Por : José Ant. Mateo Gil.
En un artículo que publicamos en fecha 7 de junio del presente año, cuando aún no se habían celebrado las elecciones presidenciales y congresuales, y el Covid-19 se encontraba en su punto más crítico, expusimos nuestro punto de vista con relación al tema del endeudamiento público y el riesgo que corre la economía dominicana de continuar con esta práctica.
En las economías tercermundistas como la nuestra, los estudiosos de la teoría económica plantean que: «Los préstamos de un gobierno, tanto internos como externos no son buenos ni malos, sino que dependen del uso que se les dé». Si partimos de este supuesto, nos daremos cuenta de que en la República Dominicana el uso excesivo y desproporcionado de esta importante variable macroeconómica ha crecido en los últimos 8 años a un ritmo acelerado, nunca visto en la historia de nuestro país. Por lo que, si Dios no mete sus manos, esta práctica nos llevará a una especie de cataclismo económico de proporciones inimaginables.
En el año 2012, cuando el gobierno de Danilo Medina asumió el control del estado, la deuda pública tanto interna como externa de la República Dominicana, se aproximó a los US$20 mil millones, que con respecto a la registrada, justo a la salida de su gobierno, el monto de la deuda pública rondaba los US$ 40 mil millones, para un incremento de US$20 mil millones en solo 8 años.
De acuerdo con estas estadísticas suministradas por el Banco Central, la deuda pública de nuestro país en el 2012 representó el 42.32% del PBI. En tanto que para el año 2019 representó un 51% del PBI. Este incremento de 9.32% de la deuda pública con respecto al Producto Bruto Interno en los dos últimos períodos de gobierno del PLD, nos presenta un panorama sombrío de la economía Dominicana. Ante esta situación cabe preguntarse.
¿Es que acaso no podemos desarrollar nuestra capacidad creativa para evitar continuar con esta carrera alocada de endeudamiento?.
Esta pregunta merece una respuesta, que ni el gobierno saliente pudo responderla, y sus ejecutorias así lo demuestran, y el gobierno entrante aún no tiene el tiempo necesario para ser evaluado. Lo cierto es que las presentes autoridades deben ponderar la posibilidad de buscar alternativas en otras variables de la economía para enfrentar los déficit presupuestarios y otros imprevistos que se presenten.
El pasado 13 de junio del año que transcurre, el gobierno de Danilo Medina sometió el proyecto de presupuesto complementario que le fue aprobado por el congreso por un valor de RD$150 mil millones de pesos para combatir la crisis generada por el Covid-19. De acuerdo con las autoridades de entonces, este presupuesto complementario debía financiarse con préstamos tanto internos como externos. Como en efecto ocurrió, acudieron a los fondos de pensiones quienes le prestaron RD$ 40 mil millones, y el resto fue gestionado a través de la colocación de bonos soberanos en el exterior.
En la presente gestión de gobierno, el Presidente Luis Abinader, con apenas un mes de ejercicio gubernamental, sometió al congreso nacional un segundo presupuesto complementario por un valor de RD$ 17 mil millones de pesos para solventar los programas de asistencia humanitaria y la continuación hasta diciembre de este año, de los programas Fase, Quédate en casa y Pa ti. Así como, la utilización del RD $ 5 mil millones para el banco agrícola a una tasa cero para los productores agropecuarios.
En lo adelante, la política de endeudamiento de la nuevas autoridades gubernamentales debe ser sometida a un proceso de evolución, a los fines de identificar otros mecanismos de financiamiento de los déficit presupuestarios que años tras años el poder ejecutivo envía al congreso para su aprobación. Para algunos analistas el país ya ha sobrepasado su capacidad de endeudamiento. Para otros el endeudamiento está asociado a crecimiento y desarrollo económico. Pero si bien es cierto que el Covid-19 justifica gestionar nuevos prestamos para combatir la crisis. Nos menos cierto que el pueblo dominicano está tranquilo, y no ha reaccionado ante este festival de prestamos porque confía en que la actual administración no utilizaría el tema de la pandemia como excusa para justificar esos financiamientos. Sin embargo, consideramos pertinente que los nuevos funcionarios busquen alternativas de solución a la crisis, identificando otros renglones de la economía para enfrentar los déficit anuales del presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos del gobierno. Nuestra preocupación al respecto se fundamenta en el hecho de que cada vez que se genera una crisis, la única vía de solución que encuentran las autoridades gubernamentales es apelar al camino más corto y fácil, LOS PRESTAMOS SOBERANOS.
De acuerdo con expertos en la materia cuando la deuda pública, en cualquier país pobre del planeta, los índices de endeudamiento se colocan por encima del 50% del PIB, es una señal de que las cosas no andan bien, por lo que, hay que frenar la escalada alcista de la deuda, porque de continuar con este derrotero, en un futuro no muy lejano, al país se le dificultaría honrar los compromisos contraídos con los organismos multilaterales de financiamiento. El Fondo Monetario Internacional y otros organismos crediticios multilaterales han establecido que el índice ideal de endeudamiento en una economía debe ser un 42% con respecto al Producto Bruto Interno (PBI).
La eficiencia de una gestión, tanto pública como privada, se mide en función de los beneficios obtenidos por cada peso invertido. En el caso que nos ocupa, observamos con gran preocupación que el destino dado a los recursos obtenidos por este concepto, lejos de ser alentadores, activan un botón de alarma a los agentes económicos que ven frustradas sus aspiraciones de que entrada la segunda década del siglo XXI, encuentren una economía endeudada hasta los tuétanos. Con el agravante de que las actuales autoridades de gobierno, motivadas por el impacto del COVID-19, se han visto en la obligación de recurrir a más endeudamiento para cubrir el descalabro económico producto de la pandemia.
En el firmamento económico dominicano se vislumbran grandes retos para las autoridades que asumieron el poder el 16 de agosto del presente año. Un país excesivamente endeudado a causa de una carrera indetenible de empréstitos, cuyos responsables en el pasado manejaron el tema de la deuda con criterios de irracionalidad, festinándolo hasta el punto que, a todas luces parece ser impagable.
No olvidemos que a principios del siglo XX, las aduanas dominicanas fueron intervenidas por los acreedores internacionales, que por atrasos en el pago de la deuda de finales del siglo XlX, se adueñaron de todos los ingresos generados por las agencias recaudadora del estado dominicano. Ese hecho no se puede repetir en nuestra historia republicana. De ahí la importancia de detener la olímpica práctica de tomar dinero prestado para financiar déficit presupuestarios que lesionan el buen desenvolvimiento de nuestra economía.
El nuevo gobierno que se instaló el 16 de agosto, está compelido a realizar ajustes importantes en la economía que les permita lidiar con la crisis. Pero para ello, tienen que despojarse del traje de políticos partidistas, y pensar en los más sagrados intereses del país. Nunca como ahora, la clase política debe de aunar esfuerzos y voluntades para enfrentar la crisis económica en que estamos inmersos.
Al gobierno encabezado por el Presidente Abinader le ha tocado manejar una situación económica y sanitaria extremadamente compleja, razón por la cual, debe apelar al ingenio creativo de sus funcionarios para buscar salidas a la crisis no circunscribiéndose a transitar por el camino más fácil, como lo es el endeudamiento. De nada vale buscar recursos frescos para solventar los gastos del gobierno, si no se produce una reducción significativa de estos.
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