Las Parras y la necesidad de pensar el sistema completo

Por Carlos Manuel Diloné

La puesta en funcionamiento del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras constituye, sin lugar a dudas, un avance necesario dentro del proceso de reforma penitenciaria dominicana. Su concepción moderna, su enfoque en condiciones más humanas para los privados de libertad y su objetivo de aliviar el histórico hacinamiento de la Penitenciaría Nacional de La Victoria responden a una deuda largamente reconocida del Estado dominicano.

Durante décadas, La Victoria simbolizó las carencias estructurales del sistema penitenciario nacional. Construida en 1952, fue presentada como un paso de modernización institucional y una solución destinada a descongestionar las cárceles existentes en fortalezas militares y otros recintos inadecuados. Reconocer ese contexto inicial es imprescindible para comprender tanto su razón de ser como los errores que se acumularon con el tiempo.

La experiencia histórica: una advertencia clara

La Penitenciaría Nacional de La Victoria fue concebida originalmente para albergar entre 1,200 y 1,700 privados de libertad. Incluso tras remodelaciones posteriores, su capacidad funcional apenas superó los 2,000 internos. Sin embargo, durante más de siete décadas, la población penitenciaria creció de manera sostenida sin que la infraestructura se ampliara proporcionalmente.

Los registros oficiales y periodísticos documentan que para el año 2007 La Victoria alojaba alrededor de 4,200 reclusos; en 2014 la cifra superó los 8,500; y en determinados momentos llegó a rozar o incluso superar los 9,000 privados de libertad, multiplicando por cuatro y hasta por cinco la capacidad para la cual fue concebida. Este desbordamiento no fue circunstancial, sino estructural y prolongado.

Las consecuencias fueron previsibles y están ampliamente documentadas: hacinamiento extremo; convivencia forzada entre preventivos y condenados, adultos y menores; control interno de áreas por parte de reclusos; proliferación de enfermedades infecciosas como tuberculosis, VIH y otras patologías asociadas a condiciones insalubres; además de trastornos mentales sin atención adecuada. A ello se sumaron episodios recurrentes de violencia, motines, fugas e incendios mortales.

El incendio ocurrido en marzo de 2024, que costó la vida a trece privados de libertad, no constituyó una anomalía aislada, sino la expresión tardía de un colapso largamente anunciado. Durante décadas, múltiples informes, denuncias y reportajes advirtieron que el problema no era coyuntural, sino consecuencia directa de una planificación penitenciaria insuficiente frente al crecimiento poblacional y la presión judicial.

La principal lección que deja La Victoria no es que su existencia fuera el problema, sino que haberla utilizado como única válvula de escape penitenciaria para el Gran Santo Domingo la condenó al colapso. El crecimiento urbano y demográfico avanzó; la infraestructura, no.

Demografía y presión penitenciaria

Según el Censo Nacional de 2022, cerca del 42 % de la población de la República Dominicana se concentra en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y San Cristóbal. Estas demarcaciones generan, de forma natural, la mayor carga judicial y penitenciaria del país.

En la actualidad, esta vasta región depende fundamental y cotidianamente del Centro Penitenciario de Najayo —ubicado en San Cristóbal y compartido con esa provincia— y del nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, aún en proceso de desarrollo por fases. Si bien existen otros centros correccionales en el Gran Santo Domingo, estos responden a funciones, regímenes o poblaciones específicas y no absorben de manera regular la presión penitenciaria generada por esta área metropolitana.

Esta realidad obliga a pensar el sistema penitenciario no como una obra puntual, sino como una red de infraestructuras complementarias, capaz de responder de forma sostenida a la dinámica judicial y demográfica de la principal región urbana del país.

El riesgo de clausurar definitivamente La Victoria

En este contexto, la decisión de clausurar de manera definitiva la Penitenciaría Nacional de La Victoria y destinar su emplazamiento a otros fines introduce una preocupación legítima. Se ha informado que el espacio sería transformado en una plaza educativa y cultural, con museos, recintos universitarios y oficinas públicas, conservando apenas un centro de detención preventiva de escala reducida.

No se cuestiona aquí el valor de los proyectos educativos, culturales o administrativos, todos necesarios para el desarrollo nacional. El problema radica en eliminar de forma irreversible una infraestructura penitenciaria estratégica, localizada en el corazón de la región más poblada del país, reduciendo la capacidad futura del sistema en nombre de una solución inmediata.

La política pública responsable no se limita a resolver urgencias; debe preservar opciones. La experiencia histórica demuestra que el crecimiento poblacional y la dinámica judicial ejercerán, inevitablemente, una presión creciente sobre el sistema penitenciario del Gran Santo Domingo. Apostar a que una o dos instalaciones bastarán de forma permanente es una suposición que el propio pasado desmiente.

Planificar sin repetir errores

Lejos de defender La Victoria tal como fue, lo razonable habría sido su adecuación progresiva y redefinición funcional, integrándola a un sistema penitenciario más amplio, diversificado y flexible. Convertirla en un centro de menor densidad, especializado o complementario, habría permitido distribuir mejor la población penal y reducir el riesgo de futuros colapsos sin sacrificar capacidad estatal ya existente.

La apertura de Las Parras es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Pero ningún sistema complejo puede sostenerse sobre una única respuesta, por moderna que esta sea. Cuando se desmantela una instalación de la magnitud histórica y territorial de La Victoria, no se está cerrando un capítulo del pasado, sino cancelando una posibilidad para el futuro.

Cuando dentro de algunos años vuelva a manifestarse el problema del hacinamiento —como ya ocurrió antes— no podrá alegarse sorpresa ni desconocimiento. La advertencia está hecha desde los datos, la experiencia y la memoria institucional. Y una crisis anunciada, cuando se materializa, deja de ser una fatalidad para convertirse en una responsabilidad histórica evitable.