La Alianza Público – Privada. ¿Beneficia o Perjudica al Estado Dominicano?

Por: José A. Mateo Gil

En los últimos días, el tema de la alianza público-privada propuesta por sectores interesados de la vida nacional, ha circulado en los medios de comunicación y las redes sociales, despertando pasiones en la población y generando un debate que ha divido a la sociedad dominicana entre los partidarios de esa iniciativa y los que tienen sus reservas debido a la amarga experiencia del pasado, respecto a la participación del sector privado como socio de las empresas del estado.

Con el propósito de ubicar al lector sobre el contexto en que el estado dominicano se convirtió en propietario de una cantidad considerable de empresas, partiremos del marco teórico que desarrollaron los economistas más connotados en la historia del pensamiento económico para vincularlo, como nota recordatoria, con las razones que dieron origen a la participación del Estado Dominicano en la actividad económica. En condiciones normales, estas empresas debieron pertenecer al sector privado y que por una coyuntura histórica pasaron a formar parte del patrimonio nacional. En tal sentido, haremos algunas reflexiones en relación con la factibilidad o no de la participación del sector privado en las empresas ya existentes.

Los economistas clásicos, representados por Adam Smith y David Ricardo, cuando se les preguntaba sobre el papel que debe jugar el estado en la economía, plantearon que “El MEJOR GOBIERNO ES EL QUE MENOS INTERVIENE EN LA ECONOMIA”. En tanto que, la escuela Keynesiana representada por John Maynard Keynes, ” CONCEDEN AL ESTADO UN PAPEL CENTRAL EN LA DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA”. En cambio, la escuela monetarista, con Milton Friedman a la cabeza, “RECHAZAN LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA PORQUE DE ACUERDO A SU CRITERIO DISTORCIONA LOS MERCADOS”. Friedman criticó duramente la teoría Keynesiana y defendió a capa y espada los planteamientos de Adam Smith y demás teóricos de la escuela clásica.

La República Dominicana, a diferencia de otras naciones del hemisferio, registra entre sus archivos acontecimientos históricos irrepetibles en la región. El 5 de julio de 1961, el Presidente Joaquín Balaguer impartió instrucciones para que se realizara un inventario de las empresas y bienes propiedad del dictador Rafael Leónidas Trujillo quien gobernó con mano dura la República Dominicana durante 31 años, desde 1930 hasta 1961. Este fue uno de los períodos más negro, sangriento y represivo que sacudió a la sociedad dominicana. Pero a su vez representó el inicio de la organización del estado dominicano y la consolidación del incipiente desarrollo de la industria producto de la concentración de éstas como patrimonio de la familia del dictador.

En el período de gestión gubernamental del Presidente Trujillo, éste se adueñó de grandes extensiones de terreno y la mayoría de las empresas prosperas de la época. Tiempo después del ajusticiamiento del tirano, el estado dominicano se adjudica todos sus bienes, agrupando en varias empresas lo que fue la totalidad su patrimonio. Para tales fines, se creó El Consejo Estatal del Azúcar (CEA), compuesto por 348, 329 tareas de tierra en todo el territorio nacional. La Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), con 24 empresas. La Corporación Dominicana de Electricidad, entre otras.

Este emporio estatal expropiado a la familia Trujillo, poco común en los países de la región, consolida y construye un estado dominicano fuerte y robusto, capaz de disminuir el desempleo que afectaba a la población económicamente activa de la época. Es importante destacar, que este nuevo estatus que adquiere el estado dominicano no fue producto de una intervención manifiesta del estado en la economía, sino que fue el resultado de una coyuntura histórica, inusual en estos litorales que no le da la categoría de un estado interventor en los asuntos económicos descrito por los grandes exponentes de la teoría económica. Por tal razón, las pretensiones del sector privado de participar como socio de las empresas del estado requieren del concurso de los diferentes sectores de la vida nacional.

Para tales fines, la figura del plebiscito consagrado en la Constitución de la república, puede ser la herramienta ideal para debatir tan importante proyecto. Las autoridades vigentes, en su gran mayoría no habían nacido cuando por una jugada inesperada de la historia, el estado dominicano se convirtiera en propietario de todas esas empresas. Pretender repetir los desatinos del pasado, poniendo en manos del sector privado lo que por derecho es propiedad del pueblo, constituye un acto lesivo a los mejores intereses del pueblo dominicano. Nunca como ahora debe primar la sensatez de nuestra clase gobernante.

Los planteamientos de los de los economistas clásicos, keynesianos y monetaristas sobre la intervención del estado en la economía, son válidos y encajan en la realidad dominicana, aún con las características particulares que dieron origen a nuestro emporio estatal. Hay que tener presente que los sectores que promueven la alianza público-privada justifican su interés argumentando que el sector público es mal administrador. Esa visión perdió vigencia cuando el gobierno dominicano puso en manos del sector privado las tres empresas distribuidoras de electricidad, los resultados fueron catastróficos.

Somos de opinión de que esta alianza pudiera ser factible para los proyectos relacionados a las tierras del CEA y otras empresas de CORDE que aún permanecen en poder del estado. Pero jamás tocar las empresas relacionadas a los sectores eléctricos, salud y agua potable, por estar éstos vinculados a temas de índole social, que los inversionistas privados no estarían en disposición de asumir porque su misión es multiplicar de manera exponencial cada peso invertido para beneficio propio, no para resolver problemas sociales. En tanto que el gobierno como propietario y administrador de las empresas antes señaladas, si pueden cubrir las debilidades y carencias de las clases más necesitadas, y por ser, además, consideradas como empresas estratégicas de seguridad nacional. La sociedad del siglo XXI requiere de la consolidación de principios democráticos, donde las grandes decisiones deben tomarse por consenso, nunca de manera individual como hoy pretenden los nuevos inquilinos del Palacio Nacional.

La reacción del pueblo dominicano ante las pretensiones antes señaladas no se ha hecho esperar. Las redes sociales y los principales medios de opinión del país rechazan la iniciativa de vender los bienes del estado. La preocupación de la gente es válida, por el hecho de que, por un lado, el Presidente Abinader niega categóricamente que exista el plan privatizador en su gobierno. Sin embargo, un funcionario de primer orden, como lo es el Ministro de la Presidencia, en la misma semana de la negación del presidente, reafirma los aprestos privatizadores de las empresas del estado.

Lo justo sería, que si el sector privado desea invertir en los diferentes sectores de la economía, se ponga de acuerdo con el gobierno para pactar tan deseada alianza público-privada. Claro está, sin tocar las empresas estratégicas que ya existen, y que le han costado tanto sacrificio al pueblo dominicano. El actual Ministro de Energía y Minas planteo abrir una licitación pública para que el sector privado invierta en la construcción de nuevas plantas de generación de energía. Esa es una buena e interesante propuesta que los generadores privados deben ponderar si quieren ayudar a sacar este país adelante. El poeta popular Juan Antonio Alix, describe con mucha gracia lo que aquí se plantea, en su décima ” COGER LOS MANGO BAJITOS “.

” Dice don Martin Garata

Persona de alto rango

Que le gusta mucho el mango Porque es una fruta grata Pero treparse en la mata Y verse en lo cogollitos Y en aprietos infinitos Por ser eso peligroso Se lo encuentra más sabroso Coger los mango bajitos….”. Los tiempos de Martín Garata deben ser cosas del pasado.

La alianza público-privada pudiera ser una buena iniciativa, si en los términos de la negociación el estado dominicano no sale perjudicado como en ocasiones anteriores. Porque el mal está en los términos en que se firman los CONTRATOS, siempre se han hecho en perjuicio del estado dominicano. Si bien es cierto que con dicha alianza el estado recibiría recursos frescos para solventar las necesidades económicas de la presente gestión de gobierno. No es menos cierto que desprenderse de un patrimonio estatal como las plantas de Punta Catalina, que es el objetivo final de todo este ruido, castraría la posibilidad de que el estado garantice la estabilidad de generación y comercialización de energía. Por lo que esta es una decisión que debe ser discutida por todos los sectores de la vida nacional.

La capitalización de las empresas del estatales de finales del siglo XX, la firma del contrato para la construcción de la carretera Santo Domingo – Samaná y el firmado con la Barríck Gold para la extracción de oro de la mina de Pueblo Viejo de Cotuí, entre otros, fueron alianzas público-privada que han perjudicado al pueblo dominicano. No pretendemos satanizar este proyecto, pero sí es nuestro interés velar, como un ciudadano de la patria, por la protección de ese patrimonio, que es de propiedad exclusiva del pueblo dominicano y no de alguien en particular.

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