BARAHONA.- Un grupo de organizaciones, representativas de la sociedad civil de la ciudad y provincia de Barahona y la región Enriquillo, defensoras del medio ambiente, los recursos naturales, los derechos humanos y el desarrollo integral y sostenible, rechazaron las concesiones de exploración y explotación minera de la roca caliza en la Sierra de Bahoruco Oriental y a la exportación a granel del carbonato de calcio por el puerto de la ciudad.
Las organizaciones de la sociedad civil de Barahona, afirman que el carbonato de calcio y la caliza al granel en el puerto, ocasione graves e irreparables daños al ambiente, a la salud, a la vida social, a la infraestructura de servicios y al desarrollo económico de la provincia y de toda la región, además de los visos de ilegalidad y pobre transparencia en los dos proyectos.
En documento de manifiesto, los barahoneros denunciaron que las concesiones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas de éste y el anterior gobierno se viola la Carta Magna, en sus artículos 15, 16 y 17, y el ordenamiento jurídico establecido por las leyes No.64-00, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No.202-04, sobre Áreas Protegidas, No.123-71, que prohíbe la extracción de los componentes de la corteza terrestre, No.541-69, Orgánica de Turismo, No.266-04, que establece el Polo Turístico de la Región Suroeste y el Decreto No.226-87, que establece el ordenamiento territorial de Barahona.
Afirmaron que seis de nueve concesiones de exploración y explotación, están ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva científica Padre Miguel Fuertes o en su periferia, lo que representa una grande y terrible amenaza de desaparición de más de ríos y arroyos que en ella tienen su nacimiento, que abastecen los acueductos de más de 50 comunidades urbanas y rurales, además de que riegan las tierras de la comarca, que de producirse tendría repercusiones inestimables sobre la secular e importante actividad productiva del Bahoruco Oriental, estimulada por su alta pluviometría y caracterizada por la producción de café, tubérculos y frutos menores, cuya superficie productiva sería disminuida en dos mil 500 hectáreas.
“Las consecuencias sociales y económicas de este impacto serían trágicas, ya que mandaría irremediablemente a la quiebra a miles de medianos y pequeños propietarios y productores agrícolas y pecuarios, junto con otros tantos empresarios agroindustriales y comerciantes conexos, que arrastrarían consigo a la pobreza a familiares y decenas de miles de personas que engrosarían el amplio segmento de pobreza que caracteriza a la provincia de Barahona y la región Enriquillo”, advirtieron.
Precisaron, además, que la explotación y exploración, amenaza la endémica y rica biodiversidad que en El Monumento tiene su hábitat, porque el derribo de sus lomas acarrearía la destrucción del bosque húmedo y semihúmedo, y con él la desaparición de la “lluvia horizontal” que caracteriza esa zona del Bahoruco Oriental.
Advirtieron, también, que los profundos cráteres que crearán, la contaminación que generarán los altos decibeles de ruido y las continuas nubes de polvo y gas que producirán los equipos y maquinarias en operación en las minas durante sus 75 años de vigencia, terminarán por destruir el bosque húmedo y tan valiosa Reserva Natural, a pesar de que el peligro que amenaza no la zona, no se detiene ahí.
Informaron que la empresa Belfond Enterprises S.R.L., que recibió dos concesiones (INCOA, 2015, y Santa Elena, 2018), consiguió junto al grupo Estrella que, en sólo 15 días, el gobierno le concediera los permisos que en siete años no habían podido conseguir con el anterior, para culminar el proceso “legal” que le autorizara el inicio de la explotación minera, el montaje de una planta trituradora de la roca caliza en el camino de Santa Elena, la instalación de equipos en el puerto de Barahona y su rehabilitación para la exportación del carbonato de calcio, en simultaneidad con la operación del turismo de cruceros.
“Esta autorización “a vapor” está en abierta contradicción con el espíritu del Decreto No.8338, del 29 de mayo del 1977, que prohibió la exportación de yeso por el puerto de Barahona, debido a que el polvillo que se esparcía sobre la ciudad durante sus operaciones afectaba gravemente la salud de la población, razón por la que, en atención al fuerte reclamo de la ciudadanía, con acertada visión estratégica, se ordenaron los estudios de un nuevo puerto en la Bahía de Neyba para la exportación de productos mineros, industriales y agrícolas, impulsando así el desarrollo económico de la región Suroeste”, precisaron.
Advirtieron que tampoco es lógico ni sensato, ni obedece a planificación previa alguna, concebir el desarrollo simultáneo de la operación de maquinarias y equipos para la exportación a granel de carbonato de calcio y de productos agrícolas e industriales con una actividad tan sensible como la operación de turismo de cruceros.
“Son a todas luces incompatibles en tan reducido espacio. Pero, además, las instalaciones de la Belfond y otras empresas en el puerto ha eliminado la visión panorámica que del litoral marino tiene el malecón de Barahona, que sería destruido al convertirse en vía principal de acceso de las pesadas volquetas y vehículos de transporte del material procedente de la planta y, a la vez, quedaría anulado como lugar por excelencia de celebraciones y esparcimiento de la población citadina, que sería expuesta junto a los turistas a una situación de alto riesgo con el constante y peligroso tránsito de tales equipos”, precisaron las organizaciones barahoneros.
Calificaron como un crimen con repercusiones catastróficas, lo que se pretende cometer contra Barahona y la región Enriquillo, la salud de su pueblo, sus riquezas naturales y biodiversidad, su patrimonio y sus posibilidades de desarrollo turístico, económico-social-cultural integral y sostenible, con las concesiones de explotación minera de piedra caliza en el Bahoruco Oriental y la exportación de su producto por el puerto de la ciudad.
Denunciaron su decisión de oponerse firmemente a “tan pernicioso despropósito y reclamamos ante el presidente de la Republica y las autoridades competentes, la anulación de las concesiones de exploración y de explotación otorgadas en el Bahoruco Oriental, la suspensión y desestimación del proyecto de exportación de carbonato de calcio por el puerto de Barahona.
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