Por Carlos Manuel Diloné
4 de mayo 2026
Ayer, mientras viajaba hacia Barahona, fui testigo de una realidad que obliga a levantar la voz.
Desde las cercanías de Azua hasta la entrada de Barahona observé una interminable fila de volquetas y camiones cargados de grava avanzando hacia el puerto barahonero. Eran decenas y decenas de vehículos pesados. Cuando parecía que la fila terminaba, aparecían más camiones. Y luego más. Todos con el mismo destino: el muelle de carga a granel ubicado en el corazón de la ciudad.
Al llegar a Barahona, la escena resultó aún más impactante.
El patio portuario estaba completamente cubierto por enormes montañas de material pétreo. Las palas mecánicas operaban sin descanso cargando un buque de gran capacidad, mientras densas nubes de polvo se elevaban sobre la zona. Desde algunos puntos apenas era posible contemplar el mar debido a la acumulación de grava.
Sin embargo, el polvo no es el único problema.
Desde hace más de un mes permanecen acumuladas en la zona portuaria grandes cantidades de algas marinas en estado de descomposición. Su olor nauseabundo se extiende por amplios sectores de la ciudad, afectando la calidad de vida de residentes y visitantes. El resultado es una combinación difícil de ignorar: polvo en suspensión durante el día y malos olores permanentes provenientes de la costa.
La imagen que hoy proyecta Barahona es la de una ciudad sometida a una creciente presión ambiental.
Conversando con ciudadanos de la zona, confirmé que el movimiento observado no constituye una operación extraordinaria. Además de los materiales extraídos en Barahona, también están llegando cargas procedentes de otras provincias para ser exportadas a través del puerto local. En otras palabras, Barahona no solo soporta los impactos ambientales de sus propias explotaciones, sino también los derivados de actividades extractivas desarrolladas fuera de sus límites territoriales.
Esta situación debe analizarse dentro de un contexto más amplio.
Ya no se trata únicamente de una empresa específica ni de una explotación aislada. La provincia enfrenta una expansión simultánea de actividades extractivas, operaciones portuarias de carga a granel y transporte masivo de materiales, todo ello sin que la ciudadanía perciba la existencia de una planificación ambiental integral capaz de armonizar desarrollo económico, salud pública y protección de los recursos naturales.
Durante los últimos años he expresado mi preocupación por la presión ambiental que enfrenta Barahona debido a la expansión de actividades mineras y al uso intensivo de la infraestructura portuaria.
He señalado en distintas ocasiones que el puerto de Barahona constituye un sistema portuario que se extiende desde El Cayo hasta Punta Inglesa, integrado por seis muelles. También he advertido sobre la necesidad de evaluar cuidadosamente el impacto acumulativo de las explotaciones mineras autorizadas en zonas ecológicamente sensibles, especialmente aquellas vinculadas a áreas protegidas y a sistemas hidrográficos fundamentales para la provincia.
La discusión no puede limitarse a la cantidad de toneladas exportadas ni a los beneficios económicos inmediatos.
Llegados a este punto, debemos preguntarnos qué ciudad estamos construyendo.
¿Es aceptable que miles de ciudadanos convivan diariamente con polvo, ruido, congestión vehicular y malos olores para sostener actividades industriales que generan impactos cada vez mayores?
¿Existe una evaluación pública del efecto acumulativo de todas estas operaciones sobre la salud, el paisaje, los ecosistemas y la calidad de vida de la población?
¿Quién está pensando en la Barahona de los próximos veinte o treinta años?
Más preocupante aún resulta la aparente indiferencia de quienes tienen la responsabilidad de proteger el interés colectivo. Mientras el polvo cubre calles y viviendas, mientras las algas en descomposición continúan acumulándose frente a la ciudad y mientras aumenta el tránsito de vehículos pesados, la respuesta institucional parece insuficiente frente a la magnitud del problema.
Nadie está planteando detener el desarrollo.
Lo que reclamamos es algo mucho más razonable: planificación, transparencia, estudios ambientales rigurosos, participación ciudadana y soluciones que permitan compatibilizar la actividad económica con la protección del territorio.
Barahona merece progreso.
Pero también merece aire limpio, costas limpias, calles transitables y una visión de futuro que coloque a las personas y al medio ambiente en el centro de las decisiones.
Porque una ciudad no puede convertirse únicamente en un punto de embarque de materias primas.
Barahona es mucho más que un puerto.
Es el hogar de miles de dominicanos que tienen derecho a vivir en una ciudad digna, saludable y sostenible.
Barahona no necesita escoger entre desarrollo y medio ambiente. Esa es una falsa disyuntiva. Lo que necesita es un modelo de desarrollo inteligente, capaz de armonizar la actividad económica con la protección de sus recursos naturales y la calidad de vida de su gente. La riqueza que sale por sus puertos no puede traducirse en polvo para sus calles, malos olores para sus barrios y deterioro para sus ecosistemas. El progreso auténtico no se mide únicamente por las toneladas que se exportan ni por los buques que parten cargados de materiales; se mide también por la capacidad de preservar el territorio, proteger la salud de la población y legar a las futuras generaciones una Barahona limpia, habitable y orgullosa de su patrimonio natural.
Porque una provincia que sacrifica su paisaje, sus ríos y su aire en nombre del progreso corre el riesgo de quedarse sin aquello que la hacía verdaderamente valiosa.
