El fideicomiso y la Alianza público privada. La cuarta modalidad de privatización luego del ajusticiamiento de Trujillo.

Por José A. Mateo Gil.

A raíz de la caída del régimen de Trujillo en el año 1961, los gobernantes de turno procedieron a contabilizar y organizar los bienes y propiedades del dictador. Fue una tarea ardua y compleja, que de acuerdo a algunos historiadores no se realizó con la transparencia y pulcritud que demandaba el momento. La fortuna de Trujillo lo colocaba entre los 10 hombres más ricos de américa latina. El emporio económico cuantificado, debió pasar de manera íntegra al estado dominicano. Lamentablemente no fue así. Se produjo una piñata con puño. Actores importantes de la sociedad de la época, se adueñaron mediante artificios jurídicos de una parte importante de ese patrimonio que era propiedad del pueblo dominicano, siendo ésta la primera modalidad donde el sector privado se apropia de los bienes del estado dominicano.

En el año 1962, el Dr. Joaquin Balaguer que ocupaba la presidencia de la república, recibió el informe de la comisión que él había encargado de cuantificar y auditar las propiedades de la familia Trujillo. Con los resultados de esta investigación, el ejecutivo tomó la decisión de crear por un lado el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con los terrenos propiedad del antiguo régimen, y la Corporación de Empresas Estatales (CORDE), con las industrias y unidades de negocios propiedad del dictador. En estas dos empresas, ahora propiedad estatal, se consolidó el emporio familiar creado por Trujillo. Este nuevo rol que adquiere el estado dominicano, de administrar y dirigir empresas que antes pertenecieron al ámbito privado, da un giro al papel que hasta ese momento había jugado el estado dominicano. En lo adelante, además de cumplir con su rol de ente regulador, pasaba a formar parte de un estado interventor en las actividades productivas de la nación.

En la historia del pensamiento económico, se identifican posiciones encontradas entre diferentes escuelas que plantean su posición con respecto al papel que debe jugar el estado en la economía. La escuela clásica, representada por los economistas Adam Smith y David Ricardo, plantean que el estado no debe de intervenir en la economía, que el libre juego de la oferta y la demanda es quien debe determinar los precios. En tanto que, la escuela Keynesiana, liderada por el economista John Mainard Keynes, plantea que es saludable la intervención del estado en las actividades económicas de una nación, para garantizar el equilibrio en el ciclo económico. En el caso que nos ocupa, el estado dominicano no cae dentro de estas posiciones de caracter ideologico, en virutd de que, su participación en la economía, fue producto de una accidente histórico que lo convierten en propietario de empresas que pertenecían al sector privado. Es por estas, entre otras razones, que el patrimonio estatal debe permanecer bajo la dirección del estado dominicano.

A finales de la década de los años 60 y principios de los 70, la economía dominicana fue beneficiaria de un boom económico producto del aumento de los precios internacionales de la caña de azúcar. El Consejo Estatal del Azúcar se convirtió en el sostén económico del gobierno dominicano. Las empresas de CORDE, también hicieron aportes importantes a la economía. Sin embargo, años más tarde, en los períodos de gobierno del Dr. Balaguer, estas empresas comenzaron a deteriorarse, aparentemente de manera deliberada, para justificar que estas debían pasar a manos del sector privado. La fábrica de pintura, Molinos Dominicanos, entre otras empresas de CORDE pasarían a manos privada. Igual ocurrió con importantes ingenios azucareros que eran propiedad del CEA. Esta fue la segunda modalidad de privatización de las empresas del estado.

Es importante destacar, que una de las razones por las cuales estas empresas estatales sufrieron altos niveles de deterioro, hasta el punto de irse a la quiebra, se debió fundamentalmente a motivaciones eminentemente políticas. Las autoridades la convirtieron en una agencia de empleo para los dirigentes del partido de gobierno. Las nóminas súper abultadas de cada una de estas instituciones, como consecuencia de los empleos masivos de los compañeritos de la base, quebraron a estas empresas, y en el mejor de los casos pasaron a manos privada.

A finales del siglo pasado, las autoridades gobernantes decidieron darle participación al sector privado para operar esas empresas propiedad del estado dominicano. En esta ocasión, la modalidad utilizada para privatizar fue el denominado «Proceso de Capitalización de las Empresas del Estado». Esta modalidad privatizadora, abrió las puertas al sector privado para adueñarse de una parte del patrimonio nacional. La Corporación Dominicana de Electricidad, por poner un ejemplo, bajo esta modalidad, fue descuartizada en su conjunto. De ella se desprendieron tres empresas distribuidoras (EDESUR, EDENORTE Y EDEESTE). Tres empresas de generación de energía (Egehaina, Egeitabo y Hidroeléctrica), de estas solo la Empresa Hidroeléctrica y la Empresa de Transmisión quedaron en manos del estado. Años más tarde, se produjo la recompra de las empresas distribuidoras, que hoy pertenecen al estado dominicano.

La nueva modalidad privatizadora, que en la actualidad campea en los corrillos palaciegos, es la figura del fideicomiso y la alianza público privada (APP). Aunque el presidente de la república ha empeñado su palabra afirmando en más de una ocasión que en su gobierno no hay espacio para la privatización de las empresas del estado. Ante esta situación, el pueblo dominicano ha reaccionado frente a la propuesta de la figura fideicomiso para la administración de la planta de generación eléctrica de Punta Catalina. Si bien es cierto que, confiamos en las buenas intenciones del presidente y no tenemos por qué dudar de su promesa de no tener intensiones de privatizar. No es menos cierto que, la cláusula que contiene la figura del «Fideicomitente Adherente» ha detonado una alerta válida para que ese acápite sea eliminado del contrato que aún permanece en el congreso para fines de aprobación, por ser este lesivo a los intereses de este importante patrimonio estatal. A esto hay que agregarle la preocupación de la población respecto a los personajes que conforman a ese comité para administrar, con todos los poderes, a estas empresas durante un período de 30 años. Sin lugar a dudas, constituye una exageración poner en manos de personas vinculadas al sector empresarial, la responsabilidad de tomar decisiones, que son propias del ejecutivo, en una empresa tan importante como lo es Punta Catalina.

El argumento principal de los proponentes del proyecto de fideicomiso para la administración de Punta Catalina es que esa empresa se encuentra en un limbo jurídico y que para continuar operando hay que datarla de un estatus legal. Ese argumento es válido, pero existen otras formas de darle un toque de legalidad a esa empresa, bien pudiera constituirse una compañía por acciones, que sería una opción más simple y transparente a los fines de abrir la posibilidad de vender acciones de la misma al sector privado. En lo particular, no comprendemos las razones que mueven a algunos sectores enquistados en el poder, de querer vender la empresa más rentable con que cuenta el estado dominicano, cuyos beneficios rondan los US$250 millones al año. Lo ideal sería que de aprobarse el proyecto, se elimine el acápite del fideicomitente adherente, o en su defecto, que este sea de exclusividad del propio estado dominicano, descartando así, la posibilidad de que el sector privado pueda adquirir acciones de Punta Catalina.