Davis Hatch, Buenaventura Báez y la lucha por el suroeste dominicano (1869–1870)

Por Carlos Manuel Diloné

Economía, poder y diplomacia en un conflicto decisivo del Caribe decimonónico

I. INTRODUCCIÓN

Hay episodios en la historia dominicana que, por su naturaleza, revelan más de lo que parece. Algunos se mencionan de paso, otros quedan en los márgenes de informes diplomáticos, y unos pocos —los más decisivos— condensan en un solo hecho las tensiones estructurales de un país entero. El caso Davis Hatch, ocurrido entre 1869 y 1870 durante el gobierno de Buenaventura Báez, pertenece a esta última categoría.

La historia es conocida en trazos generales: un comerciante estadounidense, radicado en Barahona y dedicado a un ambicioso proyecto económico, fue arrestado por las autoridades baecistas, sometido a un juicio militar sin fundamento, condenado a muerte, “indultado” de manera artificiosa y mantenido en prisión durante meses, a pesar de las presiones diplomáticas de los Estados Unidos. Pero detrás de esta narrativa lineal se encuentra un entramado mucho más complejo, donde se cruzan:

• la lucha por el control de la salina de Neiba,
• la competencia por la madera del suroeste,
• el poder militar regional,
• los negocios privados del propio Báez,
• la acción de especuladores como Samuel Fabens y Joseph W. Cazneau,
• el papel ambiguo —y a menudo cómplice— del general Orville Babcock, enviado especial del presidente de los Estados Unidos Ulysses S. Grant,
• y el debate sobre la anexión dominicana a los Estados Unidos.

Por primera vez en la historia dominicana, un conflicto económico-local terminó escalando hasta el Senado estadounidense, que dedicó un informe completo —Senate Report No. 234— a investigar la actuación del gobierno de Báez. La conclusión fue devastadora: el proceso contra Hatch fue ilegal, arbitrario y políticamente manipulado. Ese informe contribuyó, además, al fracaso del proyecto anexionista de Grant.

Este ensayo reconstruye el caso Hatch desde una perspectiva amplia, integrando tres tipos de documentos primordiales:

1. Correspondence Relating to the Arrest, Trial and Treatment of Davis Hatch (Senate Executive Doc. 54[1], 1870);
2. Report of the Select Committee Appointed to Investigate the Memorial of Davis Hatch (Senate Report 234[2], 1870);
3. un documento diplomático suplementario que detalla las acciones de Babcock, Fabens y Cazneau.

Lo que emerge de esta lectura cruzada no es solamente la historia de un ciudadano injustamente perseguido, sino una ventana privilegiada para comprender el funcionamiento del Estado dominicano en el siglo XIX, la economía política del suroeste y la fragilidad institucional que impidió el desarrollo temprano de la región.

II. EL SUROESTE DOMINICANO EN EL SIGLO XIX: RIQUEZA, FRONTERA Y PODER

A mediados del siglo XIX, el suroeste dominicano constituía un territorio con identidad económica propia. No poseía la densidad urbana del Cibao ni la articulación mercantil de Santo Domingo, pero sí contaba con recursos naturales estratégicos y con una ubicación que le otorgaba una dinámica peculiar.

1. La montaña de sal de Neiba

Desde el período colonial, la salina de Neiba había sido una fuente de riqueza sostenida. La sal era vital para la conservación de alimentos, la producción ganadera, el comercio de trueque regional y el abastecimiento de poblaciones del sur y del oeste.

La salina no era simplemente un yacimiento: era un centro económico articulador. Quien controlaba la salina controlaba flujos comerciales, rutas de distribución, impuestos locales y una parte importante de la vida económica de Neiba, Barahona y hasta de zonas fronterizas con Haití.

La familia Cerrero, vinculada históricamente a su explotación, actuaba como poder local. Pero hacia 1868–1869, con la guerra civil entre baecistas y cabralistas, el control de la salina se volvió un tema político de primer orden. La concesión otorgada a Hatch fue, en realidad, una ruptura con esa tradición y con el orden económico favorecido por Báez.

2. Barahona como puerto de cabotaje y comercio exterior

Barahona funcionaba como punto de salida de maderas finas hacia los Estados Unidos y Europa y productos agrícolas hacia mercados caribeños. Su cercanía con Haití posibilitaba intercambios constantes —formales e informales— que enriquecían a comerciantes locales. Esta estructura económica, diversificada pero vulnerable, era controlada por redes clientelares que orbitaban alrededor del poder baecista.

3. La región como espacio militarmente disputado

En 1869, el suroeste era un campo de batalla político. Cuando las tropas cabralistas tomaron momentáneamente Barahona, la vida cotidiana se trastornó, incluyendo la del propio Hatch. Tras el retorno de las fuerzas baecistas, cualquier relación —incluso accidental— con los rebeldes podía transformarse en acusación. El caso Hatch se gestó en este clima.

4. La frontera económica del baecismo

Buenaventura Báez tenía intereses económicos directos en el suroeste, especialmente en el negocio de la madera. El documento diplomático suplementario señala que, incluso antes del conflicto, Báez había solicitado de forma indirecta un pago para ratificar la concesión de Hatch. El Estado era, en esa época, una extensión del patrimonio del presidente.

La concesión de la salina y el proyecto del ferrocarril amenazaban tanto la hegemonía económica como el control político del baecismo en el suroeste.

III. DAVIS HATCH: UN EMPRESARIO MODERNIZADOR EN TIERRA DE CACIQUES

Davis Hatch no llegó a la República Dominicana como aventurero, sino como representante de un grupo de capitalistas estadounidenses, entre ellos August Schell, figura influyente de Nueva York. Su visión del suroeste combinaba explotación racional de recursos y modernización de infraestructura, especialmente mediante la creación de un ferrocarril Neiba–Barahona que abarataría costos, multiplicaría la producción y conectaría la región con mercados internacionales más grandes.

1. La concesión de Cabral

El gobierno de José María Cabral le otorgó a Hatch el derecho a explotar la salina, asociarse con inversionistas extranjeros y construir un ferrocarril. Era la concesión más moderna recibida por la región en décadas.

2. Una amenaza al orden baecista

Para Báez, este proyecto representaba un peligro serio por varias razones; rompía con monopolios locales, modernizaba un territorio que él controlaba mediante relaciones personales, introducía capital extranjero independiente, no subordinado, y abría la puerta a una elite económica ajena al baecismo. Hatch, sin proponérselo, se había convertido en enemigo político.

IV. EL INICIO DEL CONFLICTO

El conflicto estalló cuando tropas cabralistas ocuparon Barahona y se alojaron temporalmente en casa de Hatch, debido a que la vivienda estaba bien construida y era de fácil acceso. Hatch estaba enfermo y no pudo impedirlo. Cuando los baecistas recuperaron la ciudad, el hecho fue utilizado como pretexto.

El expediente judicial fabricado posteriormente alegaba que Hatch había colaborado con los rebeldes, que había proporcionado refugio a enemigos del gobierno, y había cometido actos hostiles contra el Estado.

Nada de esto se sostenía con pruebas, pero el clima político permitía elaborar narrativas sin fundamento que luego se justificaban como medidas de seguridad nacional.

V. ARRESTO E INCOMUNICACIÓN

El 28 de agosto de 1869, Davis Hatch fue arrestado. Su detención refleja tanto la arbitrariedad del sistema judicial como la voluntad explícita de destruirlo moral y físicamente.

El traslado inicial fue brutal. Las autoridades lo enviaron en una embarcación cargada de soldados enfermos de tifo[3], en condiciones que el propio Senado estadounidense describió como “inhumanas”. Posteriormente, fue confinado a un cuarto oscuro, sin cama y sin alimentos suficientes. La incomunicación fue absoluta. El cónsul estadounidense, J. Somers Smith[4], intentó visitarlo en varias ocasiones, pero siempre se le negó el acceso.

Las cartas que Hatch escribió pidiendo ayuda fueron interceptadas y ocultadas por órdenes superiores. La intención no era investigar su caso, sino doblegar su voluntad.

VI. EL JUICIO MILITAR: UNA MÁQUINA PARA FABRICAR CULPABLES

El juicio militar que se llevó a cabo semanas después constituye uno de los episodios judiciales más vergonzosos del siglo XIX dominicano. Los cargos eran vagos, los testigos contradictorios y el tribunal carecía de jurisdicción sobre civiles.

El Senate Report No. 234 fue categórico: “No existe prueba alguna que asocie a Hatch con los rebeldes. El juicio constituye un ultraje a la justicia.”

Aun así, fue condenado a muerte el 2 de noviembre de 1869. Pero la sentencia no se ejecutó.

VII. EL “INDULTO” COMO MECANISMO POLÍTICO

Tras la sentencia, el gobierno de Buenaventura Báez anunció un indulto[5] inmediato. Sin embargo, este indulto no significó libertad ni revisión judicial. Fue una maniobra calculada para evitar la ejecución de un ciudadano estadounidense sin resolver el problema diplomático. Hatch continuó preso, sin que su estatus legal fuera aclarado. La medida, presentada por el gobierno como gesto de clemencia, ocultaba una estrategia de control: mantener a Hatch neutralizado, silenciado y lejos de su red de apoyo internacional, fue simplemente una estrategia para ganar tiempo.

VIII. BABCOCK, FABENS Y CAZNEAU: DIPLOMACIA INTERESADA Y MANIPULACIÓN POLÍTICA

El aspecto más delicado del caso es la actuación de ciertos agentes estadounidenses. Según el documento diplomático suplementario, el general Orville E. Babcock actuó prácticamente como aliado de Báez, enfocado en asegurar la anexión dominicana. Las acciones de Samuel Fabens y Joseph W. Cazneau[6], ambos con intereses económicos en el suroeste, contribuyeron a manipular informes, desacreditar al cónsul Smith y obstaculizar cualquier intervención legítima.

La USS Tuscarora[7], enviada para supervisar asuntos consulares, no fue utilizada para investigar la situación de Hatch. Babcock bloqueó cualquier intento de supervisión. Esta omisión permitió al gobierno baecista continuar con la reclusión ilegítima del empresario.

IX. EL CASO LLEGA AL SENADO ESTADOUNIDENSE

Ante la imposibilidad de obtener justicia localmente, la familia de Hatch llevó el caso al Congreso estadounidense. El Senado formó un comité especial que investigó documentos, testimonios y comunicaciones diplomáticas. El Senate Report No. 234 concluyó que el juicio militar fue ilegal, que hubo abuso de poder, que Báez manipuló el proceso y que la diplomacia estadounidense, en particular Babcock, actuó de forma impropia.

El informe tuvo implicaciones enormes en Washington. El proyecto de Ulysses S. Grant de anexar la República Dominicana dependía de demostrar que el país poseía instituciones estables. El caso Hatch reveló lo contrario y contribuyó al fracaso del proyecto anexionista en 1870–1871.

X. LA LIBERACIÓN Y EL FRACASO DEL PROYECTO HATCH

La liberación de Davis Hatch no fue producto de un proceso judicial regular ni de una reconsideración por parte del gobierno de Báez. Fue el resultado directo de la presión internacional y del escándalo que el caso había provocado en Washington. Cuando finalmente salió de prisión, Hatch estaba enfermo, debilitado y profundamente afectado por las condiciones a las que fue sometido. No pudo retomar su proyecto ni reconstruir su vida empresarial. Su regreso a los Estados Unidos fue, en realidad, un retorno forzado por la devastación personal que le había provocado su experiencia en el país.

El ferrocarril Neiba–Barahona no se construyó. La salina no fue modernizada. El proyecto económico que pudo transformar el suroeste dominicano quedó sepultado por la rivalidad política, el personalismo y la manipulación diplomática.

XI. CONSECUENCIAS PARA EL SUROESTE DOMINICANO

La caída del proyecto Hatch tuvo consecuencias profundas para el desarrollo de la región. Durante décadas, el suroeste quedó rezagado en términos de infraestructura, comercio y modernización. La economía maderera continuó bajo prácticas arcaicas, los monopolios locales se fortalecieron y Barahona permaneció aislada del resto del país. La ausencia del ferrocarril impidió la integración de la salina a mercados más amplios, lo que afectó la capacidad de crecimiento regional.

No fue sino hasta 1917, con la llegada de la Barahona Company, cuando la región experimentó un cambio notable. Sin embargo, ese desarrollo tardío no borró el retroceso ocurrido medio siglo antes. El caso Hatch representa, en retrospectiva, uno de los momentos en que el suroeste dominicano pudo haber experimentado un avance significativo, pero fue truncado por intereses políticos y económicos de corto plazo.

XII. CONCLUSIÓN

El caso Hatch es una ventana privilegiada para comprender el funcionamiento del Estado dominicano en el siglo XIX. A través de él se observa con claridad cómo un proyecto modernizador podía convertirse en víctima de un sistema político frágil y personalista. La historia de Hatch y Báez muestra una nación atrapada entre la necesidad de avanzar y la imposición de estructuras de poder que impedían cualquier transformación profunda.

Hatch fue víctima de un Estado que confundía la autoridad con la conveniencia personal. Su proyecto modernizador chocó con una estructura política que entendía la economía como un espacio de reparto privado y no como un bien público. Báez, por su parte, encarnó el caudillismo que caracterizó gran parte del siglo XIX dominicano: un gobierno que utilizaba la ley como arma política y el Estado como patrimonio personal.

El episodio, que comenzó en la salina de Neiba y terminó en el Senado estadounidense, demuestra que la República Dominicana del siglo XIX no solo enfrentaba limitaciones económicas, sino profundas debilidades institucionales que frustraban iniciativas transformadoras. El suroeste dominicano, en particular, pagó un alto precio por esta dinámica. La región perdió la oportunidad de convertirse en un centro de desarrollo moderno y quedó relegada a un segundo plano durante décadas.

El caso Hatch es, en última instancia, una advertencia histórica: cuando los intereses personales prevalecen sobre las instituciones, las regiones más vulnerables son las que pagan el precio más alto. La historia de Hatch nos recuerda que el desarrollo sostenible requiere un Estado capaz de proteger proyectos legítimos, fomentar la inversión y garantizar justicia sin preferencias ni persecuciones. En 1869–1870, ese Estado aún no existía. Y las consecuencias perduraron más de medio siglo.

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[1] Correspondence Relating to the Arrest, Trial, and Treatment of Davis Hatch, Senate Executive Document No. 54, 41st Congress, 2nd Session (Washington: Government Printing Office, 1870).

[2] Report of the Select Committee Appointed to Investigate the Memorial of Davis Hatch, Senate Report No. 234, 41st Congress, 2nd Session (Washington: Government Printing Office, 1870), conclusiones sobre la ilegalidad del juicio militar.

[3] Informes sobre el traslado de Hatch “en una embarcación insalubre, repleta de enfermos de tifo”, lo cual constituye una violación al protocolo consular.

[4] Comunicaciones del cónsul J. Somers Smith al Departamento de Estado, especialmente las cartas donde denuncia la incomunicación y el deterioro físico de Hatch.

[5] Análisis del indulto otorgado por Báez, descrito por el Comité como una “maniobra para retener al prisionero sin causa legal”.

[6] Documento diplomático suplementario (circulación interna del Departamento de Estado, ca. 1870), que detalla la actuación del general Orville E. Babcock, de Samuel Fabens y de Joseph W. Cazneau, incluyendo su interferencia directa en el tratamiento del caso Hatch.

[7] Testimonios sobre el uso político de la USS Tuscarora y la negativa de Babcock a permitir una investigación oficial sobre la salud y el trato recibido por Hatch.