Por José A. Mateo Gil.
Una vez más, la falta de creatividad de los asesores del presidente de la república, pone en el ojo del huracán, la buena voluntad del primer mandatario, con la recomendación de impulsar un proyecto de ley para la eliminación de impuestos aduanales a 67 articulos de consumo masivo por un período de seis meses. El objetivo de este proyecto es abaratar los precios que llegan al consumidor final. Esta iniciativa, que aunque luce atinada, porque aparentemente el espíritu de la misma es para beneficiar al pueblo consumidor, ha generado unas series de cuestionamientos en el sector productivo nacional. Sus proponentes, no han medido las implicaciones futuras sobre la economía domestica de nuestros productores del campo. En situaciones como estas, se hace necesario convocar a todos los sectores de la vida nacional, para buscar una salida más ingeniosa, que con una simple medida administrativa se pueda lograr un balance entre productores y consumidores, sin lesionar los intereses que cada uno de ellos representan.
El dinámico sector agropecuario, que durante décadas ha sido capaz de producir el 80% de lo que el pueblo dominicano consume, y que ha exhibido una capacidad extraordinaria de reponerse ante los embates de la naturaleza, la pandemia y los conflictos internacionales, no merece que se ponga en riesgo con medidas gubernamentales, cuya efectividad están por verse. Es de todo conocida la voracidad de nuestro sector empresarial, razón por la cual, tengo mis dudas de que el monto dejado de pagar en aduanas sea transferido en la misma proporción al público consumidor. En la cadena de comercialización que inicia con los importadores de esos productos, pasando por los distribuidores para llegar al consumidor final, se pierde la esencia y el espíritu de la ley de tasa cero.
Las leyes, en cualquier circunstancias, y no importando en el país del mundo donde se aprueben, adquieren un carácter de permanencia en el tiempo, por lo que, la provisionalidad de este proyecto de tasa cero por un período de seis meses, bien pudiera ser implementado mediante medidas administrativas, que una vez concluido el período establecido y logrado el objetivo para lo cual fue creado, un decreto pueda derogarlo sin mayores contratiempos. En países como los nuestros, luego de creado un precedente mediante una ley, los sectores que se benefician de ella la irrespetan sin tener un régimen de consecuencias, convirtiendo lo transitorio en algo permanente. Para muestra un botón dice el refranero popular. El pago del anticipo impuesto a las empresas, y el 0.15 % a la transferencias bancarias, entre otras medidas, fueron disposiciones transitorias que con el tiempo se han convertido en permanente.
La intención de proteger al consumidor mediante la importación de productos de consumos masivos a bajos precios, como resultado de la eliminación de los impuestos aduanales, es loable y plausible. Sin embargo, esa iniciativa debe buscar un punto de equilibrio, donde los sectores involucrados no salgan perjudicados. El sector agropecuario correría un alto riesgo con la puesta en marcha de este proyecto. No debemos perder de vista que, nuestros productores de pollos, cerdos y otros rubros de nuestra economía rural, no cuentan con el subsidio que reciben los productores de los países de donde se harían estas importaciones.
Tanto Estados Unidos, como Brasil, por poner dos ejemplos, subsidian la producción de pollos y cerdos, cuyos costos de producción les permiten exportar a precios que nuestra economía no está en capacidad de competir. Si bien es cierto que el gobierno dominicano debe buscar una salida al aumento generalizado de los precios, generando una inflación sin precedentes en el presente siglo producto de la pandemia del COVID -19 y la invasión rusa en Ucrania. No es menos cierto que de aprobarse este proyecto de ley de tasa cero, la producción nacional recibiría un duro golpe, llevandose de encuentro al sector avícola y porcino, entre otros renglones agrícolas de nuestra economía. No es de sabio aventurarse a solucionar un problema a expensas de crear otro problema mayor.
Nuestro pais cuenta con una economía dinámica, capaz de reponerse, no solo de los embates de la naturaleza en la temporada ciclónica, sino en tiempos de pandemia y conflictos bélicos a escala imperial. Las medidas gubernamentales para solucionar problemas coyunturales, deben ser diseñadas e implementadas para el corto plazo. En cambio la promulgación de una ley está reservada a períodos de tiempos prolongados. En el caso que nos ocupa, en vez de crear una ley provisional de tasa cero a algunos productos importados, consideramos menos complicado y más viable para enfrentar la espiral inflacionaria, congelando por un período de seis meses, el cobro del ITBIS en los supermercados. Esa sería una medida efectiva, que impactaría de manera directa y sin intermediarios a los consumidores finales de esos bienes.
Con la eliminación del pago del ITBIS a los 67 articulos incluidos en el proyecto de ley de tasa cero por un período de seis meses, el gobierno solucionaría dos problemas. Por un lado, abarataría los precios de esos productos en los supermercados beneficiando de manera directa al público consumidor. Y por otro lado, el sector agropecuario, que sería el más perjudicado si se aprueba el proyecto de ley antes señalado, continuaría trabajando sin sobresaltos y sin temor de que le inunden el mercado de productos importados de países que subsidian la producción de bienes y servicios. Ante este panorama cabe preguntarse, ¿Porque las presentes autoridades insisten en acelerar la aprobación de este cuestionado proyecto?
La economía dominicana en estos momentos se encuentra en franco período de recuperación de post pandemia. Y aunque la invasión rusa a Ucrania ha desestabilizado los mercados a nivel internacional, provocando un aumento sostenido de los precios en todas las economías del planeta, nos coloca en una posición que debemos ser creativos a la hora de impulsar políticas que afecten a la colectividad. La cámara de diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de tasa cero a 67 productos importados. Sin duda alguna que el senado de la república hará lo propio. Agotado este proceso protocolar de las cámaras legislativas, queda en manos del presidente de la república la promulgación o no del referido proyecto. En él recaerán las consecuencias futuras de esta decisión. Apostamos a la prudencia y el buen juicio del primer mandarario de nación.
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