe una ley desde 2001 con amplios privilegios para quienes inviertan en esa zona, tan sólo 95 empresas se han acogido e instalado allí, generando menos de 10 mil puestos de trabajo. En las provincias de Independencia y Bahoruco, los empleos en aquellas empresas acogidas a la ley de desarrollo fronterizo no representan más que 2% o 1% del total de las personas ocupadas. Hay que decir que 74% de esos puestos son ocupados por dominicanos; por lo cual, la presencia de fuerza de trabajo inmigrante no es la variable determinante en la miseria generalizada y la falta de empleos decentes, estables y bien pagados.
Un muro de hormigón armado y 6 metros de altura que cubra los 382 kilómetros lineales de frontera domínico-haitiana, costaría a razón de 5.225 pesos el metro cuadrado, en total unos 12 mil millones de pesos, esto es: 260 millones de dólares. Esta es prácticamente la misma cifra que el sector privado ha invertido en crear empresas en la zona fronteriza entre 2001 y 2015; el 80% de todo el apoyo en exenciones tributarias que el Estado y el pueblo han dado para estimular la instalación de empresas en esas cinco provincias; el 60% del presupuesto del Ministerio de Defensa; el 37% del presupuesto anual de todo el Ministerio de Interior y Policía; 52 veces el presupuesto anual del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza; 18 veces el presupuesto anual de la Dirección General de Migración; prácticamente el 50% de todo el gasto nacional de 2015 en construcción de nuevas escuelas públicas; un 50% más que todo lo que el Estado gastará este año en viviendas y servicios comunitarios a nivel nacional. El equivalente a 1 millón de veces el costo de la canasta básica de sobrevivencia de los que viven en condiciones de pobreza en República Dominicana. Todo eso destinado a un muro que atravesará cinco provincias donde hay más letrinas que sanitarios, más cubetas que acueductos y más ranchetas que casas dignas.
Haitianos regularizando sus papeles en Santo Domingo. Foto: Orlando Barria (EFE)
¿Y si Donald Trump imitara la política de desnacionalización que se aplica en República Dominicana?
Recientemente, Donald Trump lanzó una propuesta que causó alarma en muchos sectores: modificar la Constitución de Estados Unidos (Enmienda XIV) con el objetivo de que los hijos(as) de inmigrantes que no estén documentados no tengan derecho a ser estadounidenses por nacimiento. Su discurso agita el supuesto “peligro” de que el país se está llenando de inmigrantes, especialmente latinoamericanos, y que sus hijos tienen plenos e iguales derechos como cualquier otro nacido en el país, de acuerdo a la Constitución. Actualmente, hay en Estados Unidos unos 11 millones de inmigrantes no autorizados.
Donald Trump quizás no sepa que la pequeña República Dominicana ha llevado adelante esta idea, con un fundamentalismo y un extremismo que le resultarían envidiables.
En 2010, la nueva Constitución dominicana incorporó la cláusula que propone el multimillonario republicano. Y hace exactamente dos años, el Tribunal Constitucional dominicano fue mucho más lejos. Violando la Constitución actual y las anteriores, produjo la sentencia 168-13 que aplicó la nueva norma de 2010 en un viaje en el tiempo 81 años hacia atrás, decidiendo que todo dominicano(a) hijo(a) de inmigrantes indocumentados y que haya nacido desde 1929 en adelante, dejaba de ser lo que había sido hasta aquel momento: dominicano, tuviera o no papeles que así lo consignaran. Es decir, una política de privación de derechos hacia adelante y de desnacionalización en masa hacia atrás. Todo esto en aras de, supuestamente, “defender la nacionalidad” e impedir que la nación sea “fusionada”, “destruida” o “diluida” por el país vecino.
Hoy se calculan en más de 50 mil las personas que nacieron en República Dominicana bajo la Constitución anterior y que no tenían registro de nacimiento por las precariedades del Estado dominicano; son miles de seres humanos que nunca en su vida tendrán derecho a la identidad ni a la nacionalidad. Nacieron en República Dominicana, pero nunca serán, según esta norma, dominicanos. Casi 30 mil personas más, descendientes de un progenitor extranjero inmigrante y un progenitor dominicano, aún en 2012 carecían de acta de nacimiento. Se estiman en alrededor de 129 mil las personas que, desde fines de los años noventa, han estado sometidas a políticas y procedimientos que arrebatan el derecho a la identidad y la nacionalidad, con el criterio exclusivo de ser hijo de inmigrantes, especialmente si su apellido es “haitiano”. Una espantosa sigla se estuvo utilizando para marcar los documentos de estas personas: “HH”: hijo de haitiano.
Asimismo, la Junta Central Electoral, que administra el registro civil del país, maneja tres tipos de registro de nacimiento de hijos extranjeros, dos de los cuales están absolutamente al margen de la ley. En ellos, se han registrado más de 25 mil nacimientos, algunos de manera retroactiva y en muchos casos a hijos de padres dominicanos con el criterio práctico de registrar en esos libros por la nacionalidad de la madre, en abierta violación a las leyes y la Constitución.
Al analizar la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2012, se pueden estimar en más de 28 mil personas que estarían quedando en condición de absoluta apatridia, habiendo nacido en suelo dominicano y bajo la Constitución previa a 2010, que les reconocía nacionalidad sin importar la condición migratoria de sus padres.
Pero la doctrina del conflicto y el terror a la “invasión haitiana”, que trata al inmigrante como parte de un complot y de un conglomerado con planes de “quitar” y “ocupar” República Dominicana, encierra otra gran contradicción: los dominicanos y dominicanas son un pueblo con una enorme cantidad de población migrando por el mundo.
Haciendo un ejercicio de imaginación ¿Qué pasaría con los dominicanos en Estados Unidos si Donald Trump lograra ganar las elecciones presidenciales y seguirle la corriente a las políticas desnacionalizadoras del Tribunal Constitucional y la Junta Central Electoral, responsables de una auténtica limpieza étnica y clasista?
Según IndexMundi, de 221 países, Haití está en el puesto 190 de los países que menos población reciben y más población sale al exterior, con una pérdida poblacional por migraciones de -4,12. República Dominicana no está en ese nivel, pero su puesto es el 164: la población dominicana migrante es superior a la población que llega al país, dando como resultado una pérdida de población de -1,93. Colombia, nación azotada por una guerra interna de más de 50 años, con millones de desplazados, muertos y desaparecidos, está en el puesto 139, es decir, 35 lugares mejor que República Dominicana.
Según datos de la ONU, ya en 2013, el 11,4% de la población haitiana y el 11,5% de la población dominicana habían migrado. Según el gobierno de Estados Unidos, entre 2000 y 2009, 203 mil haitianos y 291 mil dominicanos se hicieron residentes permanentes en Estados Unidos; 132 mil haitianos y 217 mil dominicanos se naturalizaron estadounidenses entre 2003 y 2012.
En 2009, el 73% de los dominicanos que vivían fuera del país estaba en Estados Unidos. En 2008, 851.754 eran dominicanos inmigrantes de primera generación (52%) y 616,787 (42%) de segunda generación, es decir nacidos en Estados Unidos. Valga decir que sin haber una frontera terrestre ni archi-desorganizada como la que existe entre República Dominicana y Haití, los inmigrantes dominicanos en Estados Unidos duplican la cantidad de inmigrantes haitianos que se detectaron en República Dominicana en el censo de 2010 y en la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2012. Asimismo, los hijos de dominicanos nacidos en Estados Unidos casi triplican la cantidad de hijos de uno o de ambos padres haitianos que viven en República Dominicana.
En el mismo año 2009, la población dominicana en Estados Unidos llegó a ser una de las cinco más importantes entre la población hispano-latina en ese país, pasando de 1.041.190 (año 2000) a 1.468.542 (2008). Esto es, un aumento espectacular de 41% en tan sólo ocho años. La edad promedio de los dominicanos residentes en Estados Unidos era 29 años.
Entre 1961 y 2009, las autoridades norteamericanas admitieron en su territorio a 1.095.976 dominicanos y dominicanas inmigrantes documentados, de los cuales la inmensa mayoría (854.549) llegó y fue aceptada entre 1981 y 2009. Es decir, ha habido un éxodo masivo impresionante, que cubre tanto épocas de crisis como de supuesto auge económico en República Dominicana.
En 2005, el total de dominicanos de primera generación era 739.802 y el 45,7% de ellos se había naturalizado estadounidense, cambiando su nacionalidad dominicana por la de Estados Unidos, con iguales condiciones y privilegios que cualquier otro ciudadano. Es decir, el éxodo masivo ha sido también una numerosa incorporación al estatus de estadounidense como opción de muchos dominicanos. Este éxodo y asimilación a la sociedad norteamericana ha estado lejos de ser un cuentos de hadas. Entre 1983 y 2004, es decir en 21 años, la Guardia Costera de Estados Unidos reportó haber detenido 25.724 dominicanos intentando llegar por mar a Puerto Rico. Esto es, todos aquellos que no lograron llegar a Borinquen y no naufragaron ni desaparecieron en el mar, cuya cifra es absolutamente desconocida.
Al analizar los datos migratorios, se puede que alrededor de 25% de los dominicanos que residen en Estados Unidos han estado viviendo allí en condición de indocumentados. República Dominicana se ubica en el número 6 entre los 25 países con más población inmigrante indocumentada en Estados Unidos, por encima de Haití, Jamaica, Nicaragua, y países tan grandes como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, por mencionar sólo algunas naciones latinoamericanas.
Suponiendo que Donald Trump logre ganar las elecciones y siga el ejemplo de los supuestos nacionalistas dominicanos, modificando las reglas de nacionalidad en Estados Unidos, 158.197 hijos de dominicanos, hoy estadounidenses de pleno derecho, que estudian, trabajan y envían dinero a sus familiares, serían despojados de su nacionalidad, su identidad y su derecho a una vida digna. Tal y como ha pasado con miles y miles de dominicanos y dominicanas, hijos de haitianos y víctimas de las medidas que se les vienen aplicando desde hace casi 20 años y ahora de la arbitraria sentencia 168-13.
Protesta en Santo Domingo contra la sentencia 168-13. Foto: E.S. (AFP)
Más allá de la doctrina del conflicto, una mirada con esperanza
La doctrina de Trujillo según la cual los haitianos y la haitianización serían un “peligro” para la nación dominicana, impuso políticas y restricciones para impedir el supuesto interés de los haitianos de “invadir”, “arrebatar” y “decidir” el destino de República Dominicana.
Sin embargo, la doctrina del conflicto, el miedo y el odio no va a dejar de existir por sí sola. Para burócratas, políticos y empresarios, ella favorece el caos y la falta de legalidad creando condiciones propicias para el tráfico de personas, el contrabando, la ganancia fácil y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Para dirigentes partidistas, figuras de Estado y empresarios de prensa, es caldo de cultivo para la demagogia y la propaganda que obtiene dividendos gracias a tan solo agitar la alerta del “peligro” y la “amenaza haitiana”.
En realidad, ninguna de estas conductas ha producido nada nuevo. Ni en el siglo XIX, ni en el XX ni hoy. Generan pobreza, precariedad, ausencia de derechos y competencia desleal e injusta. No defienden la legalidad, ni fomentan la economía formal y transparente, ni los sanos intereses de cómo elevar los beneficios cualitativos y cuantitativos de las economías nacionales. No fortalecen las instituciones democráticas, ni tampoco la inversión pública, el funcionamiento correcto de los organismos del Estado, el cumplimiento de la Constitución, el desarrollo en las fronteras, el progreso de las fuerzas económicas y sociales. En definitiva, son “nacionalistamente” anti-nacionales. El trujillismo en esencia: la apología de la “nacionalidad”, atentando contra la nación.
Su última y más pérfida consecuencia es la violación en masa al derecho a la nacionalidad y la identidad de miles y miles de niños, jóvenes y adultos en República Dominicana; así como el incumplimiento flagrante por parte del Estado haitiano en entregar documentos y servicios básicos a su población. Los cerca de 50 mil desplazados hacia Haití, que se mueven evitando la deportación y están llegando en paupérrimas condiciones ignoradas por su gobierno; así como las vedas al comercio que sólo benefician a grupos muy pequeños de importadores y distribuidores en Haití.
Pero el pueblo dominicano y el pueblo haitiano no están condenados a vivir subordinados a la doctrina del conflicto. No hay razón histórica que los haya enfrentado en sus identidades, sus culturas, sus formas de convivir, sus valores ni sus aspiraciones. Si alguna vez por los intereses de caudillos se vieron enfrentados, muchas más veces ambos pueblos se han ayudado en las luchas por su libertad, y durante siglos han convivido de manera armónica en campos y ciudades, produciendo riquezas y compartiendo una historia de esclavitud, saqueo y sobreexplotación por parte de potencias, tiranos y oligarquías nacionales o extranjeros.
Superar la doctrina del conflicto requiere un gran esfuerzo consciente e intencionado para que la cultura de la paz y la prosperidad prevalezcan. Y esa acción cultural debe ser tan sostenida y profunda que desplace y supere el legado cómodo y nefasto de siglos de gobiernos autoritarios. Es hacer de la posibilidad de fraternidad, vistas en la tragedia del terremoto de 2010, y en miles de situaciones cotidianas en campos y ciudades, un estado de lucidez, racionalidad y afectividad que permanezcan y crezcan. Frente al trujillismo y el duvalierismo ideológicos, la cultura de la vida y de la solidaridad difundida en los espacios educativos, culturales e informativos.
Por otro lado, es indispensable ayudar a Haití. Son ya muchas las voces que en varias partes del mundo se han levantado para denunciar el escándalo que ha sido el papel de la comunidad internacional en Haití: incumplimiento de los aportes financieros, captura burocrática y de las ONGs transnacionales; violación de la soberanía por potencias como Estados Unidos, Francia y Canadá; violaciones, tráfico de personas, epidemias, entre otros. No es posible que en Haití haya más soldados que maestros, enfermeros, ingenieros, doctores o agrónomo. El descalabro de Haití y su miseria como gran negocio internacional es una vergüenza ética para el mundo, y ese descalabro sólo puede arrojar más sufrimiento y éxodos masivos, no sólo hacia la nación vecina.
Y a República Dominicana también hay que ayudarla. El mundo no debe permitir que se violen los derechos humanos y, al mismo tiempo, la actitud que se ofrezca no puede ser la de la hipocresía o el aprovechamiento oportunista del tema para hacer injerencias en el destino de la isla. Debe ser una actitud cívica, institucional, no contra la República Dominicana ni el pueblo dominicano, sino contra las posiciones que se encarnan en el poder estatal para desde allí violar la Constitución y los pactos internacionales de los cuales el país es signatario. Naturalmente, quienes más deben ayudar a la República Dominicana son los propios dominicanos.
Finalmente, el mundo, especialmente las potencias desarrolladas, harían bien en ayudar a la Isla en una cuestión fundamental: permitir que las dos naciones que la conforman resuelvan por sí solas los problemas que las han separado. A un siglo de las ocupaciones norteamericanas, y más de cinco siglos de conquista europea, la isla no sólo se sigue llamando “La Española”, sino que parece que sigue siendo tratada de un modo más o menos similar, como un territorio sin capacidad para valerse por sí mismo y organizar con sus propias ideas y objetivos el futuro. Tierra barata y mano de obra barata.
Vale la pena intentarlo. 20 millones de habitantes que han sufrido quinientos años de dolores y de saqueo, de tantas desilusiones y humillaciones, no tienen por qué estar condenados a un futuro de miseria, enfrentamientos y abandono.
Matías Bosch Carcuro reside en República Dominicana. Es profesor universitario, investigador y educador social. Cuenta con varias publicaciones en temas latinoamericanos, asuntos históricos, pobreza, trabajo y relaciones económicas, economía política y sobre las relaciones entre República Dominicana y Haití. Es director ejecutivo de la Fundación Juan Bosch.
República Dominicana y Haití: el derecho a vivir. Una obra fundamental para comprender las relaciones entre los dos países del Caribe. Publicada por la Fundación Juan Bosch y disponible para descarga abierta.
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