NUESTRO CALVARIO HÍDRICO

Por Leonardo Mercedes Matos

El modelo de gestión del agua, como bien natural y social público, inalienable, imprescriptible e inembargable, establecido en la República Dominicana resulta obsoleto, no responde a las necesidades ni dinámica del desarrollo económico, social y ambiental alcanzado por el país en el presente siglo.

Este sistema fue concebido en la década de los años sesenta (60) del siglo pasado con un carácter nacional centralizado, con dos instituciones públicas como centros de mando (INDRHI e INAPA) para la formulación y desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del sector, la administración y operación de la infraestructura de servicios del agua dulce y de agua potable y el saneamiento, que concentraban en si los papeles sectoriales de rectoría, regulación y operación.

Con el transcurso de los años se fueron creando nuevas leyes y entidades sin la orientación de una visión y misión de conjunto y el modelo ha devenido en un todo ineficiente e ineficaz en el que intervienen un conjunto de entidades con traslape de funciones y el agravante de que ninguna las cumple a cabalidad, dejando mucho que desear en materia de calidad de los servicios, uso racional y eficiente de los recursos, satisfacción de los usuarios y protección del medio ambiente.  

De esta preocupante realidad se percataron muy temprano los profesionales del sector, quienes a nivel del INDRHI (1992) y contando con la cooperación japonesa, elaboraron un anteproyecto de nueva Ley de Aguas que nunca llegó al Congreso. Y en el II Congreso de la Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental-AIDIS (1996) la denunciaron y lanzaron el grito por la reforma sectorial, acogido en 1967 por la Oficina Panamericana de la Salud-OPS, quien auspició el Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento-APyS y generó (1998) el Programa para la Reforma y Modernización del Sector, base de desarrollo del proceso, y de donde surgió (1999) el primer anteproyecto de Ley de APyS, sometido al Senado de la República (2002) por  el Poder Ejecutivo, pero aplazada su discusión, después de haber sido aprobado en primera lectura, para dar paso a la discusión de un nuevo proyecto de Ley de Aguas, sometido por el mismo poder.

Treinta y dos (32) años han pasado desde el 1er anteproyecto de Ley de Aguas y veintiocho (28) del Grito por la Reforma Sectorial, periodo en el que se vivió y pasó la primera ola de las reformas del sector agua en el continente, se han sometido al Congreso y perimido unos 8 anteproyectos de Ley de APyS y otros 6 de Ley de Aguas, se han emitido decretos creando Mesas, Gabinetes y proclamado el “Cuatrienio del Agua” y el país continúa con la misma legislación hídrica padeciendo, agravados, los mismos problemas del sector. salvo las luces de las leyes 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 202-04 de Áreas Protegidas y de la Constitución del 2010,

Resulta difícil identificar el supra poder que ha determinado que en nueve (9) periodos de gobierno, cinco (5) presidentes, entre ellos tres (3) con dos o más periodos en Palacio, no hayan podido tener la voluntad política para cambiar este estado de cosas, sacando al país de esta especie de calvario hídrico. Y ahora, cuando aparentemente parece surgir esa voluntad, acicateada por un poder exterior, viene con su sello de privatización.