Memorándum sobre el modus vivendi dominicano, sus efectos hasta el presente, y las razones que llevaron a su adopción.

Por: Ing. Carlos Manuel Diloné

El Memorándun que ofrecemos en esta ocasión, fue elaborado por el señor Thomas Cleland Dawson, Ministro y Cónsul General de EE.UU. en la República Dominicana (1904-1907), período durante el cual negoció la Convención Fiscal Americana-Dominicana de 1907; en virtud del acuerdo financiero provisional conocido como “Modus Vivendi”, puesto en vigor mediante Decreto por el Presidente Carlos F. Morales Languasco, acorde con los términos de la Convención Dominico – Americana de febrero de 1905, que no había sido sancionada por el Congreso de los Estados Unidos y, ante la presión que ejercían varias potencias europeas sobre la República Dominicana, para el pago de las acreencias de sus connacionales ($16.8 MM), en momentos en que el territorio nacional estaba rodeado por diez (10) buques de guerra europeos que amenazaban con ocupar las aduanas para cobrarse por cuenta propia los valores adeudados por la República a los tenedores de bonos de sus respectivas naciones.

La fuente de esta información proviene de:

Ministro Dawson al Presidente.

Washington , 1 de julio de 1905.

El modus vivendi financiero puesto en vigor el 1 de abril por un decreto del Gobierno dominicano fue el resultado natural de la situación, el desarrollo lógico de lo que había pasado antes, el método más seguro para cubrir el intervalo hasta la ratificación del tratado pendiente, el único medio aparente por el cual el Gobierno dominicano podría obtener dinero suficiente para existir y mantener el orden y al mismo tiempo todos los acreedores recibir una garantía razonablemente satisfactoria.

Sus disposiciones son simplemente que estadounidenses imparciales y competentes recaudarán todos los derechos de aduana, pagando el 45 por ciento al Gobierno dominicano y depositando el resto como un fondo fiduciario, que luego será distribuido entre los acreedores en proporción a sus justos reclamos. Mientras tanto, todos los acreedores deberán renunciar temporalmente a cualquier derecho especial que posean y no se les permitirá insistir en el pago inmediato.

La historia de Santo Domingo demuestra de manera concluyente que ningún gobierno puede, por muy buenas intenciones que tenga, imponer el envío regular del total de los ingresos aduaneros al tesoro nacional o aplicar al pago de sus deudas los ingresos que puedan llegar a sus manos.

Además, el deseo de obtener la posesión de las aduanas es el principal motivo e incentivo de las revoluciones. La recaudación extranjera y la administración judicial eran, por tanto, necesarias si se quería pagar a los acreedores y poner fin a la guerra civil.

El modus vivendi lleva ya tres meses en vigor, y hasta el momento ha tenido un éxito gratificante. Ha dado a la República Dominicana todos y más de los beneficios que el Presidente Morales y sus asesores esperaban cuando lo elaboraron y adoptaron y obtuvieron su aceptación por parte de los Estados Unidos y las naciones acreedoras europeas.

Efectos del modus vivendi.

1. Desde su puesta en marcha no se ha producido ninguna revolución ni desórdenes graves, y por primera vez desde 1899 ha cesado la conspiración activa contra el gobierno establecido.

2. El país siente una razonable seguridad de que la paz continuará, y todas las ramas de la industria productiva han sentido un fuerte impulso. Los cultivadores de tabaco de los valles del norte, que casi habían abandonado ese cultivo durante los años revolucionarios, han comenzado de nuevo a plantar en gran escala. La cosecha de tabaco de este año será más del doble que la del año pasado. Por primera vez en años, la industria azucarera está en aumento y la mayoría de las plantaciones están sembrando nuevos campos extensos. A pesar de los bajos precios, la industria del cacao es próspera, y las existencias de ganado se están reponiendo de nuevo.

3. A pesar de que el 55% de los ingresos aduaneros se remiten a Nueva York, el Gobierno Central Dominicano dispone de más efectivo para sus gastos que en cualquier otro momento de los últimos cinco años. Esta aparente paradoja se explica porque por primera vez en la historia del país el control de los ingresos por parte de la autoridad central es real y no meramente nominal. Antes, las autoridades militares y fiscales locales disponían a su antojo de los ingresos de los distintos puertos.

4. El Gobierno dominicano se ha liberado de la necesidad de hacer préstamos a corto plazo con intereses y bonificaciones ruinosas, y de conceder a los importadores enormes reducciones de las tasas arancelarias legales. Por primera vez el gobierno central sabe exactamente cuánto dinero está seguro de recibir, y está en condiciones de mantener sus gastos dentro de sus ingresos reales. Se ha acumulado un pequeño superávit de caja; el gobierno paga regularmente a sus empleados y obtiene la ventaja de comprar sus suministros al contado.

5. La introducción de métodos comerciales honestos y sensatos en las aduanas ha aumentado en gran medida los ingresos en efectivo. El Sr. Colton ha recaudado a razón de 2.500.000 dólares al año. En los años anteriores los ingresos en papel no superaban los 1.800.000 dólares, y desde 1901 ni la mitad de esta cantidad ha estado realmente bajo el control de ningún gobierno central.

6. Por el momento, al menos, el país se ha liberado de la amenaza de una incautación forzosa por parte de las potencias extranjeras de aquellos puertos cuyos ingresos han sido hipotecados.

7. Las reclamaciones pendientes contra el Gobierno dominicano ascienden a varios millones de dólares, y de no haber sido por la adopción del modus vivendi el Gobierno dominicano se habría visto obligado a reconocerse en deuda por cantidades exorbitantes e injustas. Sin embargo, el acuerdo existente evita cualquier esfuerzo actual para asegurar la liquidación de estos créditos y da la seguridad de que cuando se liquiden será en términos justos y favorables para Santo Domingo. Esto es una gran ventaja, porque los anteriores gobiernos dominicanos nunca han estado en condiciones de exigir u obtener un trato igual o justo cuando las reclamaciones fueron presionadas por los acreedores extranjeros. Los frecuentes cambios violentos de la administración, los arreglos corruptos que a menudo se celebraban entre los que estaban temporalmente en el poder y los financieros extranjeros o los comerciantes locales, y la mala reputación del país en el cumplimiento de sus acuerdos financieros, privaron a sus representantes de toda fuerza moral. La fuerza física no la tenían. Por lo general, las transacciones originales en las que se basaban las reclamaciones eran privadas y verbales, y después de una revolución no quedaría ningún documento en manos de los nuevos funcionarios dominicanos que les permitiera refutar las declaraciones de los reclamantes. Por lo tanto, los sucesivos gobiernos dominicanos han estado prácticamente a merced de sus acreedores en la determinación de los montos de las deudas no liquidadas. Cuando, como solía ocurrir, una reclamación extranjera estaba respaldada por las enérgicas representaciones de un representante diplomático, que naturalmente tomaba la palabra de su compatriota y cuyas representaciones y demandas eran necesariamente atendidas con prontitud debido a la presencia de un buque de guerra, es evidente que un Gobierno dominicano no podía hacer otra cosa que aceptar la cantidad y los términos inscritos por el acreedor extranjero. Además, al ser notoriamente mal pagador, Santo Domingo no podía esperar descuentos y la cara del reclamo era a menudo sistemáticamente hinchada como una especie de seguro contra el riesgo innegable de que nada sería de hecho cobrado, no importa cuánto se acordara.

8. Liberado temporalmente de la amenaza de la revolución interna y de la intervención extranjera, el actual Gobierno dominicano se dedica con empeño y éxito a la organización de su administración civil, municipal y judicial. Los jefes militares, cuya principal cualidad para el gobierno local era su valor y resolución para sofocar la revuelta, están siendo sustituidos por funcionarios con mayor conocimiento y respeto por la ley y la libertad personal. Los municipios están mejorando sus calles, y sus ingresos ya no son susceptibles de ser confiscados por los jefes militares. La ciudad de Santo Domingo, casi arruinada por tres prolongados asedios, está siendo mejorada. Ya se están construyendo o reparando algunos edificios públicos necesarios, y el siguiente paso contemplado por la administración del presidente Morales es la habilitación de los caminos del interior para las carretas. En la actualidad no hay un camino de carretas de 10 millas de largo en toda la República. Muchas escuelas han sido reabiertas y los tribunales civiles y penales están reanudando sus funciones normales.

9. El Sr. Colton está depositando en un banco de Nueva York 100.000 dólares al mes. Estas sumas están enteramente fuera del control de cualquier gobierno dominicano, constitucional o revolucionario, y todos los acreedores se sienten seguros de que estas sumas sustanciales están siendo puestas fuera del alcance de la confiscación y serán dedicadas tan prontamente como sea posible al pago proporcional de todas las demandas justas. Durante los últimos cinco años ningún Gobierno dominicano ha intentado pagar ninguna cantidad sustancial de ninguna de sus deudas. Ahora, por primera vez, los acreedores tienen la seguridad de que realmente recibirán algo. Por lo tanto, todos, con apenas una excepción, están muy satisfechos con el modus vivendi y no tomarán ninguna acción que tienda a perturbarlo.

10. Por último, el modus vivendi, al menos por el momento, elimina absolutamente a Santo Domingo como factor internacional potencialmente perturbador. Sus gobiernos han firmado un protocolo tras otro con las naciones acreedoras, comprometiéndose solemnemente a pagar las sumas anuales fijadas en ellos. Ninguno de estos tratados ha sido observado, y la cantidad anual que por sus términos Santo Domingo se ha obligado a pagar es ahora mayor que los ingresos anuales que cualquier gobierno dominicano ha sido capaz de recaudar por sus propios funcionarios y maquinaria. En los últimos años, la intervención forzosa del extranjero para la ejecución de las deudas ha sido inminente en repetidas ocasiones y no podría haberse aplazado mucho tiempo si no se hubiera propuesto y aceptado el modus vivendi. Además, algunos de estos tratados comprometen los ingresos de determinadas aduanas al pago de determinadas cantidades anuales. Los acreedores extranjeros que no están asegurados de esta manera pueden esperar obtener, a través de la presión diplomática de sus respectivos gobiernos, hipotecas similares de los puertos que no están comprometidos. Si una de estas hipotecas es ejecutada, el resto seguramente seguirá su ejemplo. No se puede esperar que cada nación consienta voluntariamente en tomar de los ingresos de la aduana así en sus manos menos de la cantidad total acordada en su respectivo tratado. El Gobierno dominicano no tiene ingresos apreciables fuera de los recaudados a través de las aduanas, y por lo tanto se quedaría sin ningún fondo para hacer frente a sus gastos administrativos y para mantener el orden. Esto significaría la anarquía, y para evitarla las naciones involucradas se verían obligadas a hacer algún acuerdo entre ellas por el cual se asignaría un ingreso vivo a Santo Domingo. En tal acuerdo los Estados Unidos serían necesariamente una parte y estarían obligados a asumir al menos su responsabilidad proporcional en virtud del mismo. Pero la negociación de tal acuerdo sería extremadamente complicada y difícil, mientras que bajo el modus vivendi las naciones acreedoras se liberan de la molestia de tomar posesión cada una de una aduana diferente y de establecer una serie de administraciones aduaneras separadas y posiblemente discordantes; también, los acreedores mismos están dispuestos a aceptar una distribución de los ingresos netos totales realizados bajo el modus vivendi, siempre que se haga bajo los auspicios imparciales del Gobierno de los Estados Unidos. Otra consideración que es de la primera importancia es el hecho de que una incautación separada de las aduanas por las diferentes naciones acreedoras resultaría en una posesión prácticamente permanente. Por ejemplo, el 55 por ciento de los ingresos de Santo Domingo y Macorís no daría una cantidad lo suficientemente grande como para pagar más del 2 por ciento anual sobre los bonos franceses y belgas. Por lo tanto, no se podría prever ningún fondo de amortización. Las reclamaciones italianas ascienden a unos 2.500.000 dólares, y no se puede esperar que los ingresos de Samaná y Sánchez proporcionen más de 150.000 dólares al año para ser aplicados a su pago. Pero si todas las aduanas se colocan bajo una sola administración, los estadistas y financieros dominicanos, teniendo ante sus ojos una lección objetiva de finanzas sanas, pronto se volverían competentes para manejar la maquinaria por sí mismos; los acreedores adquirirían confianza a medida que sus dividendos llegaran con regularidad; los cobradores extranjeros podrían ser reemplazados gradualmente por dominicanos; las deudas podrían ser convertidas en términos favorables, y, finalmente, la necesidad de un control financiero extranjero desaparecería por sí misma.

Inestabilidad de la situación actual.

Por muy ventajoso que haya resultado el modus vivendi para el pueblo dominicano, para el Gobierno dominicano, para los acreedores y para las potencias extranjeras que tienen relaciones e intereses en Santo Domingo, no es más que un apaño y descansa sobre bases muy inseguras. En realidad, las dos cosas que han dado fuerza y han asegurado la aceptación general del modus vivendi son: Primero, el prestigio de su pronta y unánime aceptación por todas las naciones acreedoras. El dominicano más irreflexivo se da cuenta de que su fiel cumplimiento es la última oportunidad para una rehabilitación de Santo Domingo a los ojos del mundo civilizado. En segundo lugar, el modus vivendi es considerado en Santo Domingo como una preparación necesaria y preliminar a la ratificación y entrada en vigor del tratado del 7 de febrero. Su repudio, por lo tanto, sería considerado por los dominicanos como una virtual notificación a los Estados Unidos de que el tratado no sería ratificado por el Congreso dominicano. Una acción tan radical es rechazada por todas las partes.

Sin embargo, la condición bajo el modus vivendi es de equilibrio inestable, y el pueblo de Santo Domingo, sus gobernantes, y especialmente sus clases comerciales e industriales, esperan ansiosamente la ratificación del tratado.

Esbozo explicativo de la historia y condiciones dominicanas recientes.

Me he esforzado más arriba en incorporar suficientes detalles para dejar claro lo que es realmente el modus vivendi, las condiciones para las que fue concebido y por qué ha resultado tan adecuado a las exigencias de la situación. No fue un plan concebido de nuevo por el Presidente de Santo Domingo o sus asesores, sino la secuencia natural y casi inevitable de la historia anterior de ese infeliz país. Por lo tanto, una breve reseña de esa historia puede arrojar más luz sobre la situación actual y puede tender a convencer a los que no están familiarizados con el tema de la verdad de las afirmaciones anteriores.

Desde la fundación de la República, en 1844, hasta 1886, una revolución sucedió rápidamente a otra; ningún presidente terminó su mandato, y apenas pasó un año sin una guerra civil. En 1861 Santana, entonces presidente, convencido de que no era posible un gobierno independiente en Santo Domingo, negoció un tratado de anexión con España. Pero tres años más tarde sus opositores se rebelaron contra el desgobierno español y sus funcionarios fueron expulsados. En 1873 el país había llegado de nuevo a tal punto que Báez, el entonces presidente, negoció un tratado de anexión con Estados Unidos, pero el proyecto fracasó por la negativa del Senado estadounidense a ratificarlo. Al fracasar, Báez fue expulsado del poder, tras otra sangrienta guerra civil. Pero sus exitosos oponentes fueron incapaces de establecer un gobierno estable, y el desorden fue casi continuo hasta aproximadamente el año 1886, cuando Ulises Heureaux logró luchar contra sus agotados oponentes hasta un punto muerto y obtener el reconocimiento de su supremacía por parte de todos los caciques locales.

Heureaux era un hombre de invencible coraje personal, un trabajador infatigable, un astuto juez de los motivos humanos, implacable, implacable y de sangre fría. Tomó el país tal y como lo encontró, se preocupó poco de las reformas civiles o administrativas y se limitó a reprimir las revueltas y a tratar de enriquecerse. El método que adoptó para asegurar la paz y su propia supremacía fue asegurarse un seguimiento en cada parte del país empleando a un gran número de funcionarios y pagando pensiones a todos aquellos cuyo valor o influencia hicieran que valiera la pena aplacarlos. He visto su presupuesto secreto para la provincia de Samaná, y muestra que al menos el 10 por ciento de todos los hombres sanos estaban en su nómina, y la mayoría de ellos sin pretender prestar ningún servicio al Estado, excepto el de estar listos para apoyar a Heureaux en caso de revuelta. Si este soborno no lograba mantener tranquilo a un individuo, Heureaux recurría a amenazas, destierros, asesinatos secretos y, si todo esto fallaba, a una ejecución militar. Durante trece años logró evitar cualquier revuelta seria contra su gobierno, y si sus habilidades financieras hubieran estado a la altura de sus habilidades políticas, sin duda habría continuado siendo el gobernante indiscutible de Santo Domingo hasta el día de hoy. Pero no quiso confiar en nadie, se empeñó en tratar de llevar las finanzas sin ayuda responsable y competente, no entendió la necesidad de llevar la contabilidad, fue tontamente pródigo en sus regalos a los amigos, gastó grandes sumas en sus vicios personales y, lo peor de todo, midió con confianza su propia astucia financiera contra el ingenio entrenado de los prestamistas profesionales. El resultado fue que se vio abrumado por las demandas que le hacían los dominicanos a los que subvencionaba, pidió dinero prestado en el extranjero en condiciones desventajosas, cuando los intereses vencieron hizo nuevas emisiones de bonos, se asoció con concesionarios y comerciantes, y se hundió más y más en el fango financiero, hasta que en 1898 la deuda nominal superaba los veinte millones de dólares, y no sabía a dónde acudir para conseguir un dólar de dinero listo.

Pero el daño había sido más profundo que la mera acumulación de esta deuda, desproporcionada en relación con la población y la riqueza del país. Miles de los ciudadanos más educados, talentosos, valientes y enérgicos del país habían sido desmoralizados por el sistema de pensiones. Se les había educado en la idea de que el gobierno les debía un sustento, y habían perdido en gran medida la capacidad y el deseo de dedicarse a los negocios. Por otra parte, los trece años de paz y la implacable aplicación de las leyes penales habían mejorado mucho la condición de las clases agrícolas y comerciales. Las industrias del azúcar, el cacao, el tabaco y el ganado se habían vuelto prósperas, y la población y la riqueza habían aumentado. Pero las clases educadas y militares siempre resintieron amargamente la tiranía de Heureaux, y finalmente en 1898 una infructuosa y ruinosa emisión de papel moneda le hizo perder la confianza y el apoyo de los ignorantes pero laboriosos campesinos. Los síntomas de revuelta aparecieron simultáneamente en muchas partes de la República, y cuando el 26 de julio de 1899 fue fusilado por un dominicano popular al que estaba a punto de hacer arrestar, el país despertó como de una pesadilla. Horacio Vásquez, jefe de una familia muy extendida y acaudalada en las provincias de Moca y Santiago, y Juan Jimenes, un rico comerciante de Monte Christi, eran los dos hombres más populares y prominentes de la República y, como tales, señalados como los jefes de la revolución que estalló de inmediato. El partido que Heureaux había construido con tanto esfuerzo gracias a sus subvenciones se desmoronó sin apenas oponer resistencia. El Vicepresidente se rindió sin luchar cuando Vásquez apareció a las puertas de la capital; éste fue declarado Presidente Provisional, y cuando Jimenes llegó unas semanas después se acordó que éste fuera Presidente y el primero Vicepresidente. Jimenes comenzó a hacer tabla rasa. Los empleados y ministros de Heureaux fueron sustituidos por jóvenes que, aunque inteligentes, patrióticos y entusiastas, no habían tenido experiencia en asuntos de gobierno. El país era próspero, las exportaciones y las importaciones eran cuantiosas, el nuevo gobierno suprimió la lista de pensiones, repudió las obligaciones de Heureaux con los acreedores extranjeros y expulsó a los agentes fiscales extranjeros que Heureaux se había visto obligado a aceptar para garantizar los préstamos en el extranjero. El nuevo gobierno se encontró, pues, en libre posesión de una gran cantidad de ingresos. Pero en lugar de reservar escrupulosamente una cantidad suficiente para hacer frente a los intereses de la deuda externa, dilapidó sus ingresos de cien maneras. Pronto se organizó una nueva lista de pensiones para satisfacer los clamores de los amigos de Jimenes, y poco después surgieron desavenencias entre sus partidarios y los horacistas, como se llamaba a los que seguían a Vásquez.

Los horacistas se rebelaron y en 1902 consiguieron derrocar a Jimenes. El gobierno instalado por ellos trató de suprimir los abusos fiscales que se habían producido en los diversos puertos, y apreció la necesidad de hacer alguna provisión para sus obligaciones internacionales; pero era demasiado débil para hacer lo primero y demasiado pobre para hacer lo segundo. Se vio obligada a vivir a duras penas con préstamos usurarios a corto plazo, y celebró contratos con los comerciantes importadores que les permitían introducir mercancías a un precio inferior al de los derechos legales. Las autoridades locales hacían lo que les venía en gana, y aunque el gobierno central se conducía en lo esencial con honestidad y desinterés, no podía controlar a sus subordinados ni disponer de los ingresos nominales del país. A los pocos meses los jimenistas se levantaron de nuevo en Monte Christi y otras provincias, y el Gobierno de Vásquez agotó sus recursos en infructuosos intentos de sofocar la rebelión. En marzo de 1903, mientras el Presidente estaba ausente en campaña, un número de personas confinadas en el castillo de Santo Domingo corrompieron a sus carceleros, se unieron a la guarnición y tomaron posesión de la capital. El general Wos y Gil, que había sido presidente muchos años antes, fue inducido a aceptar la presidencia. Vásquez regresó rápidamente con una fuerza considerable y sitió la ciudad, pero la aniquilación de una columna atacante al mando del general Cordero lo desmoralizó por completo, y huyó a Cuba. Wos y Gil obtuvo fácilmente del agotado país un reconocimiento nominal de su supremacía, pero no pudo adquirir un control real de los ingresos, y se formularon acusaciones de corrupción contra sus ministros. En septiembre de 1903, el país estaba de nuevo listo para la revuelta. Se pactó una tregua contra el enemigo común entre jimenistas y horacistas. Carlos Morales, uno de los más jóvenes pero más hábiles de los jefes jimenistas, dirigió una expedición triunfal desde Monte Christi; mientras que Ramón Cáceres, el más popular de los horacistas, cooperó con él desde el norte. Los gobernadores partidarios de Wos y Gil fueron sucesivamente expulsados de todas las partes de la isla, excepto de Santo Domingo, y esa ciudad fue pronto asediada por las fuerzas conjuntas. Tras una desesperada resistencia, Wos y Gill se vio obligado a rendirse. Pero la unión había sido meramente temporal, y resultó imposible reconciliar los celos de las dos partes vencedoras. Se había llegado a un acuerdo por el cual la cuestión de la Presidencia se decidiría por medio de una elección, pero como las elecciones en Santo Domingo siempre van por el camino que desean los funcionarios en posesión, fue imposible ponerse de acuerdo sobre quién debería ser el Presidente Provisional. El partido Horacista no tenía ningún candidato competente o deseoso de ocupar el cargo y decidió que prefería a Morales antes que a Jiménes. En consecuencia, se hizo una alianza entre Morales y los Horacistas, y el primero fue declarado Presidente Provisional en diciembre de 1903.

Mientras tanto, los gobernadores jimenistas habían logrado instalarse en la mayoría de las provincias del norte y del oeste, y Morales fue inmediatamente atacado por sus fuerzas en la capital. En represalia, envió tropas por mar a los puertos del norte, y pronto consiguió apoderarse de todos ellos, excepto de Monte Christi; mientras que Cáceres y Guayabín reconquistaron las grandes ciudades del interior, Santiago, Moca y La Vega. A estos éxitos siguió el reconocimiento del Gobierno de Morales por parte de las potencias extranjeras.

Los barcos de guerra extranjeros se apresuraron a llegar al lugar de los combates en la ciudad de Santo Domingo. Entre ellos estaba el U. S. S. Yankee. El 1 de febrero una de sus lanchas de vapor fue disparada por los revolucionarios en la orilla izquierda del río y el maquinista Johnson resultó muerto. Pocos días después, los mismos revolucionarios dispararon contra el barco de correo estadounidense New York. Siendo evidente que el Gobierno dominicano no podía impedir tales atropellos, el capitán Wainwright, del Newark, obligó, sin derramamiento de sangre, a los revolucionarios a retirarse de la posición desde la que amenazaban la libre comunicación del puerto. El presidente Morales, de regreso de su exitosa expedición al norte, atacó luego vigorosamente a los sitiadores y los derrotó. Una parte se retiró al este, a Macorís, ciudad que no fue reducida hasta marzo, mientras que el resto se dispersó o huyó a las provincias de Monte Christi y Azua. Allí se mantuvieron, a pesar de todos los esfuerzos de Morales y sus generales, durante abril y mayo.

Acontecimientos inmediatamente anteriores a la negociación del tratado y a la promulgación del modus vivendi.

A finales de mayo de 1904, después de nueve meses de guerra civil, durante los cuales todas las ciudades y pueblos del país habían sido tomados y retomados y todas las provincias se habían convertido en el escenario del derramamiento de sangre, el incendio y la rapiña, los opositores al gobierno de Morales se habían visto obligados, por puro agotamiento, a cesar las operaciones agresivas. Todo el país estaba harto de la lucha y la anarquía. Incluso los revolucionarios y políticos profesionales, que a lo sumo constituyen el 5% de la población, con algunas excepciones, deseaban un respiro, y las clases agrícolas y comerciales clamaban por la paz. Los pequeños agricultores se habían visto obligados a huir de sus casas para escapar del reclutamiento; el ganado, los caballos y las mulas, e incluso los cerdos y las aves de corral habían sido arrasados por las pequeñas bandas armadas bajo jefes independientes que recorrían la isla en todas direcciones. Pero lo que más desesperaba las perspectivas del partido revolucionario era el hecho de que cinco de las ocho aduanas estaban firmemente en manos de Morales y sus aliados horacistas, y no podían ser recuperadas por los jimenistas mientras el Presidente controlara las dos cañoneras, que le permitían transportar tropas para el rápido refuerzo de los puntos amenazados.

Pero si la situación del partido revolucionario era desesperada, la del gobierno era poco mejor. Los revolucionarios seguían teniendo en su poder las provincias de Monte Christi, Azua y Barahona, y aunque Morales había concentrado todos sus recursos en una invasión de la primera, los sangrientos combates de abril y mayo no habían dado ningún resultado decisivo. Demetrio y Arias parecían tan inexpugnablemente establecidos en Monte Christi como Morales en la capital y Macorís, Cáceres en Mosa y Santiago, Guayabín en La Vega y Sánchez, y Céspedes en Puerto Plata. A pesar de sus éxitos militares, el Gobierno de Morales se encontraba en las más graves dificultades financieras. En los cinco años de guerra civil casi continua que se había desatado desde la muerte del presidente Heureaux, el gobierno central había perdido todo hábito de control efectivo sobre los funcionarios subordinados, tanto fiscales como militares y civiles. La pequeña proporción de los ingresos nominales que estaba realmente a su disposición había sido hipotecada y rehipotecada a los prestamistas locales por los anticipos realizados y a tasas increíblemente usurarias bajo la presión de las necesidades de la guerra. Prácticamente el único método por el que Morales o los gobernadores provinciales, que cooperaban con él, podían hacerse con algún dinero disponible era cediendo a algún comerciante el derecho a cobrar los ingresos en un puerto determinado o concediendo a algún importador un fuerte descuento sobre los derechos legales.

Siendo esta la situación de las partes enfrentadas, no fue extraño que ambas decidieran que era más prudente llegar a un compromiso. El comandante Dillingham, del U. S. S. Detroit, se encontraba entonces en aguas dominicanas con el propósito de proteger las vidas y los bienes estadounidenses, y gozaba de la confianza de ambas partes. Fue en una conferencia a bordo de su barco que se acordó y firmó un acuerdo de paz. Por sus términos, los jefes jimenistas entonces en el poder en Monte Christi y Azua fueron reconocidos por Morales como las autoridades legales de esas provincias, y a cambio ellos lo reconocieron como Presidente. Este acuerdo entró en vigor en junio y en poco tiempo restableció la paz en el país distraído. Las bandas independientes de merodeadores no tardaron en desintegrarse; muchos de los revolucionarios más persistentes que no habían conseguido puestos y sueldos con el nuevo acuerdo se exiliaron, y el grueso de las tropas de ambos bandos abandonó de buen grado el fastidioso servicio al que habían sido impresionados contra su voluntad. Los trabajadores de las grandes plantaciones regresaron de sus escondites y los pequeños agricultores retomaron la sencilla agricultura que en esa fértil isla suministra tan fácilmente las pocas necesidades que requiere el dominicano medio. Pero pronto se hizo evidente que el acuerdo no garantizaba el mantenimiento permanente de la paz. Los jimenistas exiliados y sus amigos estaban decididos a reanudar el conflicto tan pronto como pudieran reunir nuevos recursos o surgieran desacuerdos entre sus exitosos oponentes. De hecho, el acuerdo dejó a la provincia de Monte Christi prácticamente independiente. Morales temía que el gobernador Arias permitiera a los exiliados llegar a Monte Christi, y que ese puerto y los ingresos de su aduana fueran utilizados como base para una nueva rebelión. Por otro lado, Arias temía que Morales sólo estuviera esperando una oportunidad favorable para despojarlo. Un peligro aún más grave, pero menos probable, amenazaba al Gobierno de Morales en las intrigas que se desarrollaban constantemente en el seno del partido horacista con el fin de expulsarlo y poner en su lugar a un horacista simón-puro.

Detrás de estas dos angustias estaba la cuestión de la deuda externa y la actitud que respecto a ella tomarían los Gobiernos francés, belga, alemán, español, italiano y americano. El contrato de 1901 con los tenedores de bonos franceses y belgas, aunque liberal para el Gobierno dominicano, no había sido cumplido por éste. Jimenes, Vásquez, Wos y Gil y Morales habían incumplido sucesivamente los pagos previstos en el mismo. Daba a esos acreedores una hipoteca específica sobre las rentas de los puertos de Santo Domingo y Macorís, y el Gobierno de Morales tenía el temor y la expectativa diaria de que se le exigiera la posesión de esas aduanas. Esto habría sido ruinoso, ya que los recursos de estos mismos puertos eran los únicos con los que el gobierno central podía contar para el pago de sus gastos, ya que los ingresos de todos los demás puertos eran absorbidos por sus propias localidades. Por lo tanto, en cierto sentido, la administración de Morales sólo existía gracias a la tolerancia de los gobiernos francés y belga. En julio de 1903, los Gobiernos alemán, español e italiano exigieron al Gobierno de Wos y Gil que firmara protocolos en los que se comprometía a pagar determinadas cantidades mensuales. En mayo de 1904, el Gobierno italiano declaró que había llegado el momento de insistir en un acuerdo definitivo, y se firmó una nueva serie de protocolos en los que se hipotecaba el 10% de los ingresos totales de todos los puertos y se creaba un gravamen específico sobre el puerto de Samaná. En julio de 1904, llegó la decisión de los árbitros designados para determinar cómo debían pagarse los 4.500.000 dólares que el Gobierno de Vásquez había acordado que se debían a la Compañía de Mejoras de Santo Domingo. El laudo exigía pagos mensuales de más de 40.000 dólares, y en su defecto ordenaba que la aduana de Puerto Plata fuera entregada a un representante norteamericano, además de otorgar un gravamen específico pero subsidiario igualmente ejecutable sobre los puertos de Monte Christi, Sánchez y Samaná. En septiembre, el Gobierno de Morales no pudo pagar la cuota y, en consecuencia, el 17 de octubre de 1904 se vio obligado a entregar la posesión de la aduana de Puerto Plata.

De los ingresos de Puerto Plata se habían pagado los gastos administrativos no sólo de esa ciudad, sino de las importantes provincias interiores de Santiago y Moca, y estos gastos fueron así arrojados repentinamente sobre los ya sobrecargados ingresos de los puertos del sur. El gobierno suplicó a la Compañía de Mejoras de Santo Domingo una prórroga, que le fue concedida por dos semanas, durante las cuales el gobierno hizo esfuerzos desesperados para obtener ingresos suficientes para satisfacer los presupuestos del norte de los puertos que aún permanecían en sus manos. Los representantes franceses y belgas protestaron enérgicamente contra el desvío de los ingresos de Santo Domingo y Macorís, sobre los que tenían un primer derecho, alegando que el efecto neto de la adjudicación de la Compañía de Mejoras era privarles de cualquier esperanza razonable de realizar su seguridad. Mientras tanto, los ingresos de Santo Domingo, Macorís y Sánchez, los principales puertos que quedaban en manos del gobierno, estaban cayendo, porque las autoridades de Monte Christi permitían las importaciones a través de ese puerto a menos de las tarifas legales.

La Compañía de Mejoras de Santo Domingo ofreció garantizar que el gobierno recibiera 30.000 dólares mensuales de los ingresos de todos los puertos del norte, siempre que el gobierno se los entregara. En su desesperada situación, el Presidente Morales se inclinó a aceptar, pensando que podría obtener una garantía similar de los representantes de los otros acreedores extranjeros en relación con los puertos del sur, asegurándole así un ingreso pequeño pero seguro. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, la oferta fue rechazada debido a la profunda desconfianza de la Compañía de Mejoras de Santo Domingo que sentía la mayoría de los dominicanos, sentimiento que se había agravado por la negativa de la Compañía de Mejoras a hacer más concesiones en octubre. Durante un tiempo prevaleció la política de inacción, y los asesores financieros de Morales parecían inclinados a esperar los resultados, pensando que nada peor podía ocurrirles. Pero la reflexión y la discusión les convencieron de que la situación no era desesperada si se podía inducir a los Estados Unidos a prestar su ayuda amistosa. La crisis llegó en diciembre con la información cierta de que no se podía inducir a las autoridades de Monte Christi a dejar de actuar en su propio beneficio, y con la expiración del tiempo limitado por los protocolos italianos y la última promesa dada a los tenedores de bonos franceses y belgas para el comienzo de los pagos mensuales. Estos últimos habían consentido en junio esperar hasta noviembre, pero no más.

Nada más comenzar el año, el presidente Morales preguntó al ministro norteamericano si Estados Unidos estaría dispuesto a actuar como receptor, haciéndose cargo de la recaudación de los ingresos y de la determinación de los importes de las deudas. El Departamento de Estado se mostró dispuesto a discutir el asunto y se iniciaron las negociaciones que culminaron con el tratado del 7 de febrero de 1905. Cuando la opinión pública dominicana conoció el hecho de que se estaba llevando a cabo algún tipo de negociación, los enemigos del gobierno hicieron circular afanosamente la noticia de que se contemplaba la anexión. Se levantó una tormenta de protestas y la revolución estuvo a punto de estallar en la propia capital. Para calmar el malentendido de la opinión pública, el presidente Morales se vio obligado a publicar el anteproyecto de lo que realmente se contemplaba. La indignación de la opinión pública se calmó de inmediato, y mientras se discutía acaloradamente el proyecto de tratado, todos los rumores de revolución se apagaron.

Pero aunque un peligro desapareció, otro surgió inmediatamente. Como por los términos del tratado el Gobierno dominicano renunciaba a todo control de sus ingresos, ya no estaba en condiciones de asegurar los anticipos hipotecándolos por adelantado. En Santo Domingo, los ingresos aduaneros no se cobran en efectivo, sino en pagarés de hasta sesenta días. Todos los que vencen actualmente ya han sido hipotecados. Los prestamistas no harían ningún anticipo sobre los entregados por los cargamentos que llegaban porque se esperaba momentáneamente que el derecho a cobrarlos pasara al representante de los Estados Unidos al ratificarse el tratado. Esta dificultad al principio parecía insoluble, pero fue felizmente resuelta por la acción de un comerciante de Puerto Rico que hacía negocios en Santo Domingo y que hizo un contrato por el cual acordaba adelantar 75.000 dólares al mes para necesidades administrativas bajo la garantía de la entrega a él de los pagarés recibidos en todos los puertos excepto los dos en posesión de la Compañía de Mejoras de Santo Domingo. Confiaba justamente en que, en caso de ratificación, se le permitiría reembolsar sus anticipos.

Este arreglo ofrecía la ventaja adicional de centralizar y facilitar los cobros. El Sr. Michelena se negó a aceptar de los comerciantes viejos obligaciones del gobierno en pago de esos pagarés, y durante febrero y marzo logró recaudar una suma neta mucho mayor por mes que la que los propios funcionarios del gobierno habían podido obtener. De hecho, las recaudaciones ascendieron a una cantidad considerablemente mayor que los anticipos, y este excedente fue retenido, con el consentimiento del. El Gobierno dominicano lo retuvo, con el consentimiento del Sr. Michelena, como fondo para hacer frente a los gastos administrativos durante el intervalo entre la esperada ratificación de la convención y el momento en que empezaran a vencer los pagarés entregados con posterioridad a la misma.

Alrededor del 10 de marzo llegó a Santo Domingo un buque de guerra italiano, cuyo capitán tenía órdenes de tomar las medidas que considerara oportunas para asegurar la observancia del protocolo dominico-italiano; pero al enterarse de que el Gobierno dominicano se esforzaba realmente en pagar sus deudas y que ratificaría la convención, se mostró satisfecho de que los derechos italianos fueran protegidos, y partió para Jamaica. El 19 de marzo se recibió un telegrama en Santo Domingo anunciando que el Senado de los Estados Unidos había rechazado el tratado. Inmediatamente se celebraron reuniones de opositores al gobierno y se enviaron mensajes a los revolucionarios de todas las partes de la República. Parecía seguro que una formidable revolución estallaría de inmediato. Al día siguiente, sin embargo, llegó la noticia correcta de que el Senado simplemente había levantado la sesión y que el tratado seguía pendiente de ratificación. La excitación se calmó, pero la ansiedad se renovó con el regreso del buque de guerra italiano. Sin vacilación ni demora, el gobierno anunció a los acreedores que haría todo lo que ellos pudieran sugerir, y que estaba dispuesto a dedicar el 55% de sus ingresos a su pago. Inmediatamente se hizo evidente que los acreedores estarían satisfechos con tal cantidad, y que incluso estarían dispuestos a esperar un tiempo indefinido para el pago real, siempre y cuando se les garantizara que los ingresos se recaudarían honestamente y la proporción de los acreedores se pondría en manos seguras. En consecuencia, el Gobierno dominicano presentó al ministro norteamericano un proyecto de propuesta de modus vivendi, que después de algunas modificaciones fue presentado al Presidente de los Estados Unidos y éste lo aceptó. Un examen de sus disposiciones mostrará, creo, que fue una consecuencia natural e inevitable del contrato de Michelena, y que es otro paso en la escalera que conduce de la confusión financiera desesperada de los años pasados al orden, la seguridad, la economía y la prosperidad que razonablemente se puede esperar del tratado ahora pendiente.

Respetuosamente presentado.

Thomas C. Dawson.